Sin rastro de los mensajes del fiscal general: no le salva del banquillo pero alimenta el relato del Gobierno

El juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado tampoco ha tenido suerte en su último intento de recuperar los mensajes y correos desaparecidos del fiscal general del Estado. Las comisiones rogatorias remitidas a WhatsApp y Google no han arrojado "información de interés" sobre su intercambio de comunicaciones en los días en los que se produjo la filtración de los correos de la defensa del novio de Isabel Díaz Ayuso. La petición de datos a las dos compañías era la última moneda al aire que le quedaba al instructor del caso por revelación de secretos y, en lo hallado, no hay rastro de los mensajes y correos.

Cerrada sin éxito esa parte y una vez ha quedado claro que el magistrado no tiene intención de ahondar en el papel de Moncloa en la filtración, tendrá que decidir ahora si acaba la instrucción y manda a los imputados a juicio o archiva el procedimiento. A pesar de la imposibilidad de rescatar los wasaps y emails perdidos, Álvaro García Ortiz tiene pocas opciones de eludir ese trance. Como ha ido dejando claro Hurtado en distintos autos, existen pruebas ajenas que constituyen indicios suficientes de su participación en el episodio.

Pese a todo, la falta de una prueba directa que le incrimine o que le exculpe servirá para alimentar el relato que lleva manteniendo el Gobierno casi desde el inicio de la instrucción. Desde la apertura de la causa, la postura del Ejecutivo ha sido de pleno respaldo al fiscal general. Distintos ministros e incluso el presidente del Gobierno han repetido una y otra vez que lo único que hizo el jefe de la Fiscalía fue "salir a desmentir un bulo".

Para el Ejecutivo, lo único que puede atribuirse a García Ortiz fue ordenar la difusión de una nota de prensa en la que se aclaraba que el abogado del empresario González Amador fue quien se dirigió al fiscal de su caso por delitos tributarios para proponerle cerrar un pacto. Con ello -ha defendido en innumerables ocasiones Moncloa- se limitó a "decir la verdad" y desactivar la estrategia del entorno de la presidenta de Madrid, que pretendía atribuir al Ministerio Público la iniciativa de un acuerdo con la pareja de Ayuso.

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A falta de las comunicaciones de los días clave, la existencia de esa indeterminación sobre lo que hizo o no hizo el fiscal general continúa dando alas al argumentario monclovita. Como ya ha publicado este diario, el Gobierno piensa llevar su apoyo hasta las últimas consecuencias y no le dejará caer ni siquiera si se abre en su contra vista oral. Atribuye todo el caso a una intención revanchista de la judicatura por decisiones incómodas como la amnistía.

Con mensajes o sin mensajes, que García Ortiz acabe en el banquillo es bastante probable. A lo largo de la instrucción, se han reunido más pruebas al margen de las que no se hallaron ni en sus teléfonos ni en su ordenador personal y, el criterio del juez, es que apuntan a su intervención en la filtración. En base a ellos, la Unidad Central Operativa le atribuyó una "participación preeminente" en la difusión de los correos reservados. Es clave aquí el análisis de los dispositivos de la segunda imputada en el procedimiento, la fiscal provincial Pilar Rodríguez. Estos mensajes se conservan, ya que estaban en un terminal diferente.

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Además, el reconocimiento expreso de que los mensajes se borraron tampoco rema a favor de la exculpación e incluso puede ser tomada por el TS como un indicio incriminatorio. La Fiscalía General ha esgrimido desde un inicio para justificarlo un protocolo de seguridad por el que se realizan borrados cíclicos del contenido de los dispositivos. Alega que la sensibilidad de esas comunicaciones es extrema. El propio fiscal general ha admitido que fue él quien borró los mensajes comprendidos entre el 8 y el 14 de marzo, los días clave para la presunta filtración sobre González Amador. No solo hubo borrados, también cambios de terminal.

La mayor carga probatoria descansa ahora en dos pilares. El primero son los mensajes de la fiscal jefe provincial de Madrid que, en conversaciones con otros miembros de la Fiscalía intercambió comentarios que el juez interpreta como muestra de una posible filtración. El segundo es la declaración de la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra que "estaba muy enfadada con FGE por la filtración de lo del novio de Ayuso".

Insistía e insistía

Según su declaración, García Ortiz, "insistía e insistía" en la urgencia de emitir un comunicado para desmentir que la Fiscalía hubiera ofrecido un pacto al empresario Alberto González Amador. "Yo no veo cuál es la prisa de todo esto", declaró. Lastra indicó —como ya adelantó este diario— que Álvaro García Ortiz le pedía que el comunicado de prensa que acabó publicándose en la mañana del 14 de marzo saliera de forma inmediata. "Si tardamos, se impone un relato que no es cierto y parece que los compañeros no han hecho bien su trabajo", le dijo en un mensaje. "Es imperativo sacarla, nos están dejando como mentirosos, Almudena, no me coges el teléfono, si dejamos pasar el momento, nos van a ganar el relato, la actuación de los compañeros de la fiscalía es impecable y hay que ser neutral", añadió.

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La fiscal también explicó que, en solo unos minutos, su jefe le llamó hasta seis veces. "Creo recordar que fueron, exactamente, a las 9:18, 9:19, 9:19, 9:21, 9:24 y 9:38". No cogió esas llamadas y, cuando finalmente García Ortiz logró contactar con ella, nada más cogió el teléfono, le dijo: "Álvaro, ¿has filtrado la nota?". "Me dijo: 'Eso ahora no importa, tienes que sacar… tienes que publicar ahora mismo la nota de prensa'", explicó.