La patronal catalana, en alerta por la guerra de nervios entre Gobierno y eléctricas por Almaraz

Eclosión en España del debate sobre la energía nuclear. A la previsión de cierre de la central de Almaraz (Cáceres), inmersa estos días en una guerra de nervios entre el Ministerio de Transición Ecológica y las eléctricas, se suma el intento del PP de ganar la batalla en el Congreso para extender la vida útil de los reactores.

En Cataluña permanecen muy atentos a si finalmente Almaraz comienza a enfriarse este año para dejar de producir electricidad en 2027. Foment del Treball ha lanzado ya una campaña para reclamar que se dilate el final de Ascó I, previsto para el otoño de 2030, al que seguirá Ascó II en 2032 y Vandellós II en 2035. Lo que suceda ahora en Extremadura es trascendental ante este horizonte.

Como el sector está liberalizado, el apagón progresivo de las centrales nucleares está pactado por las propias empresas. Pero aún así, es necesaria la aquiescencia de la Administración. El primer paso para revertir el fin de Almaraz es una solicitud formal de los propietarios, Iberdrola (52,7%, Endesa (36%) y Naturgy (11,3% ), que por ahora no ha llegado. Se han producido conversaciones con la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, pero sin que medie una petición concreta.

En esos contactos, según fuentes del Ministerio, "tampoco se ha constatado una apuesta concreta y unitaria sobre el futuro" de la central nuclear. Y, por el momento, las empresas no han realizado la propuesta oficial de ampliar el plazo de cierre. En estas semanas claves para Almaraz (el plazo acaba en junio), el Gobierno y las eléctricas viven su particular batalla psicológica. La presión sobre el Ejecutivo es cada vez mayor, pero el mensaje que se ha trasladado en público y en privado es que no hay voluntad de bajar la fiscalidad a la generación de la energía nuclear ni rebajar los 20.000 millones de la 'tasa Enresa', que cubre la gestión de los residuos radioactivos y el desmantelamiento de la central.

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Esta posición limita mucho el margen de las empresas y puede provocar que el cierre de Almaraz suponga incluso la salida más rentable. El sector energético está pendiente de que Iberdrola, como accionista mayoritario, se decida o no a reclamar un plan para continuar tres años más. Y aunque el Gobierno no se apea de la decisión de acabar con las nucleares -una "línea roja", subrayan en el círculo de Pedro Sánchez- podría verse en un problema si las eléctricas no piden a cambio contraprestaciones. Con más dificultades en este caso para negarse, la Moncloa podría desincentivar de este modo la producción de energía verde.

Los empresarios catalanes no pierden ojo a los posibles movimientos de Ignacio Sánchez Galán ni a las señales que emite el Ejecutivo, con la vista puesta en el final de Ascó I en 2030. Foment del Treball intenta influir sobre Junts para que no liquide la legislatura de Pedro Sánchez porque entiende que eso beneficia la continuidad de Salvador Illa. Pero la pervivencia del parque nuclear es fundamental para la patronal.

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Recientemente, en colaboración con PwC y Foro Nuclear, han presentado un informe donde advierten que Cataluña sería la comunidad más afectada si empieza a cumplirse este calendario de cierres. La generación de energía verde en esta autonomía se situó en 2024 cerca del 20% frente al 58% que aportan las nucleares. El presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre, sostiene que prescindir de esta última abocaría a un "apagón industrial".

La presión al Ejecutivo llega de todos lados, con Almaraz como primera prueba de fondo. Incluso el exministro socialista Jordi Sevilla, ahora al frente de la Unidad de Inteligencia de LLyC, ha planteado ampliar 10 años la vida útil de las centrales y fomentar la instalación de minirreactores, una idea que también convence a Foment.