Hacienda presiona a Aldama y abre una investigación a su exmujer para reclamarle 480.000 euros

Hacienda presiona a Víctor de Aldama en plena batalla judicial entre el empresario y el Gobierno. La Agencia Tributaria (AEAT) ha abierto un expediente a su exmujer, Patricia Ramos García, para reclamarle 480.000 euros como responsable solidaria de una deuda que el empresario investigado en el Tribunal Supremo tiene con la Hacienda pública por valor de 1.016.028,80 euros y que, según el departamento que depende de la vicepresidenta María Jesús Montero, "no han sido satisfechas".

Así consta en la notificación de la Agencia Tributaria, a la que ha tenido acceso El Confidencial, y en la que se abre a Ramos García un expediente de declaración de responsabilidad tributaria de carácter solidaria por las deudas de su marido, del que según las fuentes consultadas en este momento está separada, pero que en el momento de los hechos estaba casada en separación de bienes.

Precisamente, esta semana Víctor de Aldama se ha mantenido firme en sus declaraciones contra el Gobierno después de que un juzgado de Madrid le haya citado a un acto de conciliación con el presidente, Pedro Sánchez; su esposa, Begoña Gómez; los ministros Ángel Víctor Torres y María Jesús Montero; el jefe de Gabinete de esta última, Carlos Moreno; el exministro y presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

En el informe, de 22 páginas, la Agencia Tributaria explica que la responsabilidad de Aldama tiene su origen en una deuda de la empresa Pilot Real Estate S.L., de la que Hacienda le considera administrador en el momento en que se produce el cese de actividad de la sociedad, en 2022. "Con fecha 05/11/2024 finalizó el plazo de ingreso en periodo voluntario de todas las deudas incluidas en el acuerdo de declaración de derivación", explica el expediente, que también recoge un 20 por ciento en concepto de apremio por no haber sido satisfechas en tiempo y forma.

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La documentación aportada por la Agencia Tributaria recoge cuatro donaciones que Aldama realizó a su mujer mediante transferencia bancaria, "pura, simple y gratuitamente y con carácter no colacionable", todas aceptadas por ella: 225.000 euros el 21 de diciembre de 2023; 50.000 euros el 27 de noviembre; 140.000 el 25 de octubre; y 65.000 euros el 11 de marzo del 2022. "Víctor de Aldama donó a su cónyuge, y esta aceptó, dichas donaciones, consistentes en dinero que percibió mediante transferencias en cuentas de su titularidad", relata el escrito.

Información proporcionada por Aldama y Ramos

La información que permite a la Agencia Tributaria establecer una "vinculación" entre el deudor y la destinataria de las donaciones está en las declaraciones "de los propios interesados a través de la presentación del modelo 100 (impuesto de IRPF) al menos desde 2017 hasta 2023, en las que declaran ser cónyuges", de modo que ellos mismos se la facilitaron a la Hacienda pública.

Sin embargo, el motivo por el que Hacienda entiende que se produce una "ocultación" es que "cuando se realizan las donaciones, las deudas de Pilot Real Estate S.L. se encontraban previamente devengadas y liquidadas (...) y, por tanto, como administrador de la misma debería haber promovido la liquidación o instar el concurso".

"No es imprescindible el devengo premio de la deuda en el obligado principal para declarar la responsabilidad (...), siempre que en la ocultación haya colaborado el responsable con la finalidad de impedir la actuación de la Administración tributaria", explica el escrito, que admite que hace falta recurrir "a la prueba indiciaria, pues no resulta posible recurrir a una prueba directa".

En este sentido, explican que "esta intencionalidad de los sujetos intervinientes en las operaciones de despatrimonialización queda dentro de un círculo íntimo, cuyo ánimo hay que deducir de actos coetáneos, anteriores o posteriores, o incluso a las presunciones".

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Sobre esta base teórica, los investigadores de la AEAT aseguran que concurren "diversos indicios" de los que se deriva una "conducta impeditiva de la acción de cobro", como lo son el hecho de que ambos son cónyuges, así como la coincidencia entre las fechas o la "liberalidad o gratuidad de la operación".

"Aunque el dinero es volátil", aseguran, "es lo único que podría haber sido embargado al deudor, ya que no es titular de otro tipo de bienes o derechos. Ni el deudor a la Hacienda Pública, ni su cónyuge, son titulares de inmuebles", reconocen.

Aun así, los investigadores concluyen que "resultan elementos de prueba de entidad suficiente" como para considerar que concurren los presupuestos legalmente establecidos para declarar a Ramos García "responsable solidario de las deudas y sanciones tributarias" de Aldama. Por todo ello, la Agencia Tributaria le comunica que es "presunta responsable solidaria" y se le inicia un procedimiento para reclamarle los citados 480.000 euros.