Tensión y roces en la Sala Penal del Supremo por el pulso para elegir a su presidente

La elección del presidente (o presidenta) de lo Penal del Tribunal Supremo está encasquillada y los efectos del tira y afloja empiezan a provocar repercusiones. Distintas fuentes consultadas aseguran que la situación ha generado tensiones internas entre los integrantes de la Sala, un grupo de magistrados que hasta hace bien poco mantenía buenas relaciones pese a las naturales discrepancias jurídicas en algunos asuntos. De aquella calma se ha pasado a un malestar latente por la aspiración para hacerse con el mando de Ana Ferrer, por un lado, y Andrés Martínez Arrieta, por el otro.

No se trata tanto de las candidaturas como de los cimientos sobre los que se han construido. Para entenderlo hay que retroceder al pasado mes de julio, cuando Ferrer se opuso al criterio mayoritario de sus compañeros, que consideraron que la amnistía no podía ser aplicable al desvío de fondos del procés. En el voto particular acusó al resto de hacer interpretaciones dirigidas a impedir "la vigencia" de la ley. "La interpretación que la mayoría plasma corre el riesgo de quebrar los principios de legalidad y previsibilidad", lanzó.

Aquel voto fue ya una herida en la que se rompía la unidad de criterio mantenido hasta entonces en lo que afectaba al proceso de independencia de Cataluña. La herida se ahondó aún más cuando, tras emitirlo, Ferrer optó a la presidencia, primero del propio Tribunal Supremo y después, cuando esa puerta se cerró, a la de su Sala, la de Penal. Muchos interpretaron que su postura a favor de Carles Puigdemont y Oriol Junqueras y de su perdón fue un trampolín, un guiño, una forma de impulsarse y concitar el respaldo del Gobierno y del sector progresista a su nombramiento.

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Llovía sobre mojado. Ferrer, en este caso junto a la magistrada Susana Polo, había dictado ya tiempo antes otro voto particular, en este caso en contra de la confirmación de las condenas por los ERE de Andalucía. Sobre su argumentación se construyeron las sentencias del Tribunal Constitucional que permitieron la exoneración de los principales cargos socialistas implicados en la trama de corrupción.

De entonces ahora han pasado varios meses y las tensiones no han hecho más que aumentar. No es poca cosa que se entienda por algunos como una puñalada el que dispute el puesto al magistrado más antiguo, candidato natural a la plaza. Martínez-Arrieta, actualmente presidente en funciones, desembarcó en el Supremo ya en 1998 y ostenta el número uno en el escalafón. Nada de todo esto ha servido para que los vocales progresistas cedan en su intención de respaldar a Ferrer o se planteen ceder tres de sus votos para que el acuerdo se logre.

En privado, muchos apuntan a la intervención (y presión) en la sombra del ministro Félix Bolaños. Un papel cada vez menos discreto y más evidente que demuestra la preocupación con la que el Ejecutivo sigue las dos causas de alto voltaje que están ahora mismo a cargo de la Sala. A la cabeza, el caso Koldo, que más allá del afectar al exministro José Luis Ábalos, amenaza a otros cargos de peso y, por extensión, al propio Ejecutivo. Santos Cerdán, Ángel Victor Torres....incluso Begoña Gómez, cuyo nombre ha aparecido en conversaciones en relación con el rescate de Air Europa.

También, por supuesto, el caso de revelación de secretos contra el fiscal general del Estado, una causa en la que la filtración que se investiga se interpreta por el TS como la difusión de correos privados aireados con intención de dañar políticamente a una rival, Isabel Díaz Ayuso. En la operación, ha deslizado el juez en sus autos, intervino Moncloa como destinataria de las conversaciones privadas.

La Sala de lo Militar

Ese empeño en no dejar pasar a Arrieta contrasta, según desvelan algunas fuentes, con el cuidado que ha puesto Ferrer en no cerrar puertas a otras personas cercanas, en este caso, al núcleo duro de la judicatura progresista. Como posible solución para poner fin a la competición, se le planteó la opción de optar a presidir la Sala de lo Militar, en la confianza de que obtendría los apoyos necesarios. Actualmente, el presidente es Jacobo Barja de Quiroga, elegido para el cargo en septiembre de 2020 y a punto, por tanto, de cumplir los cinco años de mandato.

No obstante, Ferrer no quiso planteárselo y su motivo principal fue no entorpecer las aspiraciones al puesto de Clara Martínez de Careaga, que fue la primera mujer en acceder a esa Sala. Careaga, vocal en el antiguo Consejo, está además casada con el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido. Tiene muchas opciones de lograr la presidencia, aseguran las fuentes consultadas.

Mientras todo esto sucede, la elección continúa bloqueada. Como adelantó este diario, a pesar del desacuerdo, la presidenta del TS y el CGPJ Isabel Perelló ha avisado a los miembros del órgano de gobierno de los jueces de que no piensa aplazar más la votación de esa plaza y que irá al Pleno del próximo mayo. Si nadie consigue los votos, el concurso quedará desierto y podrán presentarse nuevos candidatos.