El juez Peinado pone cerco al núcleo duro de Sánchez al imputar al sucesor de Bolaños

El juez no aparta su vista del núcleo duro del presidente del Gobierno en su objetivo de encontrar al cargo que nombró a la asistente de Begoña Gómez, quien terminó participando en sus negocios privados. El magistrado Juan Carlos Peinado ha imputado al sucesor de Félix Bolaños en Moncloa solo tres semanas después de interrogar como testigo por los mismos hechos al actual ministro de Justicia, aforado ante el Tribunal Supremo. Tras las respuestas de Bolaños, el juez también ha citado como testigo al asesor de Presidencia que presumía de ser una de las personas más próximas a Sánchez.

Francisco Martín Aguirre es el último nombre de la lista de seis imputados en el caso que investiga las actividades de Begoña Gómez. Es el delegado del Gobierno de Madrid desde marzo de 2023. Pasó a desempeñar ese puesto directamente desde la Secretaría General de Presidencia, donde se desempeñaba próximo a Pedro Sánchez desde julio de 2021. Antes de eso, desde 2018 hasta 2020, ejerció de director del Gabinete Técnico de la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno.

Saltó desde el núcleo duro de la Moncloa a una plaza que en los últimos años ha aportado a quien la ostenta un perfil político. En una de sus primeras declaraciones como delegado del Gobierno, Martín Aguirre dijo que los "supuestos enemigos de España" –en referencia a Bildu, herederos del brazo político de ETA– "han hecho más por los españoles y por España que lo que han hecho todos los patrioteros de pulsera". Aludió así a PP y a Vox y a lo que consideró como una falta de apoyo a las medidas de protección del Gobierno durante la pandemia.

En el auto de su imputación adelantado este martes por El Confidencial, el juez Peinado acepta una querella presentada en su contra por el partido que dirige Santiago Abascal. “Sí que procede admitir a trámite la querella respecto del querellado Francisco Martín Aguirre por su aparente participación en el nombramiento de Cristina Álvarez Rodríguez para el ejercicio de funciones privadas de Begoña Gómez Fernández con cargo a los presupuestos generales del Estado y, por tanto, con fondos de naturaleza pública”, dice el auto del juez.

TE PUEDE INTERESAR

La asistente de Begoña Gómez al juez: "Dijo, 'aprovecha y diles si van a seguir en la cátedra'"

Alejandro Requeijo

Este movimiento se produce en el marco de las pesquisas que emana del caso Begoña Gómez. Tiene que ver con la contratación de la asesora Cristina Álvarez. El juez considera que hay indicios para sostener que la mujer de Pedro Sánchez empleó a esta mujer para sus negocios particulares privados. En el sumario constan actuaciones como un correo en el que Cristina Álvarez se puso en contacto con la empresa Reale para pedir financiación para el máster de Begoña Gómez en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

El juez lleva meses tratando de dar con la persona que decidió el nombramiento de la asesora. El primer paso fue preguntar en Moncloa. El Gobierno le remitió una serie de documentos en los que figuraba la propuesta de nombramiento de la asistente, con fecha del 11 de julio de 2018. Iba firmada por el subsecretario de Presidencia, Alfredo González. El juez le citó a declarar como testigo y lo que dijo este alto cargo fue que él solo hizo una propuesta de nombramiento dentro una lista de entre ochenta y noventa nombres, pero que él no era el responsable de decidir la contratación. Cuando le preguntaron quién era entonces su superior jerárquico, este testigo citó a Bolaños.

Eso llevó al juez Peinado a interrogar al actual ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. El magistrado le negó la posibilidad que le asiste como ministro de declarar por escrito y acudió en persona a la Moncloa porque las preguntas que tenía que hacerle versaban sobre su época como secretario general de Presidencia, el cargo en el que le sucedió el ahora imputado Martín Aguirre. Bolaños también se desvinculó del nombramiento de la asesora, pero el juez se llevó otro nombre de la diligencia: Raúl Díaz Silva.

Esta persona es el responsable del personal del complejo presidencial de la Moncloa y ya figuraba entre los papeles de la causa porque en la documentación que mandó el Gobierno sobre la asesora de Begoña Gómez había un texto firmado por este alto cargo. Raúl Díaz Silva certificó ante el juez las funciones de la asistente y las enmarcó en la relación de confianza que mantenía con la esposa de Pedro Sánchez. Además, es uno de los protagonistas del documental que narraba el día a día en Moncloa. Se presentaba como una de las personas que mejor conoce al máximo dirigente del PSOE.

“Ya solo con mirarlo, sabemos lo que quiere, si necesita una mascarilla, un bolígrafo...”, decía Raúl Díaz Silva. El documental le presenta como “ayudante del presidente del Gobierno y administrador de Palacio y Consejo de Ministros”. El propio Sánchez confirmó ante la cámara el vínculo con esta persona: “Algunas veces pienso que me conocen mejor que yo a mí mismo”. El juez Peinado ha citado también a declarar a este asesor para que cuente lo que sabe el 14 de mayo a las 12.30. Al ir como testigo, tendrá que contestar con la verdad a las preguntas que le hagan todas las partes, incluidas las acusaciones.

TE PUEDE INTERESAR

El juez pide a la Complutense aclarar cómo contrató a la coordinadora del máster de Begoña Gómez

Alejandro Requeijo Beatriz Parera

En ese mismo documental participó el propio Francisco Martín Aguirre, que tendrá que declarar el mismo día 14 de mayo, una hora después que su excompañero de Moncloa. En su caso, acudirá como imputado, acompañado de un abogado.

Vox hace referencia a la participación en los hechos de Francisco Martín Aguirre por su condición de secretario general de la Presidencia del Gobierno en el mes de julio del año 2021, siendo el responsable y superior jerárquico de Cristina Álvarez Rodríguez, “atribuyéndole la comisión de sendos delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y prevaricación administrativa”.

La querella también iba dirigida contra la propia Begoña Gómez y Cristina Álvarez, pero el juez hace varias apreciaciones al respeto en su auto. Considera que hay indicios del delito de desviación de los caudales públicos destinados a Cristina Álvarez, pero “no se alcanza a percibir en qué medida la destinataria del nombramiento pueda tener responsabilidad penal alguna en la presunta malversación”.

TE PUEDE INTERESAR

El juez Peinado cita a la 'sombra' de Sánchez en Moncloa: "Solo con mirarlo, sabemos lo que quiere"

Alejandro Requeijo

“Lo mismo ha de decirse de la querellada Begoña Gómez”, añade. Argumenta que la mujer del presidente no participó en el nombramiento, ni en el pago de los emolumentos de Cristina Álvarez, “limitándose a hacer uso de sus servicios profesionales, aunque para fines personales”. “No se alcanza a percibir responsabilidad penal alguna en dichos hechos”, explica el juez.

El partido de Abascal también acusaba a los tres de tráfico de influencias, pero el juez tampoco lo comparte “al no conocerse quién ha podido llegar a influir y ejercer su prevalencia moral o intimidatoria en la persona que ha decidido realizar el nombramiento de Cristina Álvarez, en qué medida puede serle atribuida responsabilidad penal a las querelladas, Begoña Gómez o Cristina Álvarez e incluso al querellado Francisco Martín Aguirre”.

Por último, respecto al delito de prevaricación administrativa, el auto zanja que “no puede entenderse que vayan más allá de una irregularidad en el nombramiento, por omitir trámites que obvian o prescinden de los procedimientos reglamentariamente establecidos, pero no que excedan de la infracción administrativa, lo que conduce a que por este delito no pueda ser admitida a trámite la querella”.