Montero, Santos Cerdán, Torres... El cerco judicial al Gobierno continúa tras Bolaños

El 24 de abril de 2024, nada más conocerse la apertura de la investigación contra Begoña Gómez, Pedro Sánchez anunció que necesitaba unos días para "reflexionar" y "decidir qué camino tomar". Su carta a la ciudadanía paralizó al Gobierno ante la amenaza de dimisión, pero, a punto de cumplirse un año de su publicación, la conclusión es clara: ni el "camino" de Pedro Sánchez pasa por dimitir ni el de los jueces por aflojar en sus investigaciones.

Esa situación se refleja en el Palacio de la Moncloa, que en apenas diez meses ha acogido dos declaraciones judiciales. También en el Tribunal Supremo, que ha necesitado la mitad de tiempo para imputar al fiscal general del Estado y al exministro José Luis Ábalos. La carta a la ciudadanía ha dado paso a las resoluciones de los tribunales, y el cerco judicial al Gobierno empuja ahora a Sánchez a "reflexionar" sobre una nueva pregunta: ¿quién será el siguiente?

El primer nombre que arroja el calendario es el de María Jésus Montero. No por las causas de corrupción que acechan al Ejecutivo, sino por sus intentos de poner el foco en un procedimiento distinto: el del novio de Isabel Díaz Ayuso. El núcleo duro de Sánchez lleva meses tachando a Alberto González Amador de "delincuente confeso" y de "defraudador confeso", asi que el empresario ha pasado al ataque y ha presentado un alud de demandas contra ellos.

La que se encuentra más avanzada es la que afecta a la vicepresidenta primera, ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE de Andalucía, a la que reclama 40.000 euros. El Supremo ha citado a Montero y al novio de Díaz Ayuso el próximo 24 de abril a una audiencia previa. Ambos pueden comparecer personalmente asistidos de abogado u otorgar poderes a sus respectivos procuradores para que acudan en su nombre.

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Nada apunta a que ambas partes logren cerrar un acuerdo, por lo que la sentencia que dicte el Supremo marcará el camino al resto de demandas que el novio de Díaz Ayuso ha interpuesto contra otros ministros y contra Sánchez, al que reclama 100.000 euros. El presidente no se presentó en febrero al acto de conciliación al que había sido citado en un juzgado de Madrid y esa decisión deja vía libre al empresario para acudir una vez más al alto tribunal.

Mientras en la Sala de lo Civil del Supremo se libra esta batalla, sus vecinos de la Sala de lo Penal han respaldado las diligencias que el magistrado Leopoldo Puente ha acordado en la investigación contra José Luis Ábalos. Entre ellas, la orden que dio a la Guardia Civil de comprobar "la eventual existencia" de las conversaciones que Víctor de Aldama asegura haber mantenido con el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.

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Como desveló El Confidencial, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha descubierto además conversaciones que implicarían a Santos Cerdán en el presunto amaño de adjudicaciones de obra pública. Este hallazgo refuerza la versión de Aldama, que sostiene que le entregaron 15.000 euros después de que la trama consiguiera un contrato público que, en inicio, debía atribuirse por indicación del socialista a otra constructora.

El hecho de que los investigadores estén estrechando el cerco en torno a Santos Cerdán amenaza al resto de señalados por Aldama: Víctor Torres, sobre el que asegura que reclamó 50.000 euros a la trama por la adjudicación irregular de contratos en plena pandemia y al que sitúa en un piso con "señoritas"; el jefe de gabinete de la vicepresidenta Montero, Carlos Moreno, al que sostiene que entregaron 25.000 euros para que una empresa obtuviera un aplazamiento de deuda; la presidenta del Congreso, Francina Armengol, que les compró material sanitario cuando presidía el Govern balear; la exministra de Transición Ecológica y actual comisaria europea, Teresa Ribera, que se vio salpicada por el modo en que dieron una licencia a la trama paralela de hidrocarburos, y la exministra de Industria y actual líder del PSOE en la ciudad de Madrid, Reyes Maroto, con la que Aldama se cruzó mensajes para sacar adelante otro de sus proyectos.

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El último informe de la UCO señala además de forma directa la expresidenta de ADIF, Isabel Pardo de Vera, por la contratación de Jésica, la expareja Ábalos, en una empresa pública. También incluye nuevos mensajes que apuntan a posibles irregularidades en el rescate de Air Europa, entre los que destaca uno que Aldama envió a Koldo sobre el entonces CEO de Globalia, Javier Hidalgo:."Está muy jodido con el tema este, se está buscando la vida y acaba de llamar a Begoña", le advirtió.

El caso Koldo va así creciendo con cada nuevo informe, pero, por el momento, ya ha conectado con la investigación paralela del juez Juan Carlos Peinado sobre la mujer de Sánchez por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional. El juez ha abierto además una pieza separada para investigar una posible malversación en torno a Cristina Álvarez, la asesora de Moncloa que ejerció como secretaria personal de Begoña Gómez y que le ayudó con sus negocios privados.

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Este mismo miércoles, Peinado se desplazó al Palacio de la Moncloa para interrogar a Félix Bolaños por esa pieza separada. El ministro de Justicia trató de desmarcarse de la contratación de la asesora y aseguró que nunca fue su jefe, para lo que repasó el organigrama de Moncloa. La principal duda se centra ahora en qué otros altos cargos citará Peinado para tratar de aclarar esa posible malversación.

Mientras tanto, otra de las causas que afecta al entorno más cercano de Sánchez se instruye a más de 300 kilómetros de Madrid, donde la jueza Beatriz Biedma mantiene imputado al hermano del presidente. La sospecha se centra en que la Diputación de Badajoz creó un puesto a medida de David Sánchez. De hecho, tras hallar nuevos mensajes que apuntan a que supo desde el primer momento que la plaza sería para él, la jueza volverá a tomarle declaración el próximo viernes 25 de abril.

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Ese mismo día, Biedma ha citado además como investigado a otro exasesor de Moncloa que acabó contratado en el mismo departamento de la Diputación. Según consta en los mails del caso, ambos se conocían previamente, hasta el punto de que esta persona, llamada Luis Carrero Pérez, se dirigía al familiar del presidente como "querido hermanito". Carrero también se encargó de presentar unos informes anuales para tratar de justificar el trabajo de David Sánchez, pero la jueza cuestiona su autenticidad.

Por último, queda por ver si la causa que se sigue en el Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se extiende a nuevos cargos del Gobierno. El magistrado Ángel Luis Hurtado se ha dirigido a Google y WhatsApp para tratar de recuperar los mensajes que García Ortiz borró en plenas filtraciones contra el novio de Díaz Ayuso, pero aún no ha recibido respuesta.

La mano derecha del ministro Óscar López, Pilar Sánchez Acera, ya tuvo que declarar como testigo ante el Supremo por estas filtraciones. Según defendió, ni siquiera no recuerda quién le envió el correo clave del novio de Díaz Ayuso y tampoco conserva los mensajes al respecto. El magistrado considera que esta "ocultación" de Sánchez Acera podría encajar con un delito de falso testimonio, pero todo queda a la espera de recuperar las conversaciones del fiscal general.