El PP cita a Marlaska, Montero y Robles por el "antidemocrático" plan de Defensa del Gobierno
Génova pasa al combate contra el Ejecutivo y llama al ministro de Interior y a las titulares de Hacienda y Defensa para que expliquen cómo se financiará el aumento de la inversión militar sin pasar por el Congreso. No descartan acudir a los tribunale
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"Las responsabilidades de todo tipo que se están contrayendo deberán ser puntualmente exigidas y sustanciarse allí donde proceda en cada caso: en las urnas, en las Cortes o en los tribunales. O rendición de cuentas, o rendición de la democracia". El último análisis emitido por FAES, la fundación presidida por José María Aznar, sirvió casi de premonición en la hoja de ruta que seguirá el PP para intentar evitar que Sánchez se salte al Congreso para aprobar una millonaria inversión que situará el gasto en Defensa en el 2% del PIB en 2025.
Génova ha pasado al combate y, aunque prometen más acciones, por lo pronto han registrado la petición de comparecencia de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero; y de la titular de Defensa, Margarita Robles, en el Senado. La mayoría absoluta de los conservadores en la Mesa de la Cámara Alta convierte en obligatoria esa rendición de cuentas. El foco de los populares también está puesto en Fernando Grande-Marlaska, sobre todo después de que el propio Sánchez le haya desautorizado tras rescindir un contrato armamentístico con Israel para evitar una crisis con sus socios de coalición. Él comparecerá en la Comisión de Interior del Congreso.
Según ha explicado la portavoz de los populares en el Senado, Alicia García, quieren en primer lugar que tanto Robles como Montero expliquen exactamente "de dónde van a sacar los 10.400 millones" comprometidos por Sánchez para que España cumpla con los compromisos internacionales en gasto militar. Según anunció el propio presidente del Gobierno, la inversión se financiará gracias a la reorientación de algunas partidas de los fondos Next Generation destinadas a ciberseguridad y a otros remanentes, fórmulas con las que logra esquivar el aval de las Cortes.
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Los populares denuncian que el plan de Sánchez es "una cacicada antidemocrática" que no servirá para convertir esa inversión en un gasto "estructural", sostenible en el tiempo. Génova apoya que el gasto militar suba al 2% del PIB en línea con las exigencias de la OTAN y la Comisión Europea "como no podía ser de otra forma", aunque apuntan a que Bruselas podría poner objeciones a la intención del jefe del Ejecutivo de reordenar partidas de fondos comunitarios.
Además, subrayan que el gasto comprometido por el Gobierno puede "quedarse corto". La Unión Europea ya ha comenzado a esbozar el horizonte del 3% ante la decisión de Trump de no ocuparse de la seguridad europea. Sea cual sea el escenario, el PP ve prioritario que cualquier medida dirigida a elevar el gasto armamentístico en España reciba el aval del Congreso, convertido en un campo de minas para Sánchez por la oposición de sus aliados parlamentarios, incluido su propio socio de coalición, a gastar más en Defensa.
El PP liga esa exigencia a que el Ejecutivo presente cuanto antes un proyecto de Presupuestos Generales del Estado para sostener la nueva realidad armamentística a la que se precipita España y el resto de Europa. Y tampoco es esa la intención del Ejecutivo, que ha pospuesto la posibilidad de presentar unas cuentas públicas a 2026 por sus dificultades para cosechar apoyos.
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El PP tratará de forzar la maquinaria en esta cuestión. La primera línea defensiva será la parlamentaria, pero sin descartar tampoco acudir a los tribunales. Fuentes de Génova aseguran desde hace tiempo que es una vía que está encima de la mesa, y el propio Feijóo aseguró este miércoles tras un desayuno informativo con la Cámara de Comercio de Estados Unidos en España que el jefe del Ejecutivo carece de "cobertura legal" por su intención de esquivar al Congreso.
A su juicio, esa decisión contradice al artículo 4 de la Ley de Defensa Nacional aprobada por José Luis Rodríguez Zapatero, que pide someter a las Cortes "las leyes relativas a la defensa y los créditos presupuestarios correspondientes" aunque, salvo cambios, el plan anunciado por Sánchez no se fundamentará en una ley.
"Las responsabilidades de todo tipo que se están contrayendo deberán ser puntualmente exigidas y sustanciarse allí donde proceda en cada caso: en las urnas, en las Cortes o en los tribunales. O rendición de cuentas, o rendición de la democracia". El último análisis emitido por FAES, la fundación presidida por José María Aznar, sirvió casi de premonición en la hoja de ruta que seguirá el PP para intentar evitar que Sánchez se salte al Congreso para aprobar una millonaria inversión que situará el gasto en Defensa en el 2% del PIB en 2025.