Sánchez coloca a 16 de sus 26 exministros en organismos públicos y sólo uno vive de su empresa

De las muchas cosas que se pueden decir de Pedro Sánchez, una es que le gusta tratar bien a sus excolaboradores, especialmente los que han formado parte de su Gabinete, y nada mejor que utilizar sus influencias para ofrecerles puestos relevantes en organismos públicos: instituciones, empresas del Estado o participadas, embajadas… nada escapa a la capacidad del presidente del Gobierno para reubicar a los miembros de sus gobiernos una vez que decide prescindir de sus servicios. Lejos quedan sus promesas en tiempos de oposición de "acabar con las puertas giratorias".

En sus siete años al frente del Gobierno, el presidente ha destituido a 26 ministros socialistas. De ellos, 16 están recolocados en organismos públicos: dos de cada tres (61,5%) tienen plaza en una empresa participada o en una institución del Estado. De los otros nueve, cinco siguen en política (19,23%), una ha vuelto a su puesto de trabajo en la Administración del Estado, otra trabaja en una prestigiosa universidad parisina, un tercero está jubilado y sólo uno vive de su negocio particular. José Guirao, ministro de Cultura entre junio de 2018 y enero de 2020, falleció en julio de 2022, pero tras abandonar el Gobierno no ocupó puesto público alguno.

En el ámbito diplomático existe un enfado relevante con la utilización de embajadas importantes como destino dorado para exministros. Hay cuatro casos significativos: todo empezó con Carmen Montón, la última dimisión del primer Gobierno de Sánchez cuando empezaron a irrumpir los escándalos de ejemplaridad a las pocas semanas de la moción de censura. Su salida del Ministerio de Sanidad (junio-septiembre de 2018) fue la Embajada ante la Organización de Estados Americanos (OEA), con sede en Washington. El siguiente escándalo de ejemplaridad fue la tesis de Sánchez, y entonces se acabaron las dimisiones.

Isabel Celaá pasó de portavoz del Gobierno (junio de 2018 a enero de 2020) y ministra de Educación (junio de 2018 a julio de 2021) a embajadora ante la Santa Sede, como la sociedad puso observar en el funeral del Papa Francisco. Tras ocupar las carteras de Política Territorial (enero-junio de 2021) y de Cultura (hasta noviembre de 2023), Miquel Iceta fue nombrado embajador delegado permanente de España en la UNESCO, con sede en París. Y Héctor Gómez: un mes después de ser destituido como ministro de Industria (marzo-noviembre de 2023) fue nombrado embajador ante la ONU, con sede en Nueva York.

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El capítulo de las instituciones no le va a la zaga. Como en otros asuntos, Sánchez ha sido mucho más lejos que sus antecesores, especialmente en cuatro casos. El primero fue el de Dolores Delgado, que pasó del Ministerio de Justicia (junio de 2018 a enero de 2020) a fiscal general del Estado, no sin presentarse en medio a las elecciones en las listas del Partido Socialista.

El segundo es el nombramiento de Magdalena Valerio, que fue ministra de Trabajo entre enero del 2018 y julio del 2020, como presidenta del Consejo de Estado. Esta designación fue recurrida por la asociación Hay Derecho y el Tribunal Supremo la tumbó por no tratarse de una jurista de reconocido prestigio. Lejos de asumir el abuso, el Gobierno la nombró consejera de la institución. Además, cuando Valerio cayó, el Gobierno nombró a la exvicepresidenta y exministra de Igualdad, Carmen Calvo (junio de 2018 a julio de 2021), presidenta de la institución. También recaló allí la exministra de Sanidad, María Luisa Carcedo (septiembre de 2018 a enero de 2020), en este caso como consejera y presidenta de la Sección novena.

El tercer escándalo fue el paso inmediato de José Luis Escrivá del Consejo de Ministros al Banco de España, del que es gobernador desde septiembre de 2024. Previamente fue titular de Seguridad Social (enero de 2020 a noviembre de 2023) y de Transformación Digital (noviembre de 2023 a septiembre de 2024).

