"Hay dos policías en la redacción": un año de la primicia que provocó el amago de dimisión de Sánchez

"Un juzgado de Madrid abre diligencias contra Begoña Gómez por tráfico de influencias". Este es el titular con el que encabezó su apertura El Confidencial el 24 de abril de 2024, hace justo un año. La noticia constataba el inicio de la vía judicial en paralelo a las investigaciones que este periódico había realizado hasta ese momento y continuó haciendo después. Pero desató una reacción sin precedentes en la democracia española: un presidente del Gobierno anunciaba por carta que se retiraba cinco días a reflexionar sobre su continuidad en el cargo. Se decía afectado por lo que calificó como un “ataque” de una “galaxia digital ultraderechista” y una “máquina de fango”. Aquella primicia no hubo que salir a buscarla. Al menos esa vez, simplemente llegó a la redacción.

Que una investigación periodística acabe mereciendo el interés de los tribunales es algo que pocas veces sucede. Es más habitual el camino contrario; cuando los medios de comunicación tienen conocimiento de la apertura de unas diligencias y publican su contenido. El juzgado de Madrid abrió diligencias contra Begoña Gómez después de que El Confidencial ya hubiese informado de sus reuniones al margen de su agenda oficial con el CEO de Globalia, Javier Hidalgo, y el empresario detenido más tarde en el caso Koldo, Víctor de Aldama. También aportó detalles del patrocinio de Globalia sobre los negocios privados de la esposa de Pedro Sánchez, cuyo Gobierno inyectó meses después 475 millones, el mayor rescate de una empresa en la pandemia.

Este periódico también había publicado que Begoña Gómez firmó en 2020 dos cartas de apoyo a una UTE en la que participaba un empresario de su confianza, Juan Carlos Barrabés. Esta persona había asistido a la Moncloa para reunirse con ella y de ahí surgió su compromiso de ayudarla a impulsar su cátedra sobre Transformación Social Corporativa en la Universidad Complutense de Madrid. La información de El Confidencial daba cuenta de que el apoyo que le brindó la esposa de Pedro Sánchez era para acceder a contratos millonarios que adjudicaba el Gobierno de su marido. La UTE de Barrabés y The Valley se llevó tres contratos por un total de 10,2 millones.

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Con estos precedentes, El Confidencial supo de la apertura de una investigación judicial porque la noticia llegó a la redacción en forma de notificación para que su director, Nacho Cardero, acudiese como testigo a declarar. Otras informaciones cuestan tiempo o que una fuente alerte de un hecho relevante. Si bien esta notificación era consecuencia de un arduo trabajo periodístico de investigación previo, llegó de la forma menos habitual. La entregaron en mano dos agentes de la Policía Nacional enviados por el Juzgado, que se personaron en la sede del periódico.

"Investigado: Begoña Gómez Fernández"

El documento era de apenas un folio de extensión y convocaba a Cardero para comparecer el 17 de mayo a las 11 horas en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid. Su titular es el juez Juan Carlos Peinado, entonces un desconocido para la opinión pública. Luego también acabaría siendo objeto de críticas y acciones judiciales por parte del Gobierno, el PSOE y sus portavoces. Pese a su corta extensión, la notificación ofrecía datos relevantes en su encabezamiento. “Investigado: Begoña Gómez Fernández”, “delito: corrupción en el sector privado y tráfico de influencias”. También ofrecía un número de diligencias previas, algo así como la matrícula que tiene toda investigación, aunque sea en una fase inicial.

Era una información extremadamente sensible como para no hacer más averiguaciones. Cardero informó a dos redactores de la sección de tribunales e investigación, que recabaron la confirmación de que los presuntos delitos a los que hacía alusión ese folio tenían relación con las informaciones publicadas por el periódico. Confirmaron tal extremo de cinco fuentes distintas. También supieron entonces que esta derivada judicial partía de que el sindicato Manos Limpias había hecho acopio de las noticias difundidas en la prensa y había formalizado una denuncia en los Juzgados.

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Con todo, podría tratarse de una investigación declarada todavía secreta por el juzgado. Los servicios jurídicos de El Confidencial concluyeron que no se desvelaba ningún contenido reservado, el cual se desconocía, sino el hecho en sí y que se trataba de una investigación a la mujer del presidente del Gobierno, por lo que la relevancia informativa estaba más que justificada.

