Xabi Alonso vence a Hacienda y evita pagar 288.000 euros por su etapa en el Real Madrid

Xabi Alonso ha vuelto a ganar a Hacienda. Esta vez, en la Audiencia Nacional, que ha atendido el recurso del entrenador del Bayer Leverkusen y ha tumbado los 288.000 euros que le reclamaba la Agencia Tributaria por el IRPF de 2012. Los inspectores denunciaban irregularidades en los pagos que el Real Madrid realizó a su representante durante ese año, pero los magistrados han concluido que la Agencia Tributaria "se excedió".

Hacienda basaba su reclamación en que el representante de Alonso solo trabajaba para él y, por tanto, los pagos que recibía del Real Madrid no eran más que una forma de incrementar el salario del propio futbolista de forma encubierta. La Agencia Tributaria lleva años agarrándose a este razonamiento para evitar que los jugadores no paguen el IRPF por este supuesto incremento salarial.

"En la medida en que el Real Madrid, empleador del obligado tributario, asumió el pago [de su agente], procede calificar fiscalmente dichas cantidades como rendimientos del trabajo personal de Alonso, que era quien debía haber retribuido al representante por los servicios que éste le prestó", defendía Hacienda. "En la regularización practicada, la inspección atribuye al demandante, en concepto de rendimientos de trabajo personal, las retribuciones que el club de fútbol Real Madrid satisfizo a la sociedad del agente del jugador IDUB Servicios Deportivos. Concretamente, 354.000 euros en 2012".

Al llevar este razonamiento a la práctica, la Agencia Tributaria exigió a Alonso 168.000 euros de liquidación por el IRPF y otros 120.400 de sanción, pero la Audiencia ha seguido la doctrina del Tribunal Supremo y ha tumbado su reclamación. Los magistrados se centran para ello en el aspecto procedimental y no entran en el fondo del debate sobre la relación entre clubes, agentes y futbolistas. La clave radica en el artículo 13 de la Ley General Tributaria, que es al que apuntó Hacienda para justificar su inspección. "Las obligaciones tributarias se exigirán con arreglo a la naturaleza jurídica de los actos, hechos o negocios realizados", establece el mismo.

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El Supremo advirtió en 2023 que la Agencia Tributaria se había excedido al basar esta clase de inspecciones en ese artículo, pues el razonamiento que seguía iba más allá de un examen sobre "la naturaleza jurídica" y entraba a valorar la mencionada relación a tres bandas entre clubes, agentes y futbolistas. En lugar de este artículo, el Supremo consideraba que tendría que haberse apoyado en otros como el 16, que abre la puerta a inspecciones por "actos o negocios en los que exista simulación".

Esa es la misma idea que la Audiencia Nacional recoge en su sentencia para atender el recurso de Alonso, cuya defensa ha corrido a cargo del abogado Ivan Zaldúa y su equipo. "Aplicando la doctrina sentada por el Tribunal Supremo al mismo motivo alegado aquí, hemos de concluir que también en este caso la Administración se excedió en el ejercicio de la potestad de calificación que el artículo 13 de la Ley General Tributaria le confiere al calificar a los pagos al agente por el club como rendimientos de trabajo del jugador", concluyen los magistrados. "En todo caso, debería haber utilizado para tal fin otras figuras previstas en el ordenamiento jurídico (artículos 15 o 16) y, al no haberlo hecho, ha utilizado una vía inapropiada para llevar a cabo la regularización realizada".

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Las idas y venidas de Xabi Alonso con Hacienda no son nuevas y llegaron a su culmen en 2019, cuando tuvo que sentarse en el banquillo de los acusados. En aquella ocasión, la Abogacía del Estado, que representaba a la Agencia Tributaria, pidió ocho años de cárcel para el exfutbolista por tres supuestos delitos fiscales relacionados con sus derechos de imagen. La Fiscalía apoyó esta acusación y solicitó por su parte cinco años de cárcel y una multa de cuatro millones, pero la Audiencia Provincial de Madrid absolvió a Alonso.

La Abogacía del Estado y la Fiscalía no se mostraron conformes con esta decisión y recurrieron hasta llegar al Tribunal Supremo, que terminó por confirmar la absolución en octubre de 2023. La Sala de lo Penal apuntó para ello a que "ninguna anomalía puede detectarse en el hecho de que el tribunal atribuya mayor credibilidad al peritaje ofrecido por la defensa" frente al llamado "peritaje oficial", poniendo así punto y final a una batalla de más de seis años en la vía penal.

Sin embargo, el enfrentamiento ha continuado en la vía de lo contencioso-administrativo, donde las peticiones de cárcel han dado paso a las reclamaciones de dinero. Entre ellas, la que la Audiencia Nacional acaba de tumbar respecto al IRPF de 2012.