Trabajo carga contra los policías que arrestaron a Nacho Cano y denuncia falta de información

La Justicia ha archivado el caso contra el productor musical Nacho Cano por los becarios de su musical, 'Malinche'. Pero la detención del exmiembro de Mecano el pasado verano abrió otras derivadas que siguen vivas, como su enfrentamiento con el mando de la Policía Nacional, responsable de la Comisaría que llevó a cabo la investigación y el arresto. El sobreseimiento ordenado por la Audiencia Provincial de Madrid ha coincidido en la misma semana en la que la Inspección de Trabajo dio la razón por segunda vez a Cano. En su informe, este departamento incluye severas críticas a la actuación de los policías de la Comisaría de Centro de Madrid, a los que acusa de haber apremiado a intervenir a una subinspectora de Trabajo sin facilitarle los datos necesarios. También por llegar a conclusiones para las que no eran competentes.

Inspección de Trabajo sostiene que Nacho Cano no incurrió en irregularidades al introducir en España a veinte bailarines mexicanos porque no eran trabajadores de su musical Malinche, sino alumnos en formación. Este organismo tuvo que hacer dos informes porque, según la jueza del caso, Inmaculada Iglesias, la subinspectora no hizo una investigación completa en su primer estudio. En el segundo, al que tuvo acceso este periódico, Trabajo se defiende y culpa a la Policía que terminó arrestando a Nacho Cano el 9 de julio tras meses de pesquisas.

“En el caso que nos ocupa –dice la Inspección– se informa a la firmante de este informe (el primero), el día 25 de junio de 2024, que la Comisaría de Centro de Policía Nacional solicita un subinspector de empleo para una actuación el día 27 de junio de 2024 por la mañana. La única información que se facilita es que urge la actuación, puesto que la misma consiste en ir a un local de ensayos de un musical en el que están ensayando artistas que representan una función que finaliza el 30 de junio de 2024 sin que la Inspección hubiera tenido conocimiento de la investigación previa que había hecho la Policía”.

La Comisaría de Centro, ubicada en la calle Leganitos de la capital, es la que más agentes tiene a su cargo de toda Europa, con alrededor de 500 efectivos. “Antes de la visita inspectora no se aportó por parte de la Policía ninguna información previa para poder preparar la actuación”, añade la Inspección de Trabajo. Cuando fue convocada en junio, la funcionaria comentó que "lo oportuno hubiera sido ir a ver el musical, pero la Policía le dice que eso no era posible”.

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La acusación contra Nacho Cano consistía en sostener que sus becarios mexicanos eran en realidad trabajadores encubiertos que actuaban en el musical sustituyendo a los actores principales. En ese sentido, la Inspección añade: “Antes que la subinspectora emitiese el citado informe (el primero), la Policía ya había concluido que la relación que unía a los becarios con la empresa era laboral, sin que la propia subinspectora ni siquiera hubiera podido analizar la documentación que solicitó a la empresa”.

“Cabe recordar que es la Inspección de Trabajo y Seguridad la competente para determinar, en el ámbito administrativo, si una relación se califica como laboral o no”, concluye este organismo que deja señalada la actuación de los policías. Precisa además el documento, que salvo ocasiones puntuales, lo normal es que la Inspección haga estos trabajos con la Brigada Provincial de Extranjería de la Jefatura Superior de Policía de Madrid.

Nacho Cano: "No me voy a olvidar"

El productor Nacho Cano aseguró este viernes tras conocer el archivo provisional de la causa que no se va a olvidar de la jueza y añadió que le va a "meter" una "querella espectacular". "No me voy a olvidar de las 11 horas que tuvieron acosando a estos chicos (sus becarios) intentando obtener información negativa de ellos hacia mí. Sabe que está mal, y no sé qué nivel de involucración tiene en la orquestación de todo esto. Pero lo averiguaré", aseveró Cano.

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En diciembre del año pasado, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ya rechazó una denuncia que interpuso el productor musical contra la jueza. Entendieron los magistrados que no cumplía los requisitos legales y además no se apreciaba que la magistrada hubiese incurrido en irregularidades al instruir la causa.

Por lo pronto, ya tiene abierto un pleito en los tribunales contra el comisario de Centro, Alberto Carba. En febrero, ambos saldaron sin acuerdo un acto de conciliación en los Juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid. Era el paso previo a que el responsable policial presentase contra el músico una querella penal por injurias si no se retractaba públicamente de las declaraciones que había vertido en su contra desde que fue detenido el pasado verano.

Entre otras cosas, Cano acusa a Carba de perseguirle siguiendo órdenes del Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para perjudicarle a él y a su amiga personal, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Dijo que este comisario es un mando “muy supeditado” al ministro. “Si van a por mí, van a por Ayuso”, añadió al tiempo que tildó a los agentes que participaron en su investigación como “los chulos de Marlaska”.

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El Confidencial se ha puesto en contacto con el entorno del policía. Afirman que por ahora el comisario no ha ejercido ninguna acción ni Civil ni Penal, pero todavía está en plazo para poder ejercitar su derecho.

Otro juez de Instrucción de Madrid, el número 38, abrió una investigación a dos agentes de la Policía Nacional que participaron directamente en la detención de Cano por presunto delito de coacciones en el marco de la investigación de los hechos. Fue tras la denuncia interpuesta por los estudiantes contra los policías de la Comisaría de la calle Leganitos de Madrid por los seguimientos en el proceso de citación como testigos.

Los estudiantes denunciaron a los policías el 8 de julio por "coacciones, amenazas, falsedad documental y detención ilegal", actos que supuestamente se produjeron el 27 de junio cuando la policía les tomó declaración. Según su defensa, estos agentes investigaron a los estudiantes durante seis meses "sin informar al juez ni someterse a supervisión de la justicia".