El Gobierno emplaza al PP a otra reunión en plena escalada de tensión por el escudo arancelario

La desconfianza del PP no ha quebrado el hilo de comunicación entre los dos grandes partidos para negociar el plan de respuesta a la amenaza arancelaria de Donald Trump. La comunicación entre el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y el vicesecretario del PP, Juan Bravo, se ha mantenido a flote en las últimas semanas pese al tenso clima que se respira en la política española. Pero ese diálogo no se ha traducido por ahora en avances. El Ejecutivo quiere incluir al PP en el pacto y, según ha podido saber El Confidencial, ha emplazado a los populares a una nueva reunión presencial para reanudar la negociación.

Los equipos aún no han concretado una fecha, aunque fuentes conocedoras de esos contactos apuntan a que la cita podría cerrarse para la próxima semana. Fuentes de la cúpula popular aseguran que su mano "sigue tendida" y que están dispuestos a acudir a la reunión, pero recelan de las intenciones del Ejecutivo. La tensión ha escalado en las últimas horas, después de que el Consejo de Ministros activase el martes un contrato de 23 millones de euros para desmantelar la central de Almaraz (Cáceres), la primera afectada por el calendario del cierre progresivo de los reactores.

Como adelantó El Confidencial, uno de los requisitos que el PP ha puesto encima de la mesa y que desatascaría el pacto es que el Gobierno reaccione a su propuesta para alargar la vida útil de las nucleares. Hay que recordar que las compañías propietarias no han enviado aún una petición formal a la Moncloa para que paralice la decisión sobre Almaraz, por lo que el Ejecutivo ha iniciado ya los trámites para que el reactor cacereño deje de producir electricidad en 2027. No obstante, esá prevista una importante reunión el próximo 20 de mayo de las empresas propietarias de la central (Iberdrola, Naturgy y Endesa) en la que decidirán si solicitan la prórroga.

Con todo, el paso adelante dado por el Gobierno ha soliviantado a los populares. Se quejan de que, pese a las continuos contactos de las últimas semanas, el Ejecutivo no les haya informado del inicio del desmantelamiento de la central. "Si el Gobierno quiere una respuesta de Estado, no puede volver a las andadas de siempre", se quejó el propio Juan Bravo en redes sociales. "La fiabilidad del Gobierno decrece. También en la respuesta de España a la política arancelaria de Estados Unidos", apostillaron en la dirección.

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El decreto antiaranceles continúa en el aire. El PP no da por rotas las negociaciones, pero aleja cada vez más la posibilidad de apoyar al Ejecutivo. "No estamos en ninguna opción concreta. Aún queda tiempo", inciden. El primer paquete económico que aprobó el Gobierno se someterá a votación en el pleno del Congreso a principios de mayo. El plan consta de 14.100 millones para mitigar el posible impacto de las tasas decretadas por el presidente americano, aunque el grueso de los recursos se destinará a préstamos a las empresas.

En el equipo de Feijóo recalcan que el Gobierno "no está avanzando en la línea que nos gustaría", y que "el texto del decreto es del Gobierno, no nuestro". Aunque siguen dejando abierta la puerta al diálogo, Génova insiste desde hace semanas en que "la primera capa del plan" es del todo insuficiente, y exigen un compromiso explícito por parte del Gobierno para negociar una hoja de ruta "integral" que incluya ayudas directas a los sectores productivos y rebajas fiscales.

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El PP insiste en que "no descarta ninguna posibilidad" respecto al decreto antiaranceles. Ni siquiera el voto en contra. Y la previsible cita entre los dos interlocutores podría terminar de despejar esa incógnita. Por si acaso, Génova ya ha comenzado a labrar su propio camino al margen del Gobierno. Este miércoles, durante un desayuno informativo organizado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en España (AmChamSpain), Feijóo anunció que llevaría al Congreso su propio "plan de competitividad industrial" con medidas fiscales, energéticas y de innovación ante la "inacción" que observan en el Ejecutivo.

Se trata de uno de los puntos incluidos en el decálogo que el PP remitió al Gobierno hace varias semanas para pactar el plan económico. Y constituye un nuevo aviso a navegantes por parte de la formación conservadora: si el Ejecutivo no acepta sus propuestas, ellos darán la batalla por su lado en el Congreso de los Diputados. "Para el decreto ya tienen a sus socios. Los españoles no nos perdonarían si no presentásemos un plan que verdaderamente les sirva", apuntan en la dirección popular.

La montaña rusa de la negociación

La designación de Carlos Cuerpo como interlocutor del Gobierno para abordar la crisis arancelaria propició un acercamiento con el PP casi inédito en la legislatura. En esta ocasión, el Ejecutivo sí dio preeminencia a los de Feijóo en la negociación, y citó a una delegación de Génova, con Juan Bravo al frente, a una reunión en las dependencias del Ministerio de Economía el pasado 3 de abril, pocas horas después de que Trump anunciase que impondría aranceles del 20% a la Unión Europea.

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La negociación no tardó en convertirse en una montaña rusa. Cuerpo incorporó al primer decreto algunas consideraciones menores solicitadas por el PP. Aunque los populares no estaban conformes, ese consenso de mínimos daba margen a nuevos acuerdos entre los dos grandes partidos. Pero unas declaraciones de Junts, que aseguró que el Ejecutivo les había prometido que el 25% de las ayudas comprometidas irían para Cataluña, llevó a Génova a amagar con dinamitar la negociación con el Gobierno. Moncloa negó que hubiera un pacto oculto con los independentistas, pero Feijóo ya enfrió el posible respaldo del PP.

Pese a las palabras gruesas proferidas en público, lo cierto es que el hilo de comunicación no se ha cortado en todo este tiempo. El Gobierno sí informó al PP, por ejemplo, del primer tramo de 1.000 millones de las líneas de avales ICO para las empresas afectadas. Cuerpo también escribió a Bravo durante su primer viaje a EEUU para comunicarle que le informaría del contenido de las reuniones en el país norteamericano. Pero el buen tono y la cordialidad que observan en el ministro de Economía no es suficiente para los populares. La pugna política, con las nucleares en el centro del debate, amenaza con truncar casi el único amago de pacto de Estado en esta legislatura.