El empresariado catalán aparta a Zapatero y arrastra a Junts a romper con el PSOE
En las negociaciones entre el Gobierno y los independentistas, Sánchez-Llibre gana enteros a la misma velocidad que los pierde el expresidente del Gobierno: el pragmatismo se impone a las promesas políticas y el empresariado catalán sigue ganando peso
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Las condiciones que Junts pone al PSOE para seguir avanzando, que no son más que el cumplimiento de los pactos ya cerrados con el PSOE en los últimos veinte meses, empiezan a oler a naftalina. Por eso, en el entorno de Carles Puigdemont aseguran con naturalidad que “las cosas están rotas” y dispuestos a “tirarlo todo por la borda”. La última prueba es el 'no' de los independentistas a apoyar la subida del salario mínimo de la vicepresidenta Yolanda Díaz.
En las inestables relaciones entre ambos partidos todo puede parecer un nuevo tira y afloja, un nuevo órdago en aras de ganar el relato, pero lo cierto es que la situación atraviesa una nueva etapa en la que un actor gana mucho peso y otro pierde protagonismo.
El perdedor es el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, negociador fundamental para los socialistas cuando las conversaciones abiertas entre el PSOE y Junts tras las elecciones del 23-J han llegado a un punto sin retorno, llámese amnistía, llámese Presupuestos Generales del Estado (PGE). Entre medias, la gestión de la inmigración, las Rodalies, el catalán en Europa, las partidas no ejecutadas de Presupuestos anteriores etc. También la financiación de la seguridad de Carles Puigdemont o su reconocimiento como “expresident en el exilio”, concesiones que Salvador Illa no ha querido hacer a pesar de que se ha reunido con todos los expresidentes, incluido Jordi Pujol. De todas esas reivindicaciones no se ha cumplido ninguna, ni siquiera la amnistía, y nada parece indicar que vaya a ser así en el corto plazo.
Por eso, a mediados de abril el secretario de Junts, Jordi Turull, advirtió públicamente a Pedro Sánchez de que “a finales de mayo” caducaba la prórroga que solicitó el mediador internacional salvadoreño para reconducir las negociaciones entre ambos y que el partido de Carles Puigdemont retirara la solicitud una moción de confianza en el Parlamento.
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El ganador de este nuevo episodio es la empresa catalana, la grande y la pequeña, esa cuyos intereses están bien representados en Madrid y en Barcelona por el presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez-Llibre. El lunes, mientras Sánchez descolocaba a todo el empresariado catalán y español en Cercle d’Economía cuando anunció que abría una “consulta pública” para decidir sobre la OPA del BBVA al Banco Sabadell, en los ambientes empresariales catalanes no daban crédito.
“¿Qué es eso de la consulta pública? No tiene ni puta idea. Van a llegar demandas: cero transparencia, no hay garantías, inseguridad jurídica. Este tío nos la va a volver a colar”, comentaban en esos entornos que, por otra parte, estaban encantados con una realidad que también atribuyen a la presidencia de Salvador Illa en la Generalitat: “De lo más catalán que se ha hablado aquí es de la OPA, y eso es una maravilla”.
"¿Qué es eso de la consulta pública? Ni puta idea. Van a llegar demandas: cero transparencia, no hay garantías, inseguridad jurídica"
En todo este maremágnum de intereses, muchas veces contradictorios, hay otro elemento clave a tener en cuenta, un fenómeno muy creciente en los comentarios en el Cercle: Silvia Orriols, la líder de Aliança Catalana. “Nos tiene histéricos”, admiten discretamente desde Junts: “pone muy nervioso a todo el mundo”. En público, sin embargo, la desprecian: "Tienen dos diputados en el Parlament". Sin embargo, todo el mundo sabe que las encuestas le dan un crecimiento muy relevante, y Junts es el partido más perjudicado, aunque no el único.
En este contexto, el Consejo de Ministros aprobó este martes el proyecto de ley para reducir la jornada laboral máxima legal a 37,5 horas, de manera que en los próximos días la norma entrará en el Congreso de los Diputados. El PP ya ha manifestado su rechazo siempre que no cuente con el apoyo de los empresarios y Junts ha anunciado que presentará una enmienda a la totalidad de devolución del texto al Gobierno.
La nueva 'sociovergencia'
Todo esto no quiere decir que el interés de Foment esté en que la legislatura se rompa, sino en exprimir al máximo las debilidades del Gobierno en defensa del empresariado catalán, como ha venido informando El Confidencial. Desde que hace ahora un año, una delegación de Foment se reunió con Puigdemont en Francia, la influencia de la empresa catalana en Madrid no ha dejado de crecer en lo más parecido a una sociovergencia en la que el PSC manda en Barcelona y Junts cobra caros sus votos en Madrid.
Alguien de Foment del Treball bromeaba ayer en el Cercle, no sin triunfalismo, para resaltar el papel que está ejerciendo Sánchez-Llibre: “Qué pena que finalmente no haya podido ir a ver al Papa para que dijeran ¿quién es ese señor de blanco que está al lado de Sánchez Llibre?”.
Las condiciones que Junts pone al PSOE para seguir avanzando, que no son más que el cumplimiento de los pactos ya cerrados con el PSOE en los últimos veinte meses, empiezan a oler a naftalina. Por eso, en el entorno de Carles Puigdemont aseguran con naturalidad que “las cosas están rotas” y dispuestos a “tirarlo todo por la borda”. La última prueba es el 'no' de los independentistas a apoyar la subida del salario mínimo de la vicepresidenta Yolanda Díaz.