Frente inédito contra Hacienda: PP, izquierda e independentistas claman por la financiación local

La reforma de la financiación local ha logrado lo imposible: poner de acuerdo a los partidos de derecha, izquierda e independentistas en un frente inédito contra el Ministerio de Hacienda. La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), con el respaldo unánime de los grupos políticos de PP, PSOE. IU-Podemos-Sumar, Junts y ERC, reclama al Gobierno que actúe para evitar el colapso económico y actualice las entregas a cuenta a las entidades locales para 2025, cifrada en 26.893 millones de euros. La situación, insisten los ayuntamientos, es límite.

El consenso político da una muestra de las urgencias en toda España. El problema que alegan desde hace meses es que el sistema requiere de una reforma, tal y como ocurre con la financiación autonómica, agravado ahora por la falta de Presupuestos Generales del Estado.

Las entidades locales recibirán como entregas a cuenta de la Participación en los Tributos del Estado el montante correspondiente a 2023, provocando una merma de casi 4.300 millones de euros, según los cálculos de la FEMP. También, como les comunicó Hacienda, tienen la obligatoriedad de que el superávit presupuestario del año pasado se dedique a reducir deuda y sin emplearlo en las inversiones financieramente sostenibles.

La presidenta de la FEMP, María José García-Pelayo, envió dos cartas a Pedro Sánchez y a María Jesús Montero el 8 de abril, donde expone los problemas enquistados desde hace meses. "La falta de resolución de estos asuntos está generando una situación de incertidumbre financiera que afecta gravemente a la gestión presupuestaria comprometiendo la capacidad de los Gobiernos Locales para ofrecer los servicios esenciales a la ciudadanía con la calidad y eficacia que merecen, como también está comprometiendo gravemente el cumplimiento de las reglas fiscales al haber presupuestado de acuerdo con lo comunicado de 15 de julio de 2024 unos ingresos superiores a los actuales", dice la misiva a Montero.

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La federación, que engloba a más de 7.000 ayuntamientos, diputaciones y cabildos insulares, advierte ya de los riesgos y exige que Hacienda cumpla con los compromisos adquiridos en la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL) del pasado mes de julio. "Consideramos imprescindible que se adopten las medidas necesarias para garantizar la estabilidad financiera de las Entidades Locales, facilitando los mecanismos que permitan una asignación de recursos acorde con los compromisos adquiridos en la CNAL y las circunstancias actuales", añade el escrito.

La FEMP, como viene informando El Confidencial, ha elaborado su particular lista de la compra. Y ciertas cuestiones, reiteran, son "prioritarias". En primer término, la actualización urgente de las entregas a cuenta para 2025 según lo acordado, que asciende a 26.893 millones de euros. Y segundo, según fuentes de la entidad, prever el pago de la liquidación de la Participación en los Tributos del Estado correspondiente a 2023 en los plazos previstos, que supone otros 2.042 millones de euros. "La pérdida para 2025 si no se actualizan las entregas a cuenta y no se liquidan los tributos será de 6.322 millones de euros", subrayan.

Plan de Hacienda

El Ministerio de Hacienda, por su parte, no ha atendido aún las demandas de García-Pelayo. El departamento de María Jesús Montero, preguntado por este periódico, remite a las declaraciones de la ministra durante un desayuno informativo en Sevilla, del pasado 2 abril, días antes del envío de las cartas. La dirigente socialista anunció entonces un plan de "alivio económico" para ayuntamientos en riesgo financiero, consistente en aplicar "el mismo planteamiento de los planes de sostenibilidad financiera que se aprobaron en los acuerdos de la Comisión Delegada de 2023 y 2024, mejorando las condiciones de los préstamos"

El ministerio detalló entonces que el plan revisará las condiciones financieras de las operaciones formalizadas anteriormente y marcará los requisitos para que los ayuntamientos puedan solicitar la medida. Esta es voluntaria y se podrán acoger los consistorios que hayan presentado antes del 31 de marzo de 2025 la liquidación del presupuesto de 2023 o 2024, la información de la ejecución del presupuesto del cuarto trimestre de 2024 o el presupuesto de 2025.