Trabajo da la razón de nuevo a Nacho Cano y no ve irregularidades en los becarios de 'Malinche'

Inspección de Trabajo ha fallado por segunda vez a favor del productor Nacho Cano y no aprecia irregularidades en la situación de los bailarines que trajo de México para formarse en su musical de Malinche. Cano defiende que eran alumnos que intervenían en el espectáculo como parte de su formación y no trabajadores encubiertos. El Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid que le investiga mandó repetir un informe inicial, pero el Ministerio de Trabajo concluye en el mismo sentido por medio de un segundo documento al que ha tenido acceso El Confidencial.

“Se concluye, al igual que en el anterior informe, que no se ha podido comprobar que los alumnos en formación fueran trabajadores de Malinche el Musical, por no quedar acreditadas las notas típicas de una relación laboral, trabajo personal, voluntariedad, retribución, dependencia y ajenidad. No se aprecian irregularidades en cuanto a las competencias que ostenta la Inspección de Trabajo y Seguridad Social”, dice este documento.

Nacho Cano fue detenido por estos hechos el pasado 9 de julio y luego quedó en libertad provisional. Al exintegrante de Mecano y a tres de sus colaboradoras en Malinche The Musical se les acusa de un presunto delito contra los derechos de los trabajadores, castigado con hasta seis años de cárcel, y la población inmigrante, penado con hasta un año de prisión.

Se les investiga por fomentar presuntamente la entrada irregular de un grupo de bailarines mexicanos y emplearlos como trabajadores en su espectáculo. El Código Penal prohíbe la imposición de condiciones ilegales a trabajadores mediante su contratación bajo fórmulas ajenas a un contrato de trabajo. También el hecho de favorecer la emigración de alguna persona a otro país simulando contrato.

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La postura de Inspección es una parte importante del caso del que emanan otras derivadas, incluido un conflicto entre Cano y los policías que le investigaron. Ya en octubre del año pasado, el primer informe de la Inspección de Trabajo dio por buenas las explicaciones ofrecidas por la productora durante su investigación y certificó que no era necesario que Malinche diera de alta en la Seguridad Social a los alumnos al encontrarse en un periodo de formación. En aquel documento definía a los bailarines como “personas becadas”. “Se concluye que las mismas realizan prácticas no laborales”, zanjaba.

No obstante, el pasado 19 de febrero, el Juzgado que dirige la magistrada Inmaculada Iglesias ordenó realizar otro informe al entender que la subinspectora de Trabajo al cargo de esta diligencia “no llevó a cabo una labor de investigación completa”. Pedía un nuevo estudio para aclarar “si las prácticas desarrolladas por los supuestos becarios en la referida empresa implican una relación laboral encubierta”.

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Trabajo mandó su segundo informe el lunes de la semana pasada al Juzgado e insiste en su misma tesis. Cano y sus representantes legales explican que los bailarines llegaron a España como becarios y que no tenían la condición de trabajadores ni su presencia ha significado el despido de nadie del elenco oficial de Malinche, que cuenta con unos 125 profesionales que salen a escena en cada actuación.

Replicar su espectáculo en México

Explican que los becarios mexicanos tenían una presencia reducida sobre las tablas como parte de sus prácticas formativas. Todo se remonta, según su versión, al ofrecimiento que le hizo en 2023 la Casa de México en España. Le propuso becar a tres personas para su musical. El artista quería replicar en aquel país su espectáculo y dice que habló con sus sponsors para ampliar el número de becados hasta una veintena. Cano ha estrenado ya en México D.F, el 28 de marzo, y los que fueron becarios en Madrid se encuentran trabajando en el musical Malinche en México.

El proyecto se inició en diciembre de 2023 y se hizo junto a Jana Escuela Internacional de Artes Escénicas, quien colabora con Malinche The Musical Spain. Esta institución es clave para poder solicitar el visado de estudiantes.

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Los abogados de Nacho Cano explican a la juez que rara vez los estudiantes que viajan a España lo hacen con el visado correspondiente sellado en sus países de origen porque puede demorarse meses hasta el punto de perder la oportunidad de formación. Por ello, lo que hicieron fue entrar en España como turistas y aprovechar el plazo de 90 días que permite la Ley de Extranjería para iniciar los trámites y obtener el permiso de estudiantes ya una vez en España.

En su último informe, Inspección de Trabajo dice que los extranjeros que quieran cursar estudios en España pueden ser autorizados para la estancia por el tiempo de duración de los estudios con un máximo inicial de un año -en este caso no superaron ese tiempo- o dos años si son estudios de educación superior. Añade que esa autorización le compete a la Delegación de Gobierno y Trabajo solo consulta a este organismo en el caso de que aprecie que “la relación jurídica real es de naturaleza laboral, pues la norma reguladora de la infracción cometida es diferente si existe autorización de residencia o no”.

“Pero como hemos concluido que no se ha podido comprobar que fueran trabajadores por cuenta ajena ni becarios de la D.A 52ª LGSS (estudios superiores), el control de su situación administrativa en materia de extranjería no compete a la Inspección”, dice el documento de Trabajo. A lo largo de los 20 folios de informe a los que ha tenido acceso este periódico, detalla que el tipo de formación que recibían no era para un título oficial ni era necesario darlos de alta en la Seguridad Social.

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El documento indica que la Inspección hizo entrevistas por sorpresa a todos los becarios y que contestaron con la misma versión exculpatoria hacia el productor musical. Lo mismo concluyeron de las entrevistas personales que hicieron a varios trabajadores contratados que ya no están en el musical y confirmaron que los becarios no les sustituyeron en la plantilla, sino que participaban en el espectáculo de manera esporádica para recibir formación.

En su defensa, los abogados de Nacho Cano alegan desde el inicio del caso que la solicitud de visado de estudiante se presentó "en tiempo y forma" ante la Delegación del Gobierno en Madrid, que la denegó repetidamente "de forma arbitraria e injustificable". Por ello, estas negativas se recurrieron ante los tribunales de lo Contencioso Administrativo, que están fallando a favor de los intereses del productor.