IU eleva la presión sobre Yolanda Díaz pero descarta salir en solitario del Gobierno

Izquierda Unida sólo contempla dos escenarios en la crisis abierta por el aumento del gasto militar del Gobierno y la formalización de un contrato de compra de munición a dos empresas israelíes. Una pasa por empujar la salida de Sumar del Ejecutivo y dejar al PSOE en solitario y la otra por convencer a los socialistas de que cancelen la adjudicación cueste lo que cueste para cumplir el compromiso de no colaborar con compañías de Tel Aviv. La posible tercera vía, que supondría la salida de IU de la alianza que mantiene a Pedro Sánchez en Moncloa, no está encima de la mesa ahora mismo, informan fuentes de la dirección de la federación de izquierdas.

La coalición del PSOE y Sumar pasa, según dijo Antonio Maíllo el miércoles, por la crisis "más importante de la legislatura". A pesar de que el Gobierno lleva año y medio navegando en un mar lleno de obstáculos, IU ha elevado el tono a niveles no vistos hasta el momento. El aviso del político andaluz fue después refrendado por el secretario general del PCE, Enrique Santiago, que ejerce como portavoz de la formación en el Congreso. "Contemplamos todos los escenarios", dijo el dirigente comunista, pero lo cierto es que la vía que utilizó Podemos en diciembre de 2023 para dejar la coalición no está encima de la mesa.

"No tenemos interés [en romper el Gobierno], pero no vamos a dejar pasar la incongruencia", ha dicho este miércoles Maíllo en una entrevista en la Ser en la que ha reclamado la dimisión de Fernando Grande-Marlaska si el Ministerio del Interior no cancela el contrato. El dirigente izquierdista ha asegurado que el argumento técnico esgrimido por el ala socialista no es una excusa para mantener el contrato con las empresas israelíes y ha dejado el balón en el tejado del PSOE. "Somos la parte del Ejecutivo que defiende el cumplimiento de los acuerdos", ha insistido después de recordar que "no hay una parte del Gobierno matriz y una parte que estamos de prestado". Maíllo ha alejado también esta situación de la que vivió como líder de IU Andalucía en 2014, cuando Susana Díaz rompió la coalición con la federación de izquierdas: "No detecto en Pedro Sánchez esa intención".

IU ha reclamado una reunión entre los socios para acordar una postura común que tiene por objetivo presionar al PSOE. La formación que encabeza Antonio Maíllo aspira a que la coalición siga funcionando como una alianza entre iguales, como ocurre desde que Sumar dejó de ser un paraguas para todas las fuerzas a la izquierda de los socialistas, con permiso de los morados, y es un actor más del espacio. En IU llevan meses ensalzando el cambio de posición de los magentas, sobre todo después de los batacazos electorales del pasado año y el terremoto provocado por el caso Errejón.

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Carlos Rocha. Sevilla

El nuevo statu quo cristalizó en una toma de decisiones consensuada que ya se hizo notar en el primer debate en el Congreso sobre el rearme impulsado desde Bruselas y que Pedro Sánchez ha abrazado con pocos matices, más allá de que supuestamente se hará sin recortes en gasto social ni aumentos de deuda. En aquel debate impulsado por el PP para reflejar las divisiones en el seno del Gobierno, la coalición magenta se distanció del PSOE porque IU fue capaz de hacer valer sus tesis, contrarias a cualquier aumento del gasto militar. Lo hizo gracias a la división dentro del partido de Yolanda Díaz y al apoyo del otras fuerzas del espacio, como Compromís o la Chunta Aragonesista (CHA).

En la reunión que ha reclamado IU podría ocurrir lo mismo, ya que hay diferencias dentro de la alianza de izquierdas sobre la respuesta al movimiento del ala socialista del Gobierno. La reacción de Yolanda Díaz contrasta con el enfado de IU, una formación que nació, en parte, como una reacción a la entrada de España en la OTAN y que tiene el antimilitarismo en su ADN. "Interior ha comprado armamento a Israel en contra de lo acordado entre los socios de Gobierno y del clamor popular con Palestina", defendió Toni Valero en X, líder de IU Andalucía y diputado en el Congreso, que asegura que la cuestión es "qué va a hacer ahora el PSOE para rectificar".

Fuentes de Sumar explican que el encuentro de los partidos de la coalición que ha reclamado IU no tiene fecha establecida y enmarcan esta reunión en la normalidad del funcionamiento de la coalición. "Son habituales y se celebran con asiduidad", insisten estas fuentes horas después de que la propia Yolanda Díaz asegurase en TVE que el Gobierno de coalición "goza de muy buena salud". La presión de la federación de izquierdas que encabeza Antonio Maíllo se suma también a la que ejerce Podemos, que ha insistido en censurar los movimientos de Moncloa. "Es el Gobierno de la guerra y el conflicto", dijo en el Congreso Ione Belarra, que acusó al Ejecutivo de ser "colaboracionista del genocidio".

Las tensiones en el espacio de la izquierda no se pueden entender, más allá de las posiciones históricas en materia de Defensa, sin el contexto de competición electoral de las distintas fuerzas. Es llamativo que sea IU quien ha lanzado mensajes más altisonantes. Sobre todo porque es la formación que más presiona por la reconciliación de los viejos socios para tener opciones de reeditar la actual coalición de Moncloa. La dirección que encabeza Maíllo se reunió en la tarde de este miércoles en una convocatoria que ya estaba prevista antes de la polémica, igual que el Consejo Federal previsto para este jueves y la coordinadora —máximo órgano entre asambleas— de este sábado.

En Moncloa consideran que la pugna entre los socios del ala minoritaria del Gobierno y las diferencias en la reacción entre Sumar e IU responden a la falta de información de la federación de izquierdas. Según fuentes de Moncloa, la formación que encabeza Maíllo podría no estar al tanto de los intentos del Ministerio del Interior de cancelar el contrato con las dos empresas israelíes, que finalmente no se ha producido por consejo -insisten- de la Abogacía del Estado. Yolanda Díaz sí sería consciente de estos esfuerzos, pero la situación parece haberse enquistado por un contrato de poco más de 5,5 millones de euros que ha puesto en jaque la estabilidad del Ejecutivo.