Un pleito milmillonario desmiente a Sánchez: el Gobierno reconoce reservas de uranio desde hace años

Nadie duda de que en España hay uranio. Ni siquiera el Gobierno, pese a las palabras de Pedro Sánchez el miércoles, durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados. El Ejecutivo lleva años reconociendo por escrito la existencia de este elemento tras varias preguntas parlamentarias, casi todas en torno a la polémica de la mina de Retortillo, en Salamanca, y la reclamación de la empresa australiana Berkeley para explotar el espacio. Pero el gabinete de Sánchez nunca ha alegado falta de reservas para justificar su negativa a los planes de la compañía, solo argumentos medioambientales y de seguridad, lo que ha derivado en un litigio milmillonario.

Sánchez compareció en la Cámara Baja para detallar las causas del apagón, aunque no hubo explicaciones en ese sentido. "Mucho hablar de las centrales nucleares y poco hablar de que en España no hay uranio", dijo el presidente del Gobierno, que avanzó que en el caso de insistir en esta fuente de energía no habrá más remedio que importar el material. La realidad, sin embargo, es completamente distinta.

El Ejecutivo socialista es plenamente consciente de la capacidad de España en uranio y durante los últimos años ha contestado a diferentes preguntas parlamentarias sobre el proyecto de Berkeley, que calcula que la mina podría generar más de 1.200 toneladas en un año, suficiente para cubrir la demanda de las centrales nucleares españolas. En octubre de 2020 Vox ya interpeló al Gobierno sobre el 'proyecto Retortillo' y las razones para limitar la explotación del yacimiento, donde además señalaba que la Hacienda Pública recaudaría hasta 23 millones de euros en concepto fiscal y los ayuntamientos implicados, otro millón y medio de euros.

La respuesta apeló los "riesgos" derivados de la extracción de uranio y apuntó a los gobiernos autonómicos. "Las labores de investigación minera y de extracción de mineral en zonas con recursos minerales de uranio, así como la restauración de antiguas minas agotadas, pueden dar lugar a riesgos radiológicos para los trabajadores, la población y el medio ambiente. Los permisos para estas actividades son concedidos por los organismos competentes de las diferentes comunidades autónomas donde se realizan dichas actividades. Estas concesiones o autorizaciones se conceden tras un informe previo del Consejo de Seguridad Nuclear en el que se establecen los criterios radiológicos de aplicación obligada durante la vigencia de cada permiso de investigación o concesión de explotación", dijo el escrito.

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Entre 2020 y 2023, en plena tramitación, hubo casi una decena de iniciativas parlamentarias relacionadas con el proyecto. Y el año pasado, en septiembre, el Gobierno dio las últimas explicaciones registradas hasta la fecha en el Congreso. Vox preguntó de nuevo sobre la problemática, aunque esta vez respecto al proocedimiento iniciado por Berkeley y la información disponible, tras las publicaciones de los distintos medios de comunicación. La respuesta se limita a citar el importe solicitado y los argumentos esgrimidos por la empresa australiana.

La compañía, a través de su filial Berkeley Exploration Limited, presentó el año pasado una demanda de arbitraje contra España tras la prohibición de explotar la mina de Retortillo, con una reclamación de casi mil millones de euros. La compañía sostiene que la Administración General del Estado viola el Tratado de la Carta de la Energía (TCE) con la aplicación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, vigente desde 2021, porque todos los permisos se habían solicitado antes de aprobar la norma.

Berkeley considera que el artículo 10 de la ley abre un resquicio y que en ningún caso puede aplicarse en este supuesto, ya que se refiere a "nuevas solicitudes para el otorgamiento de permisos de exploración, permisos de investigación o concesiones directas de explotación, ni sus prórrogas". El Ministerio de Transición Ecológica, como ha venido informando este periódico, rechazó el proyecto de explotación de la mina tras un informe desfavorable del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), también fechado en 2021. El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversores (CIADI), la corte arbitral del Banco Mundial que administra el litigio, ya ha constituido el tribunal encargado de dictar sentencia.