La voluble relación de Sánchez con el Vaticano: de expropiar iglesias con Iglesias al amor de Yolanda

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El funambulismo político que requiere Pedro Sánchez para continuar en Moncloa también se traslada a sus relaciones con la Santa Sede. Así en la tierra como en el cielo, el más mínimo cambió puede tener un efecto mariposa que cambie todo para siempre. La muerte del Papa Francisco es una mala noticia para las relaciones estables que el Gobierno ha tejido en los últimos años de Gobierno de coalición con Sumar. La llegada de un nuevo Papa, de corte trumpista, podría laminar la relación de Moncloa y El Vaticano, pero no es la única amenaza para las relaciones de Sánchez con el trono de San Pedro.

El divorcio de Podemos y Sumar allanó el camino de Sánchez en esta nueva legislatura. Si bien se siguen produciendo choques con su actual socio de Gobierno, no alcanzan la intensidad ni el daño electoral de los que mantenía con el partido de Pablo Iglesias. El desplome de Sumar, que sigue sin tener un sucesor de Yolanda Díaz, daría alas a Podemos, que sigue apostando por Irene Montero como única cara visible de la formación política. La desaparición de la formación morada de la Moncloa ha permitido al Gobierno destensar relaciones con la Santa Sede, pasando de tener un socio que quería expropiar las iglesias y las catedrales a uno cuya líder es recibida en audiencia oficial por el Papa.

Podemos llegó a presentar ante la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados una Proposición No de Ley (PNL) donde pedía al PSOE derogar los Acuerdos con El Vaticano y expropiar los bienes culturales de la Iglesia. Solicitaba, sustentándose en el artículo 94 de la Constitución que obliga al Gobierno a presentar los convenios y tratados con terceros países a las Cortes Generales para su aprobación, la denuncia y derogación de los Acuerdos con la Santa Sede del año 1976 y 1979, "así como los existentes con las confesiones minoritarias".

Querían "presentar al Congreso de los Diputados un Proyecto de Ley Orgánica de Libertad de Conciencia que garantice la laicidad del Estado y la libertad de conciencia de las personas, independientemente de sus convicciones". En el punto 5 de la PNL, se exigía "hacer las modificaciones legislativas oportunas para que los bienes del Patrimonio Histórico Español declarados de interés cultural en posesión de las instituciones eclesiásticas sean declarados de dominio público y queden afectados a las Administraciones Públicas".

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El partido de Pablo Iglesias considera que las buenas relaciones de España con la Iglesia católica responden a un vestigio franquista que debió eliminarse en la Transición. Según las últimas estadísticas, la población que se considera católica en España ronda el 55%. Pese a ello, los morados califican las relaciones con la Santa Sede de "fruto en gran medida del pasado dictatorial nacional-católico, un anacronismo que debe ser superado para equiparar a nuestro país con los Estados de nuestro entorno".

Gracias a las buenas relaciones del régimen de Francisco Franco con la Iglesia, la entidad tuvo grandes facilidades para registrar sus propiedades. Desde 1946, podía hacerlo mediante una certificación propia, sin necesidad de que interviniera un funcionario. Este hecho cambió en 2015, cuando tras una modificación legal se obligó a la Iglesia a seguir los mismos requisitos que los demás. Hay más de 30.000 bienes inmatriculados a favor de la Iglesia católica y el proceso no ha concluido.

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En cualquier caso, Podemos llegó a un acuerdo con Sánchez en 2019, el Pacto de coalición progresista, que los socialistas no llegaron a cumplir del todo. En el punto 5.5 se planteaba la aprobación de "una Ley sobre Libertad de Conciencia que garantice la laicidad del Estado y su neutralidad frente a todas las confesiones religiosas". Algo que nunca se llevó a cabo.

Con la llegada de Sumar, las exigencias con la Iglesia se calmaron. Yolanda Díaz visitó en dos ocasiones al papa Francisco. La primera tuvo lugar, cuando todavía formaba parte de Unidas Podemos, en 2021, y regresó en febrero de 2024. "Le tengo un enorme respeto y admiración, estoy en conexión permanente, leo todo lo que produce y lo que escribe", afirmó sobre el pontífice en una entrevista para Onda Cero. Aseguró, además, estar "muy vinculada la doctrina social de la Iglesia".

La solicitud de Sumar respecto a la Iglesia católica no ha llegado tan lejos como la de Podemos, y se limita a "abrir negociaciones en el seno de la Comisión Mixta Iglesia-Estado para actualizar los acuerdos existentes entre el Estado español y la Santa Sede y así adecuarlos al contexto social actual, suprimiendo los privilegios existentes". También aboga por "suscribir un nuevo acuerdo específico para la prevención, reparación, depuración y pago de responsabilidades por parte de la Iglesia en los casos de abusos sexuales en el seno" de la institución en España.

El cambio de Papa, la desaparición de Sumar y un regreso fuerte de Podemos podría obligar a Moncloa a retomar un discurso combativo contra la Santa Sede, y volver a sacar del cajón un debate social que los socialistas no quieren recuperar.

Bronca por el Valle de los Caídos

El último acuerdo alcanzado por el Gobierno y el Vaticano en tiempos del Papa Francisco ha sido la solución para el futuro del Valle de Cuelgamuros (Valle de los Caídos): Tras meses de conversaciones, ambas partes han pactado la permanencia de los monjes benedictinos en la abadía y han descartado la desacralización de la Basílica de la Santa Cruz. Las conversaciones fueron dirigidas por el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin.

El Ejecutivo ha accedido a mantener la esencia religiosa del lugar a cambio de convertir el monumento en un centro que ayude a contextualizar su historia, rompiendo con su actual vinculación a la dictadura franquista. Uno de los puntos clave del acuerdo ha sido la salida del exprior del Valle, Santiago Cantera, y de otros dos religiosos, por petición expresa de Moncloa. Cantera se opuso con vehemencia a la exhumación del dictador Francisco Franco. Ha sido relevado por Alfredo Maroto, partidario de que el Valle se convierta en un "monumento a la reconciliación".