El Tribunal Constitucional

El cuarto caso de colonización de instituciones lo protagoniza Juan Carlos Campo, ministro de Justicia entre enero de 2020 y julio de 2021. En su caso hubo un decalaje de dos años hasta que fue nombrado magistrado del Tribunal Constitucional en enero de 2023, periodo en el que recuperó su plaza como juez en la Audiencia Nacional. El caso adquirió mayor gravedad al nombrar, también el Gobierno, a Laura Díez, que saltó al órgano de garantías directamente desde la Dirección General de Asuntos Constitucionales del Ministerio de la Presidencia.

En el capítulo de empresas públicas, en ocho meses, el ministro de Sanidad entre marzo y noviembre de 2023, José Manuel Miñones, dio el salto a la presidencia de Mercasa, la empresa pública de la gestión alimentaria. El titular de Ciencia entre junio de 2018 y julio del 2021, el astronauta Pedro Duque, es presidente de Hispasat, compañía propiedad de Indra y de la Sociedad Española de Participaciones Insdustriales (SEPI). De un modo similar, Raquel Sánchez pasó sin solución de continuidad de sustituir a José Luis Ábalos en Transportes (julio de 2021 a septiembre de 2023) a presidir Paradores, la cadena hotelera pública española.

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Después de ser nombrada ministra de Política Territorial en el primer Gobierno de Sánchez, el que surgió de la moción de censura, Meritxel Batet fue nombrada presidenta del Congreso de los Diputados en la segunda legislatura (mayo de 2019 a agosto de 2023). Después de presentarse a las elecciones de julio de 2023, en septiembre renunció al acta de diputada y abandonó la primera línea política, aunque no la actividad en el PSC. La semana pasada fue nombrada consejera independiente de Ebrofoods, compañía participada en un 10,36% por la SEPI.

Nadia Calviño fue vicepresidenta primera del Gobierno desde julio de 2021 hasta diciembre de 2023 y ministra de Economía desde junio de 2018 hasta diciembre de 2023. Solo abandonó estos cargos cuando la Unión Europea aceptó la propuesta del Gobierno de España para que presidiera el Banco Europeo de Inversiones (BEI), institución financiera que pertenece a los Estados miembros de la UE y su objetivo principal es contribuir al desarrollo equilibrado y a la integración económica y social de la UE.

Opinión

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El caso de José Manuel Rodríguez Uribes tiene doble interés, incluso triple. Antes de ser ministro de Cultura (enero de 2020 a julio de 2021) fue nombrado primer delegado del Gobierno de Sánchez en la Comunidad de Madrid. Después, fue designado embajador ante la UNESCO hasta diciembre de 2023, y, por último, presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), cargo que ocupa actualmente.

La política después de Sánchez

De los 26 exministros socialistas de Pedro Sánchez, cinco siguen en política, repartidos en las distintas administraciones: Teresa Ribera es vicepresidenta de la Comisión Europea después de haber concurrido como cabeza de lista en las elecciones europeas del 9 de junio; Salvador Illa es presidente de la Generalitat de Cataluña después de haber abandonado el Gobierno para encabezar la lista del PSC en las elecciones de 2021 y de 2024. Carolina Darias saltó de La Moncloa a las elecciones municipales en Las Palmas, donde es alcaldesa; Reyes Maroto compatibilizó la política madrileña con del Ministerio de Industria (2018 a 2023) y ahora ejerce como portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid: y José Luis Ábalos es diputado en el Congreso después de ser destituido como ministro de Transportes en julio de 2021, cuando empezaron a sonar las sospechas sobre el escándalo que le mantiene investigado en el Tribunal Supremo. Sánchez le permitió presentarse a las elecciones de julio de 2023 y le incluyó en los puestos de salida.

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El último grupo es el que forman los exministros que no tienen nada que ver ya con la política. La ministra de Justicia entre julio de 2021 y noviembre de 2023, Pilar Llop, dejó la política y volvió a la judicatura. Hoy ejerce como magistrada de la Audiencia Provincial de Madrid. La extitular de Asuntos Exteriores Arancha González Laya, es actualmente decana de la Escuela de Asuntos Internacionales de París en la universidad francesa Sciences Po. A sus 72 años, el ex Alto representante de Exteriores de la UE Josep Borrell prepara en estos días su discurso de acceso en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas como académico de número.

Por último, y como una excepción, Máximo Huerta.Tras abandonar el Ministerio de Cultura seis días después de ser nombrado por las irregularidades con Hacienda desveladas por El Confidencial, montó una librería en Valencia y es colaborador en programas de televisión.