El gran apagón acelera la batalla del PP por la nuclear: se acerca a eléctricas, patronales y partidos

La apuesta por la energía nuclear siempre ha sido una prioridad para el PP. Pero la crisis que hizo saltar los plomos en toda España el pasado lunes ha convertido ese debate en una oportunidad política única. Al menos así lo ven en las filas del primer partido de la oposición, que se preparan para dar la batalla "en todos los frentes" y amplificar la presión sobre el Ejecutivo, que llega de todos lados. Eléctricas, empresarios y políticos de distinto signo piden al Ministerio de Transición Ecológica la revisión del protocolo de cierre, especialmente tras el shock energético que se vivió en la Península. Almaraz será la primera prueba. Y el tiempo apremia.

En las últimas semanas, Génova ha intensificado los contactos con compañías energéticas y patronales con la idea de trazar una suerte de frente común contra el Gobierno. "Las empresas están alineadas en esa voluntad. La nuclear es un elemento que nos da competitividad y seguridad", señalan. Fuentes de la dirección aseguran también que en los próximos días iniciarán una ronda de contactos "con todas las formaciones políticas" con el fin de aunar fuerzas en el Congreso y sacar adelante la toma en consideración de la proposición de ley del PP para prolongar la vida de los reactores, que llegará al pleno de la Cámara Baja en la segunda quincena de mayo.

El momento político no podía ser más importante. Porque el día 20 está prevista una importante reunión de las empresas propietarias de la central de Almaraz —Iberdrola, Naturgy y Endesa— en la que decidirán si solicitan formalmente al Gobierno al menos una ampliación temporal del reactor cacereño hasta 2030. En el Gobierno no hay voluntad de bajar la fiscalidad a la generación de energía nuclear, una circunstancia que acota el margen de las compañías. Pero la Moncloa podría verse en un entuerto si, finalmente, las empresas no piden contraprestaciones para prorrogar la vida de la central.

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Junio es el punto de no retorno para Almaraz. Una moratoria de tres años es "insuficiente" para el PP, aunque las fuentes consultadas admiten que, al menos, daría una oportunidad a la continuidad de la planta. La proposición de ley que los de Feijóo tienen registrada en el Congreso aumentaría la presión política sobre el Gobierno en un momento clave, ya que aspiran a sacar la iniciativa adelante, como mínimo, con Junts y Vox, aunque ampliarán las conversaciones con la vista puesta en partidos como ERC o PNV.

El apagón del pasado lunes no sólo ha acelerado la batalla del PP por la energía nuclear. También el partido de Carles Puigdemont, apoyo clave de Sánchez en la legislatura, se ha movido. Los independentistas han registrado una batería de preguntas parlamentarias, tanto en Congreso como en Senado, en las que instan al Gobierno a replantearse el cierre programado entre 2027 y 2035. Los contactos de los populares alcanzan también a la patronal de Foment del Treball, que se ha sumado a la campaña para dilatar el final de los reactores catalanes, con el objetivo de "recabar y valorar propuestas de todos los sectores". "Hablamos con todos", aseguran.

Los populares han encontrado respaldo político en múltiples frentes. El exministro socialista, Jordi Sevilla, que dirige ahora la Unidad de Inteligencia de LLYC, también ha planteado ampliar diez años la vida de los reactores. Javier Lambán, expresidente de Aragón, hizo recientemente un llamamiento a reconsiderar la política energética del Gobierno tras el apagón generalizado del 28 de abril, mientras que el socialista Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, ya ha exigido al Ejecutivo no dar la espalda a la posición de Europa respecto a la energía nuclear. Aboga, además, por un gran pacto PSOE-PP sobre esta materia.

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Mientras Moncloa sigue investigando el motivo que originó la histórica crisis energética, el PP ha ampliado su ofensiva contra el Ejecutivo. Y no sólo ha incrementado el cerco parlamentario con múltiples peticiones de comparecencias —entre ellas la de la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen y del propio Pedro Sánchez—; con iniciativas presentadas en distintos parlamentos autonómicos —la presidenta extremeña, María Guardiola, se sitúa al frente de la batalla territorial—; o con la presión de sus consejeros en la Conferencia Sectorial de Energía. Feijóo también ha llevado su acometida por la nuclear a las instituciones europeas.

La cumbre que el Partido Popular Europeo celebró esta semana en Valencia sirvió a Feijóo para agujerear la apuesta 'verde' del Gobierno a nivel comunitario, y lograr el respaldo de la Comisión Europea y de otros grandes líderes de la UE a su plan nuclear como garantía de la "estabilidad del suministro". Según fuentes autorizadas, el líder del PP constató el respaldo de Ursula von der Leyen y de dirigentes como el futuro canciller alemán, Friedrich Merz; el vicepresidente de Italia, Antonio Tajani; o del comisario de Acción Climática, Wopke Hoekstra, a su decálogo energético.

Al margen de conversar sobre la falta de "transparencia" del Ejecutivo respecto al origen del apagón y comprobar la "incredulidad" de los mandatarios europeos ante esta circunstancia, el líder popular trasladó, en esencia, el mensaje de que la política energética de Sánchez y el cierre escalonado de la nuclear "incrementará el riesgo de apagones, reducirá la competitividad de España e incrementará la dependencia de un gas que no tenemos". En las resoluciones aprobadas en el congreso de los populares europeos se incluye la energía nuclear como una de las "soluciones energéticas" para enfrentar la subida de los precios de la electricidad.

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"No hay razones objetivas que justifiquen el cierre. Solo ideología y sectarismo", inciden en la dirección del PP, dispuestos a multiplicar la presión sobre el Gobierno en la cuenta atrás para Almaraz. "Se están quedando cada vez más solos", inciden. Para Génova es muy importante el respaldo comunitario, que choca, dicen, con la cruzada abierta con Sánchez contra la energía nuclear. Tras el apagón, el presidente del Gobierno la situó como "un problema" y un lastre en la recuperación por las necesidades eléctricas de estas infraestructuras.

Esta semana, Génova rompió definitivamente las negociaciones con el Gobierno sobre el decreto antiaranceles por la negativa del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, a aceptar sus propuestas en materia fiscal y energética. Como adelantó El Confidencial, el PP no apoyará el escudo del Gobierno si éste no hace ninguna seña orientada a replantear el calendario de cierre nuclear. Y esa condición hace peligrar el decreto económico del Ejecutivo, que llegará al Congreso la próxima semana. La presión aumenta pero, al menos por ahora, el Gobierno permanece inflexible.