La ley trans rompe la mayoría progresista del Constitucional a las puertas del debate

La ley trans llega a debate en el Tribunal Constitucional, pero nadie espera una decisión rápida al respecto. La mayoría progresista mantiene discrepancias respecto al texto que estudiará esta semana el Pleno lo que obligará a su ponente, Juan Carlos Campo, a reescribir, al menos en parte, el borrador de resolución que ultimó el exministro de Justicia y en el que se avala en su mayoría el contenido de la ley, informan a El Confidencial distintas fuentes jurídicas consultadas.

La oposición de una parte de las magistradas del bloque de la izquierda a la postura de su compañero ha provocado así que se rompa un bloque, el de la izquierda, que acostumbra a votar unido en la gran mayoría de las deliberaciones. Ni la vicepresidenta Inmaculada Montalbán ni la magistrada María Luisa Balaguer comparten su contenido, añaden estas fuentes. A ellas se une el rechazo del sector conservador, que considera el contenido de la ponencia "inasumible".

La ponencia, a la que ha tenido acceso El Confidencial, avala los extremos más polémicos de la norma que impulsó en su día el departamento de Igualdad en la etapa de Irene Montero. El texto da así, el espaldarazo de constitucionalidad a asuntos tan polémicos como la realización de prácticas de modificación genital en menores a partir de los 12 años y los cambios de sexo en el Registro Civil a partir de los 16 mediante un trámite casi automático.

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Las tensiones actuales en el TC reproducen las que tuvieron lugar en su momento en el propio seno del Ejecutivo entre la interpretación del ministerio en manos de Podemos y el feminismo más clásico de destacadas mujeres socialistas. Ya entonces, como sucede ahora, uno de los puntos más calientes fue la autodeterminación de género y sus efectos contrarios a la lucha contra la discriminación de las mujeres y por igualdad.

Respecto a las prácticas de modificación genital en menores a partir de los 12 años, la ponencia de Campo reprocha al PP, que lidera el recurso, una argumentación confusa "en relación con las problemáticas que afrontan las personas trans y las personas intersexuales" y recuerda que "el legislador parte de la premisa de que esas personas pueden contar, dada su edad, con la madurez de juicio suficientemente para consentir de forma libre e informada una actuación que no sólo afecta a su integridad personal, sino también a la construcción de su identidad sexual". También defiende que "el legislador ha previsto mecanismos de garantía de los derechos de las personas intersexuales de entre doce y dieciséis años que son suficientes para preservar la efectividad de sus derechos".

Cambio registral

En lo que afecta al cambio registral, el borrador asegura que la jurisprudencia "impone al legislador la obligación positiva de articular un procedimiento que permita la rectificación registral de la mención del sexo de las personas a fin de preservar el derecho fundamental a la intimidad de las personas trans, así como su dignidad y su libertad para desarrollar su personalidad en relación con un aspecto crucial para la construcción de su identidad, el sexo".

El recurso del PP que ahora se lleva a debate se centró también en el concepto de autodeterminación de género, al que se oponen por contribuir al "borrado de mujeres". Denuncian también la "inseguridad jurídica" que provoca la norma, especialmente en mujeres y menores, y censuran la técnica legislativa empleada por el Ejecutivo para acelerar la aprobación de la reforma: vía proposición de ley, "sin consenso", "sin garantías constitucionales" y "sin escuchar a los expertos".