La Audiencia marcará el camino al resto de tribunales en la batalla legal por el apagón

No ha pasado ni una semana desde que España sufrió el apagón y ya se escucha ruido de sables. El reparto de culpas va más allá de las responsabilidades políticas para alcanzar las legales y, al menos de momento, la sensación es que cada uno de los protagonistas en el foco por el desastre eléctrico busca un modo de refugiarse ante la posibilidad de que empiecen a llover demandas y denuncias. La contrarreloj para las reclamaciones ya ha comenzado, pero la Audiencia Nacional será la encargada de marcar el ritmo.

Cualquier ciudadano que se sienta perjudicado por una respuesta deficiente en esta crisis podrá acudir a los tribunales. Distintos juristas consultados anticipan que habrá pleitos por las vías contenciosa —contra el Estado— y civil —contra aseguradoras y operadoras eléctricas—. Sin embargo, la primera batalla se librará en la vía penal, donde el magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama tomó el pasado martes la delantera al abrir diligencias para investigar si el apagón pudo deberse a un "sabotaje informático".

La clave radica en la conocida como prejudicialidad penal, es decir, en el principio que obliga a la suspensión de un proceso civil o contencioso hasta que se resuelva un proceso penal relacionado. En el caso del apagón, el destino de las reclamaciones exige despejar la incógnita sobre qué o quién tuvo la culpa, y ahí es donde Calama ha puesto el foco: ha dado un plazo de diez días al Centro Criptológico Nacional y a Red Eléctrica para que informen sobre las causas que motivaron este suceso y, acto seguido, ha declarado el secreto de la investigación.

De forma paralela, queda por ver si los posibles fallecimientos sucedidos a consecuencia de los cortes también provocan la apertura de causas penales. De momento, se investiga al menos la muerte de un matrimonio de ancianos y su hijo en Orense por el monóxido provocado por un generador eléctrico; de una mujer que dependía de un respirador en Valencia, de otra en Madrid por incendio provocado, presumiblemente, por el uso de velas.

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Mientras tanto, comienzan a aparecer las primeras señales de denuncias. Acusaciones populares ya conocidas por su presencia en destacados procedimientos, como por ejemplo Hazte Oír, han anunciado que estudian medidas legales. Con Vox sucede lo mismo. "Hablamos de más de 70 millones de afectados si contamos a España, Portugal y parte de Francia y de miles y miles de empresas... Y todos afectados de diferente forma", recuerda una de las fuentes consultadas.

Pero a falta de que se traten de aclarar las causas del apagón en la vía penal, el Ejecutivo se ha sacudido de forma pública cualquier responsabilidad. Pedro Sánchez señaló directamente el pasado martes a las "operadoras privadas" y lanzó que el Gobierno les pedirá cuentas. Con ello, se zafó del riesgo de quedar afectado por la vía de la responsabilidad patrimonial que le salpicaría si acaba demostrándose que ha habido un deficiente funcionamiento o mala praxis de la Administración.

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El debate estará en determinar si el diseño energético implementado por el Ejecutivo contribuyó al desastre o no. Antes siquiera de que se conozcan los detalles, el presidente del Gobierno anunció que ya está en marcha una comisión de investigación dirigida a "exigir responsabilidades pertinentes a los operadores privados". La vía habitual para estas acciones consiste en abrir el correspondiente expediente administrativo sancionador. En esa multa se incluye la liquidación del daño y el importe de la sanción. Este tipo de expedientes pueden llevar consigo la liquidación del daño causado al interés general, aclara un miembro de la Abogacía del Estado.

A nivel autonómico, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, también anunció el martes que su ejecutivo abrirá expedientes informativos a Red Eléctrica Española y a operadores privados para averiguar qué paso durante el apagón. "Exigirá todas las responsabilidades pertinentes", aseguró, haciéndose eco casi palabra por palabra de las declaraciones de Sánchez.

Cuando todos los dedos, incluso los del Gobierno, señalan a Redeia, propietaria de Red Eléctrica Española, esta puede, sin embargo, protegerse con otro paraguas. No se compensa económicamente cualquier daño. El Tribunal Supremo ha ido estableciendo las bases y exige que el perjuicio sea demostrable y evaluable económicamente. O lo que es lo mismo: que no hubo una fuerza mayor que impidiera una actuación correcta y que la persona que reclama no ha resultado perjudicada por su propia conducta.

La fuerza mayor

Este concepto de fuerza mayor permitiría tanto a Redeia como a las administraciones tratar de evitar las reclamaciones. De hecho, algunos juristas consultados también advierten de que esa clase de exoneraciones se extienden a las aseguradoras. "No serán indemnizables los daños que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de producción de aquellos", recoge la ley.

En el caso concreto del Gobierno, este tendría que armarse ahora de informes para demostrar que su diseño energético no tuvo efecto alguno en el apagón, pero el principal problema para sostener ese razonamiento radica precisamente en las explicaciones que dieron este mismo martes desde Red Eléctrica. En concreto, las de su director de Servicios para la Operación, Eduardo Prieto, que aseguró en rueda de prensa que "es muy posible que la generación afectada pueda ser solar". Prieto avanzó además que, con la información con la que cuentan en estos momentos, el apagón no se vio motivado por un ciberataque.

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La fuerza mayor es, sin embargo, un paraguas con agujeros. Al margen del ataque ciberterrorista, las hipótesis que circulan en la actualidad sobre las causas la desactivarían. Se trata de tesis no contrastadas aún que apuntan a un accidente de la red, probablemente provocado por la desinversión o la existencias de maniobras encubiertas para retirar oferta de energía.

Muchos tienen muy presentes las reclamaciones provocadas por el covid, que llegaron por centenares a los juzgados. "Esto va a dar de comer a muchos abogados", lo resume, socarrón, un juez.