Sánchez en el Consejo de Ministros: "A mí tampoco me gusta gastar en armas"

La presidencia del Gobierno obliga a tomar decisiones impredecibles, contrarias incluso al programa político o los planteamientos personales de quien la ostenta. Pedro Sánchez acumula muchas. La última, el aumento del gasto en Defensa para cumplir el compromiso con la OTAN de alcanzar el 2% del PIB y transmitir a Bruselas la implicación española en la seguridad europea. No es un paso que haya dado sin consecuencias. A las discrepancias con el socio minoritario del Ejecutivo, Sumar, se añaden las suyas propias ante un rearme general.

Lo expresó en la comparecencia en Moncloa este martes para presentar el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa de España y Europa, aprobado justo 24 horas después de la muerte del Papa Francisco, con la opinión pública más pendiente ya del nuevo cónclave que de la política nacional. "Concluyo con una reflexión personal", dijo, "con toda franqueza, si me hubieran preguntado hace años sobre las prioridades de inversión de mi Gobierno en Seguridad y en Defensa, es evidente que mi respuesta hubiera sido distinta a la que les acabo de detallar".

Y esta misma idea, con un punto más de claridad, transmitió en la reunión previa del Consejo de Ministros, en la que Sumar presentó por escrito sus objeciones al plan y su "especial preocupación" por la partida destinada a la fabricación o compra de nuevos instrumentos de defensa, que representa el 18,75%, 1.962 millones del gasto total. El presidente, según confirman distintas fuentes, manifestó ante su Gabinete que a él tampoco le gusta gastar en armas, pero que se ha visto obligado a virar.

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La escena mundial, como Sánchez se empeña en recordar, es muy distinta a sus primeros años en la Moncloa y también a cuando fue elegido por primera vez secretario general del PSOE en 2014. Entonces, en una entrevista en la contraportada de El Mundo, tres meses después de su nombramiento, le preguntaron: ¿Qué Ministerio sobra y qué presupuesto falta? "Falta más presupuesto contra la pobreza, la violencia de género... Y sobra el Ministerio de Defensa", contestó entonces aquel Sánchez.

Casi once años después, siete como jefe del Ejecutivo, su mensaje es que "ese mundo de ayer ya no existe" y España debe cumplir con el resto de países europeos, pese a las diferencias manifestadas por su propio socio. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, fue quien se encargó de verbalizarlas, aunque no se vivió un debate tenso.

Así, el Gobierno de coalición progresista, integrado en la anterior legislatura y ahora por Sumar, se convierte en el que más ha gastado en Defensa. Los 10.471 millones de euros de este último plan supone consolidar un gasto anual de 33.123 millones anuales (el 2% del PIB), al menos hasta 2029. A la pretensión de impulsar la industria armamentística y de seguridad, se añade un aumento de la plantilla en las Fuerzas Armadas de al menos 7.000 nuevos efectivos en cuatro años.

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El presidente habría pasado limpiamente el trago si solo un día después no hubiera estallado una crisis con Sumar, esta vez real, por su oposición a un contrato de adquisición de balas a una empresa de Israel por más de 6 millones de euros. Pese a la pretensión inicial del Ministerio del Interior de seguir adelante, la presión primero de IU y luego de la vicepresidenta segunda, y la propia incoherencia que demostraba el bloque socialista, que había prometido no comprar ni vender armas a Benjamin Netanyahu, obligó a rectificar a Fernando Grande-Marlaska.

Fue Sánchez quien forzó la ruptura unilateral de ese contrato. Al daño que una decisión así hacía al crédito del Gobierno se añadió que los socios, en sus alegaciones al plan de Defensa, sólo unas horas antes, habían dejado por escrito que el aumento del gasto militar podría contradecir la política exterior de España y que sería "inaceptable la compra de material bélico a Israel".

Aunque desde el Ejecutivo se intenta ya pasar página a este innecesario episodio que califican de cúmulo de errores, todavía están pendientes las explicaciones del ministro del Interior, a quien todos los partidos del flanco izquierdo del Congreso han puesto en la picota.