El Gobierno congela "sin fecha" la ley Begoña, pero acelera en el control de la Fiscalía

El Gobierno parece decidido a frenar por todos los medios a su alcance el avance de las instrucciones judiciales que cercan al presidente del Gobierno, ya sea en lo personal, con la figura de su esposa, Begoña Gómez, o de su hermano, David Sánchez ; o en asuntos políticos de primera magnitud, como los que afectan al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, al exministro José Luis Ábalos, o al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.

Así se entienden dos movimientos realizados en los últimos meses, uno en la Fiscalía, con la creación de un nuevo puesto de fiscal de sala para controlar la acusación del Ministerio Público, y otro en el Parlamento, con la presentación de la llamada ley Begoña para cercenar la acción popular. Son dos caras de un mismo objetivo.

Sin embargo, según ha confirmado a El Confidencial el Partido Socialista, la tramitación de esta iniciativa legislativa, que busca limitar la acción popular, ha sido congelada "sin fecha" tres meses después de su presentación el pasado 10 de enero. La causa principal es la incapacidad del Gobierno para reunir los apoyos parlamentarios suficientes para su aprobación.

La intención inicial de Pedro Sánchez era aprobarla cuanto antes, y por eso el PSOE la presentó como proposición de ley (PL). Esta fórmula esquiva la participación de los órganos consultivos del Estado, en este caso Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y Consejo de Estado. El pasado 16 de enero, la Mesa del Congreso calificó y admitió a trámite la proposición con el voto a favor del PSOE y de Sumar y la oposición del PP, que trató en esa reunión de abrir un debate sobre la constitucionalidad de la norma.

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La Mesa tomó la decisión sin que el letrado mayor emitiera informe al respecto, a pesar de que el PP se lo pidió expresamente y de las críticas formuladas en ámbitos jurídicos desde el mismo día de su presentación ante la opinión pública. Hay dudas razonables sobre su encaje en la Constitución, especialmente por la disposición que establece que se puede aplicar de modo retroactivo a las causas que ya están en marcha.

Transcurridos casi cuatro meses, el Gobierno no ha concitado ni un solo apoyo extra en el Parlamento: Junts, PNV, ERC y Podemos siguen en el no. Fuentes del partido de Ione Belarra consultadas por este periódico, aseguran que "no hay novedades", por lo que su partido sigue en la misma posición: se trata de una iniciativa ineficaz y que, en su opinión, no impedirá "que la judicatura esté en manos de la derecha". Por su parte, el hoy presidente del PNV, Aitor Esteban, dijo cuando se presentó la iniciativa que "aplicarla a casos que están en vigor te resta credibilidad", motivo por el que su partido no la apoyará en su actual redacción.

En el caso de Junts, la relación está en stand by a la espera de que el Gobierno cumpla un puñado de compromisos previos que van desde la entrega a la Generalitat de la gestión integral de la inmigración a la devolución al Ejecutivo autonómico vía cheque los fondos no ejecutados de los Presupuestos de 2024. Así que el partido independentista catalán está en su posición inicial: presentará una enmienda a la totalidad. Con ERC la relación también está atascada porque, de un modo similar al partido de Puigdemont, entienden que el Gobierno debe antes de pedirles nada cumplir con un compromiso anterior: en su caso, se trata de la financiación "singular" para Cataluña.

Lío en la Fiscalía

Mientras la ley Begoña parece perder fuelle, la reciente oficialización de un nuevo puesto de fiscal de sala ha levantado ampollas. Los más críticos sospechan que su creación busca un efecto similar a la de la norma ahora congelada, pero de forma menos evidente y más discreta. Temen que se use para desactivar la atribución de delitos de cargos públicos relacionados directamente con el actual Ejecutivo en un momento en el que los escándalos judiciales rodean a Pedro Sánchez y se presienten nuevas imputaciones que escalarán en Moncloa.

Hace solo unos días, un cargo público investigado —el fiscal general del Estado— propuso al fiscal Emilio Sánchez Ulled para esta plaza, que será decisiva tanto para su propio caso como para todos aquellos que afecten a personas que formen parte de la Administración Pública. El cargo recién estrenado tendrá la llave para fijar criterio en las causas más delicadas. Su misión concreta es la de coordinar la actuación de los fiscales especialistas en la materia para unificar criterios. En resumen, decidir la postura de la Fiscalía en sumarios de alta sensibilidad.

En su momento, la justificación de la ampliación de este puesto se basó en la "mejora de la eficacia en la respuesta penal frente a hechos delictivos que socavan el patrimonio público y la confianza de la ciudadanía en sus instituciones democráticas". Se priorizó para impulsar la creación de la plaza, la lucha contra la corrupción y los delitos en los que existe menoscabo del erario.

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Ya desde el anuncio, el cargo levantó sospechas de instrumentalización por parte del Ejecutivo. La tormenta estalló, sin embargo, esta misma semana con un tira y afloja en el Consejo Fiscal que debía proponer candidatos y una respuesta muy crítica por parte de la Asociación de Fiscales, molesta por la intervención de un Álvaro García Ortiz que no es ajeno a intereses personales en este trance.

La asociación de fiscales conservadora entiende que no hay justificación para crear esta figura, ya que las competencias con las que se dota al cargo ya pertenecen en la actualidad a la Fiscalía Anticorrupción. Para que un asunto pase a quedar sujeto al criterio del nuevo fiscal, será precisamente García Ortiz el que decida si tiene trascendencia para que lo asuma el departamento de Alejandro Luzón o no la tiene.

En conclusión, un año después de que el presidente del Gobierno decidiera continuar en su puesto tras cinco días de reflexión tras la consideración de su esposa como investigada judicialmente, se impone una de las estrategias lanzadas para minimizar las opciones de que la causa prospere judicialmente. Es la que afecta al Ministerio Público. La otra, de momento, deberá esperar en el Parlamento.