Las tres carpetas que cercan al fiscal general y amenazan con nuevas imputaciones
Google y Whatsapp han enviado al Supremo diversa documentación después de que el magistrado les pidiera ayuda para recuperar los mensajes borrados por García Ortiz
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El Tribunal Supremo ha recibido una carpeta de Google y otras dos de WhatsApp. Todas ellas contienen información sobre el fiscal general y el magistrado Ángel Hurtado apunta a que la respuesta de las compañías "parece exitosa" para la investigación, pero, por el momento, se ha limitado a ordenar a la Unidad Central Operativa (UCO) que analice su contenido. En función del resultado, el juez podrá sumar nuevos indicios para enviar a Álvaro García Ortiz al banquillo o imputar a otras personas.
El magistrado se dirigió a ambas compañías con un claro objetivo: recuperar los mensajes borrados por el fiscal general después de que el Supremo le abriera la causa. En concreto, los que envió entre el 8 y el 14 de marzo de 2024, cuando se produjeron las filtraciones contra el novio de Isabel Díaz Ayuso. García Ortiz cambió además de móvil, por lo que todos los intentos anteriores por recuperar esa información han fracasado. De hecho, también puso trabas a que Google y Whatsapp intentaran recuperarla.
Ambas compañías parecen ahora haberlo conseguido, pero aún no está confirmado. La duda se centra en que, además de estos mensajes, el juez les requirió otra información: a WhatsApp le pidió los "mensajes recibidos y/o enviados"; las "copias de seguridad de los chats y/o archivos multimedia disponibles", y el "log o registro de las comunicaciones". En el caso de Google, repitió esos dos últimos requerimientos y añadió otros tres: "Datos almacenados en los diversos servicios y productos vinculados a la cuenta"; "copias de seguridad de los dispositivos vinculados a la cuenta", y "copias de seguridad de aplicaciones de terceros".
Las carpetas, por tanto, podrían contener los preciados mensajes o responder a alguna de las otras cuestiones. En principio, el juez se muestra optimista y en sus resoluciones incluye la palabra "exitosa", una actitud que se refleja en las diligencias que ha acordado: abrir piezas separadas para que la UCO analice estas carpetas bajo secreto a lo largo de todo un mes, pero con la obligación de informarle sobre sus avances "con una periodicidad que no exceda de cinco días".
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De esta manera, Hurtado podrá ir cotejando los datos que le han enviado ambas compañías con el contenido de los otros dos móviles que han marcado la investigación: el de la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, que también se encuentra imputada y recibió distintos mensajes de García Ortiz durante los días clave, y el del exsecretario general del PSOE de Madrid, Juan Lobato, cuyo contenido provocó la apertura de una línea de investigación paralela que salpica al Gobierno.
El móvil de Rodríguez
Tras analizar el móvil de Rodríguez, la UCO atribuyó al fiscal general una "participación preeminente" en los hechos "que finalmente derivaron en la filtración". Esta conclusión se basó en algunos de los mensajes que la fiscal le envió durante los días investigados —"Hola, jefe. A tu disposición"—, pero también en los que él mismo le escribió el 13 de marzo, cuando se sucedieron "múltiples comunicaciones entre varios de los miembros de los diferentes escalones de la Fiscalía".
Estos contactos se vieron motivados por una noticia que estaba a punto de salir: "La Fiscalía ofrece a la pareja de Ayuso un pacto para que admita dos delitos fiscales mientras judicializa el caso", publicó El Mundo a las 21:29. Apenas cinco minutos después, Rodríguez recibió una llamada del fiscal general. La conversación entre ambos duró "cuatro minutos y 23 segundos" y el resultado de la misma se refleja en los siguientes mensajes que se cruzaron: Rodríguez le preguntó a qué dirección quería que le enviara los correos que el abogado del novio de Díaz Ayuso se había cruzado con la Fiscalía, a lo que García Ortiz le indicó una cuenta personal de Gmail.
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El fiscal general recibió el correo clave entre las 21:59 y las 22:01. Menos de dos horas después, la Cadena Ser publicó una noticia en la que se incluían entrecomillados del mensaje, pero no el mail en sí: "El novio de Ayuso ofreció a la Fiscalía llegar a un pacto declarándose culpable de dos delitos para evitar el juicio", titularon la información.
El fiscal general ha negado en todo momento que fuera él quien envió este correo a los medios, pero el magistrado considera que existen "elementos indiciarios suficientes para atribuirle la filtración". La documentación remitida por ambas compañías podría ahora estrechar el cerco en torno a él y, al mismo tiempo, ayudar a resolver la principal incógnita que arrojó el análisis del móvil de Lobato: cómo el Gobierno tenía ya el correo en su poder a la mañana siguiente.
El móvil de Lobato
A primera hora del 14 de marzo, Pilar Sánchez Acera, la mano derecha del entonces director de gabinete de Pedro Sánchez y actual ministro, Óscar López, envió el correo a Lobato. No entrecomillados como los que había incluido la Cadena Ser la noche anterior, sino un pantallazo del mensaje en sí mismo. Lobato mostró su preocupación y le preguntó cómo lo habían conseguido, pero Sánchez Acera no se lo aclaró. "Porque llega, la tienen los medios", respondió en un primer momento. "Vamos a verlo. Para que estés más respaldado. Si es así, te lo digo. Si no, la tienes en retaguardia", matizó poco después.
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El pasado marzo, Sánchez Acera tuvo que declarar como testigo ante el Supremo, pero aseguró no recordar quién le había enviado el correo y apuntó a que ella también había borrado los mensajes de aquellos días. El magistrado no dudó en tachar su testifical de "ocultación" e incluso advirtió de que podría encajar con un delito de falso testimonio, pero ha descartado activar esa vía. Según advierte, incidir en esta línea de investigación paralela implicaría situar "los hechos en un contexto político" y, aunque "no se puede negar que flota en las presentes actuaciones", considera que "no ha de ser tolerada".
Las tres carpetas, sin embargo, podrían ahora abrir la puerta a retomar esa línea de investigación, ya sea porque conecta a García Ortiz con Sánchez Acera o con algún otro responsable político. Como ha advertido Hurtado en varias de sus resoluciones, la investigación ha acreditado ya al menos un hecho: "Con salida de la Fiscalía General del Estado y destino Presidencia del Gobierno, circuló el mismo correo".
El Tribunal Supremo ha recibido una carpeta de Google y otras dos de WhatsApp. Todas ellas contienen información sobre el fiscal general y el magistrado Ángel Hurtado apunta a que la respuesta de las compañías "parece exitosa" para la investigación, pero, por el momento, se ha limitado a ordenar a la Unidad Central Operativa (UCO) que analice su contenido. En función del resultado, el juez podrá sumar nuevos indicios para enviar a Álvaro García Ortiz al banquillo o imputar a otras personas.