El Gobierno mantendrá al fiscal incluso en el banquillo: "No les daremos su cabeza"

El Gobierno mantendrá impertérrito su apoyo al fiscal general del Estado aunque la investigación del Tribunal Supremo por la filtración de datos del novio de Isabel Díaz Ayuso lo conduzca al banquillo. Ni siquiera en esta circunstancia extrema, el Ejecutivo tiene pensado dejarle caer. Sólo la decisión personal de Álvaro García Ortiz de sucumbir a la presión y dimitir, podría apartarle del cargo.

El juez Ángel Hurtado se encuentra a la espera de que Google y WhatsApp proporcionen los correos y mensajes que el fiscal borró, justo el día en que se abrió la causa contra él por un presunto delito de revelación de secretos. En el Ejecutivo piensan que esa información nunca llegará, por la tradicional falta de colaboración de las dos tecnológicas, fundamentalmente de Meta, dueña de la aplicación de mensajería.

Por eso no ven tan fácil la apertura de juicio oral, aunque tampoco se atreven a descartarlo. Al Gobierno le han fallado todas las previsiones en este caso y nunca pensaron que la investigación llegara tan lejos. En sus primeros compases, creyeron que quedaría "en nada". Porque, esgrimían, no existían pruebas de que García Ortiz enviara a algunos medios de comunicación los mensajes entre el letrado de Alberto González Amador y la fiscalía de Delitos Económicos para proponer un acuerdo de conformidad sobre los delitos fiscales del novio de la presidenta madrileña. Se citaría a los periodistas y poco más.

Nadie contaba con el registro al despacho del fiscal general ni con la intervención de sus comunicaciones. Por ell, en el núcleo del Ejecutivo han pasado de no verle mucho recorrido a defender que existe una "cacería" contra el fiscal general. La Moncloa lo atribuye directamente a la irritación de los jueces del Supremo con la ley de amnistía, a que se sintieron "agredidos". No es algo, sostienen, que los magistrados se atrevan a reconocer, pero, según en el Gobierno, es lo que fundamentó su decisión de dejar fuera de la amnistía los delitos de malversación, pese a la voluntad de perdón político del legislador plasmada en la exposición de motivos.

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En esta guerra contra el Ejecutivo, incardinan las fuentes consultadas, la causa contra el fiscal general. Y por eso la determinación de la Moncloa de sostener el blindaje. "No les daremos su cabeza", aseguran.

A pesar de que Google y WhatsApp, tras cursar el juez la petición judicial, se han comprometido ya con la "conservación de datos", el Gobierno está persuadido de que los mensajes y correos borrados no podrán recuperarse y que el Supremo no sentará al fiscal general del Estado en el banquillo "sólo con indicios".

Y, aunque eso ocurra, desde el Gobierno se avisa que nada presupone el desenlace de ese juicio y que su cese en ese momento podría derivar en una injusticia si García Ortiz es después absuelto. Sólo una reflexión personal del máximo representante de la Fiscalía de retirarse del foco, cambiaría los planes de Moncloa de llevar su respaldo hasta el final.