Sánchez destacó en su carta a la ciudadanía que la denuncia la presentó el sindicato Manos Limpias y lo tachó de “organización ultraderechista”. Sobre las exclusivas que precedieron a la investigación, el presidente del Gobierno dijo que eran “supuestas informaciones”. “Tras su publicación hemos ido desmintiendo las falsedades vertidas al tiempo que Begoña ha emprendido acciones legales para que esos mismos medios digitales rectifiquen lo que sostenemos, son informaciones espurias”. Al menos en lo que respecta a El Confidencial no fue así.

La Justicia dio la razón al periódico

Begoña Gómez remitió al periódico una petición de rectificación en la que no negaba los hechos desvelados por este periódico. La mujer del dirigente socialista exigió por escrito que se matizara el titular de una información, pero no negó su contenido ni el resto de exclusivas que desvelaron sus relaciones con empresas privadas que han obtenido ayudas y contratos públicos del Gobierno. Meses después, la Justicia avaló el trabajo periodístico en una sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 13 de Madrid. La resolución desestimó las pretensiones de Begoña Gómez y le obligó a pagar las costas del procedimiento.

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A lo largo de este año, la Audiencia Provincial de Madrid también ha autorizado varias veces al juez Juan Carlos Peinado a seguir investigando los hechos, si bien ha limitado sus pesquisas al tener relación con fondos europeos -los contratos adjudicados a Barrabés los investiga la Fiscalía Europea- o no hallar, de momento, indicios suficientes de delito como en el rescate de la aerolínea de Globalia, Air Europa. También le ha afeado con dureza algunas decisiones y anuló el registro en la empresa de Barrabés --enfermo de gravedad-- y el análisis de su teléfono. Los jueces consideraron que no era algo urgente y que el magistrado no lo motivó correctamente.

La UCO de la Guardia Civil ultima un informe sobre Air Europa y el juez Peinado no descarta encontrar informaciones relevantes en esa documentación pendiente. En la causa que se sigue en el Tribunal Supremo en torno al exministro José Luis Ábalos ya han aparecido mensajes entre su asesor, Koldo García, y el empresario Aldama donde este último desvela que Hidalgo contactó con Begoña Gómez con el objeto de asegurar el rescate de la aerolínea.

Pedro Sánchez regresó de su retiro y anunció su deseo de continuar en el cargo. El PSOE y el Gobierno redoblaron su ofensiva contra jueces y medios de comunicación. Activaron reformas legislativas para controlar a la prensa e intenta limitar la acción de las acusaciones populares en los procedimientos judiciales. El Ejecutivo también anunció un Plan de Acción Democrática que planteó una reforma del derecho de rectificación que podría, por ejemplo, haber permitido a la mujer de Sánchez obtener un resultado más favorable en su demanda contra El Confidencial. Ninguna de estas iniciativas ha salido adelante, en parte por la falta de consenso parlamentario.

Ahora ya son cinco posibles delitos

Mientras tanto, este periódico siguió adelante con sus investigaciones. Y si aquel 24 de abril de 2024 el juez barajaba dos presuntos delitos, ahora ya son cinco. El Confidencial desveló que Begoña Gómez también se había apropiado de un software diseñado por Google, Indra, Telefónica y Deloitte. Era una herramienta informática para la Universidad Complutense y el juez aprecia indicios de apropiación indebida. El Juzgado también investiga un posible delito de intrusismo.

El Confidencial también adelantó después la implicación de la asesora de Begoña Gómez en Moncloa en los negocios privados de la mujer del presidente. En el sumario del caso hay al menos un correo electrónico de 2024 en el que la asistente, Cristina Álvarez, escribe a uno de los patrocinadores de la cátedra, Reale Seguros, para confirmar que seguirá aportando dinero al proyecto “aunque sea con una cantidad inferior”. Estas informaciones motivaron la apertura de otra pieza separada por un presunto delito de malversación de fondos por el que el juez ha citado a declarar ya a cuatro cargos de Moncloa, incluido el actual ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.