García Ortiz ignora las quejas y elige a un fiscal que puede ser clave para su futuro

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha ignorado este martes a la mayoría del Consejo Fiscal y ha participado en la designación del nuevo fiscal de sala coordinador de delitos contra la administración pública. La Asociación de Fiscales (AF) le había reclamado que se abstuviera al considerar que este fiscal puede ser clave en la investigación que se sigue contra él, pero García Ortiz ha rechazado las quejas y ha elegido al exportavoz de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) Emilio Sánchez Ulled. La propuesta ha salido adelante pese a la oposición de siete de los 12 vocales y el Consejo de Ministros formalizará el nombramiento en las próximas semanas.

Entre las funciones del nuevo fiscal, se encuentra la de fijar criterio sobre la revelación de secretos, que es el delito por el que el Tribunal Supremo mantiene imputado a García Ortiz. "Esta asociación considera que vuestra excelencia tiene un interés personal, en este caso, en la propuesta de nombramiento", advirtió la AF en una carta que envió al fiscal general este mismo lunes. “Le puede reportar cualquier clase de beneficio o ventaja personal, que en el presente caso podría traducirse en relación con el proceso penal que se sigue contra vuestra excelencia ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo".

García Ortiz se ha desmarcado de ese razonamiento para defender que en ningún caso influirá en su causa. Desde la Fiscalía apuntaban este mismo lunes a que el nuevo fiscal llevará las rindas de una unidad especializada que no tiene función jurisdiccional y, por tanto, no acudirá a los tribunales. También insistían en que la plaza acaba de crearse, por lo que aún queda pendiente la puesta en marcha de toda la red de fiscales especialistas por territorios. Según argumentaban, el procedimiento contra García Ortiz ya habrá llegado a su fin antes de que la unidad funcione a pleno rendimiento y el nuevo fiscal fije criterio sobre cuestiones como la de revelación de secretos.

Estas explicaciones no han convencido ni a los seis vocales de la AF ni a la de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, que se han negado a participar en la votación. De hecho, el pasado octubre, los vocales de ambas asociaciones también se posicionaron en contra de la creación de esta unidad al considerar que hay un "solapamiento de competencias" con la Fiscalía Anticorrupción que podría acabar arrebatando a esta última determinadas causas.

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"No puede desconocerse que la propuesta que realice el Fiscal General del Estado de un nombramiento para dicha plaza afecta a la apariencia de imparcialidad y neutralidad que debe acompañar a la institución", ha criticado la AF en un nuevo comunicado tras la votación. "Finalmente, el fiscal general informó que propondría el nombramiento de Emilio Sánchez Ulled para esta plaza, con el respaldo de los vocales de UPF y las vocales natas".

El elegido para el nuevo puesto ejerce desde 2017 como consejero de Justicia en la representación permanente de España ante la Unión Europea. Entre 2005 y 2017, fue fiscal delegado de Anticorrupción y llevó las riendas de importantes casos en Cataluña, como el del Palau de la Música y el del 9-N.

A este puesto también aspiraban el fiscal del Supremo Álvaro Redondo, que se opuso a investigar al expresidente catalán Carles Puigdemont por terrorismo en el caso Tsunami Democrátic; el fiscal del Tribunal de Cuentas Carlos Castresana, que fue candidato español a fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional (TPI); la fiscal Anticorrupción y exfiscal europea, Concepción Sabadell, y la jefa de delitos económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid, Virna Alonso Fernández.