El Gobierno prohíbe a Marlaska cerrar otras compras de armas pendientes: "Ahora sabremos todo" 

La crisis desatada en el Gobierno de coalición por la compra de munición a Israel no afectará sólo al contrato con el fabricante hebreo IMI Systems, por un importe total de 6.642.900 euros. El acuerdo político entre Sumar y el PSOE, que se cerró esta misma mañana del jueves, alcanza a otras adjudicaciones pendientes de formalizar por parte del Ministerio del Interior.

En el comunicado enviado por los dos bloques del Ejecutivo se apunta a que los procesos de compra de armamento que aún siguen abiertos "no se van a ejecutar", aunque se hayan impulsado antes de que el Gobierno se comprometiera a no adquirir ni vender armas a las empresas israelíes tras el estallido de la nueva guerra en Oriente Medio, en octubre de 2023.

Aunque oficialmente el Gobierno se niega a proporcionar los datos, desde Sumar se apunta a que los contratos en el punto de mira afectan a "8 o 9 adquisiciones más" que Fernando Grande-Marlaska pensaba "firmar". La presión de Izquierda Unida, que planteó incluso abandonar el Ejecutivo, y el malestar de Sumar y de la propia vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que 24 horas antes había tenido que transigir en el Consejo de Ministros con el aumento del gasto en defensa, han logrado finalmente torcer el brazo al ministro del Interior.

"Todos los contratos de armamento o munición que pueda haber se van a rescindir", señalan fuentes del socio minoritario."Lo bueno de lo que ha pasado es que ahora sí sabremos todo y no va a volver a ocurrir", añaden las mismas fuentes.

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Hasta este mismo miércoles por la tarde, el Ministerio del Interior mantenía que, con el informe en contra de la Abogacía del Estado, no era posible proceder a la anulación del contrato de la compra de balas a Israel porque supondría pagar igualmente los más de 6 millones de euros, sin recibir a cambio los 15 millones de balas destinadas a la Guardia Civil. La postura de la Moncloa era coincidente a esas horas y, además, administrativamente no querían exponer a un funcionario o un alto cargo a una posible denuncia por la ruptura unilateral del contrato.

Estas tesis -meramente técnicas, no políticas- cohabitaban con la perplejidad del flanco socialista por hacer tratos con una empresa israelí cuando el Gobierno de España se ha significado en la defensa de la causa palestina y el propio Consejo de Ministros aprobó en mayo de 2024 el reconocimiento del Estado palestino.

El contrato de Interior no era sólo un problema para Sumar, sino que cuestionaba también la propia política exterior del Ejecutivo. Sin embargo, hicieron falta algunas horas más y la intervención del propio presidente del Gobierno para rectificar. Fue en la misma mañana de este jueves, desde muy temprano, cuando -tras unas negociaciones a tres bandas entre Díaz, el gabinete de Sánchez y el equipo de Marlaska, según fuentes de Sumar- se optó por dar marcha atrás.

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El crédito del ministro queda ahora muy tocado para sus socios de Gobierno y sus aliados parlamentarios. "Nunca ha sido político", subrayan en la formación de Yolanda Díaz. "Tiene pendiente la ley Mordaza, sin trabajar"; "incompetente es poco lo de este señor. El titular de Interior peor valorado por los españoles", añaden fuentes de la misma formación.

El malestar no procede sólo de Sumar. También ERC junto a BNG y Bildu han solicitado este jueves la comparecencia de Marlaska para explicar la formalización de contratos para la compra de armamento a Israel "incumpliendo los compromisos de finalizar toda transacción de material militar tras al ataque contra el pueblo palestino". Pero los partidos de la mayoría parlamentaria que sustenta el Gobierno no se conforman sólo con que dé explicaciones y apuntan a "las responsabilidades derivadas de estas actuaciones".