Un asesor de Bolaños aspira a presidir el tribunal clave en los casos Begoña Gómez y novio de Ayuso

El Consejo General del Poder Judicial tiene aún pendiente uno de sus nombramientos más sensibles. Decidirá en las próximas semanas quién presidirá la Audiencia Provincial de Madrid. La plaza, siempre delicada, ha adquirido en los últimos meses mayor peso aún a la vista de casos como el del novio de Isabel Díaz Ayuso o la investigación sobre las actividades profesionales de Begoña Gómez.

Entre los cuatro aspirantes al puesto figura el magistrado Ignacio José Fernández Soto, que integra el grupo de trabajo del ministerio de Félix Bolaños para la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El juez ha actuado como asesor o representante del departamento de Justicia de forma intermitente desde 2018, coincidiendo con la llegada a la cartera de Dolores Delgado.

El nombramiento se plantea como otro de los retos del Consejo que, aunque ya ha sacado adelante un centenar de designaciones, mantiene en el aire las dos presidencias clave del Tribunal Supremo en busca de un acuerdo entre los vocales de ambos grupos que no acaba de llegar. Además de Fernández Soto, aspiran a la plaza de presidente de la Audiencia Provincial de Madrid Francisco Manuel Olivier y José Ángel Chamorro. El actual presidente, Juan Pablo González-Herrero, también opta a la reelección.

El curriculum de Fernández Soto muestra en el apartado de colaboraciones distintos grados de cooperación con el Ministerio de Justicia tras la llegada de Pedro Sánchez a Moncloa. Comenzó como asesor de planta de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia y actuó como representante del Ministerio en el Comité Técnico de Unidades de Policía Judicial y la Comisión Intersectorial creada junto al Ministerio de Industria.

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A partir de junio de 2020, ya en la etapa de Juan Carlos Campo al frente del departamento, asesoró a la Secretaría de Estado y pasó a integrar el grupo de trabajo para la revisión del anteproyecto de ley de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La reforma fue una aspiración no culminada del exministro Campo y debía destinarse, entre otros muchos aspectos, a otorgar a los fiscales la dirección de la investigación.

El testigo de aquella reforma fue tomado por Bolaños a su llegada a la cartera y, precisamente, Fernández Soto volvió en 2024 al grupo de trabajo con el actual ministro. No cooperó con Justicia durante la etapa de Pilar Llop. Ha compaginado esta labor con una comisión de servicio destinada al refuerzo de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial y en la actualidad integra la Sección Treinta del mismo órgano.

Cargo en la Comunidad con Aguirre y González

Otro de los candidatos, en este caso el magistrado de la Audiencia Provincial Olivier Egea, ocupó también puestos de confianza en otros gobiernos, en este caso vinculados al PP. Este aspirante fue alto cargo de la Comunidad de Madrid durante los mandatos de Esperanza Aguirre e Ignacio González. Fue nombrado director general de Seguridad del Ejecutivo regional en 2013, tal y como informó entonces la administración autonómica.

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La Audiencia Provincial de Madrid es clave para los casos Begoña y del novio de Ayuso debido a que decide sobre los recursos que plantean las partes frente a decisiones de ambas instrucciones. Por ejemplo, en el procedimiento que afecta a Alberto González Amador, el tribunal rechazó las alegaciones de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid y dio luz verde a la ampliación de la investigación a dos nuevos delitos relacionados con la relación empresarial con el grupo Quirón.

En el caso que dirige el juez Peinado contra la esposa del presidente del Gobierno, fue la Audiencia Provincial quien acotó los límites de la investigación. En una de sus más recientes decisiones, el órgano anuló los registros ordenados en el domicilio y una empresa del empresario Juan Carlos Barrabés, realizados el pasado 22 de agosto. Con esta decisión cerró la puerta al uso de la prueba incautada en ellos. Al mismo tiempo, la Audiencia Provincial avaló el grueso de la instrucción del juez Peinado y negó que sus diligencias tuvieran carácter prospectivo, como denunciaba Moncloa.

Según aseguran fuentes del Consejo, la idea del órgano de gobierno de los jueces es abordar este nombramiento a partir del próximo mes de mayo. De momento, la atención está en gran parte centrada en las presidencias de las salas Penal y Contencioso del TS cuya elección ha tenido que aplazarse en dos ocasiones ante las discrepancias entre los dos sectores del CGPJ, pero la presidencia de la Audiencia Provincial de Madrid se vislumbra como clave en el devenir de los casos Begoña Gómez y Alberto González Amador, de evidente trascendencia política.