Ciudadana Belarra vs. Belarra inviolable: la duda en la que se juega el bolsillo la líder de Podemos

Dos tuits insultantes contra el juez Manuel García Castellón. Una demanda por intromisión en el derecho al honor que puede costarle 240.000 euros. La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, navega en estos días entre la ira y la incertidumbre después de que el Tribunal Supremo haya comenzado a estudiar el caso que arrancó después de que llamara en su cuenta personal de X al magistrado de la Audiencia Nacional ya jubilado "corrupto" y prevaricador. La duda en la que se juega el bolsillo es si lanzó esos calificativos como ciudadana de a pie a título personal o como diputada amparada por la inmunidad y la inviolabilidad parlamentaria.

Para despejar la incógnita, tendrá que esperar varias semanas. De momento, el Tribunal Supremo ha aplazado su decisión final y ha dado plazo a su defensa y a la Fiscalía para que se pronuncien. Si la decisión final implica que lanzó sus post como particular, el Supremo no sería competente para fallar sobre lo sucedido y el caso quedaría en manos de los juzgados ordinarios de lo civil. Serían estos los que tendrían después que ponderar si la red social es una extensión del escaño o no lo es.

La inviolabilidad está recogida en el artículo 71.1 de la Constitución, que dice que los diputados y senadores gozan de ella y no pueden ser juzgados "por opiniones vertidas en el ejercicio de sus funciones". En sí X es un escaparate o un altavoz para desplegar este ejercicio está la discusión. Para la Fiscalía, no lo es y considera que "las declaraciones realizadas por un parlamentario en redes sociales desde su propio perfil, especialmente si son ofensivas o atentan contra el honor de terceros, no están protegidas por las prerrogativas de inviolabilidad".

En la propia decisión que debe adoptar el Supremo, estará la respuesta sobre su criterio. El magistrado Ignacio Sancho, presidente de la Sala de lo Civil ha recalcado a las partes que después de que Belarra no haya negado sus declaraciones, la cuestión es determinar si se manifestó en condición de diputada y puede acogerse a la inmunidad parlamentaria o si esos comentarios ofensivos pertenecen a su ámbito privado, al que no llega la especial protección a la que se refiere la Carta Magna.

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Belarra no solo defiende que es inviolable, sino que lo ha repetido en numerosas ocasiones en las que, además, ha aprovechado para cargar de nuevo contra el juez Castellón. Desde el Congreso, esta vez sí, acusó al magistrado retirado de utilizar la demanda para emprender de nuevo una "guerra judicial" contra su partido. "Es una continuación de la persecución de la guerra sucia judicial a la que este juez ya jubilado ha sometido a su formación y a otras a lo largo de su ejercicio profesional", espetó.

La de Podemos ha esgrimido el Estatuto del Diputado, en el que se precisa que la inviolabilidad alcanza a "después de haber cesado en su mandato", por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones. El artículo no se refiere, sin embargo, a que queden protegidos por lo que digan después de dejar el escaño, sino a que no se les puede juzgar por sus opiniones lanzadas cuando lo conservaban, aprovechando que dejen de ostentarlo.

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Para Belarra, no obstante, el que tendría que acabar en el banquillo es el juez y ella se limitó a "decir la verdad". Insistió en sus insultos y ataques y dijo que a Castellón le trajo de vuelta el PP para afrontar los "muchísimos" casos de corrupción que en aquella fase rodeaban al partido. "Hemos dicho básicamente la verdad", dijo en plural, como si no hubiera sido solo ella. "Protegió a la monarquía corrupta, ha perseguido al independentismo y ha perseguido a Podemos intentando darle la vuelta al caso Dina, intentando fijar como acusado a Pablo Iglesias", repitió.

"Amedrentarles"

La acción civil del magistrado es, para ella, un intento de "amedrentarles y silenciarles" (otra vez en plural) por la "pura descripción de la realidad". Para la Fiscalía, su intención era la de desprestigiar y descalificar profesionalmente al juez, de forma injuriosa y aprovechando la gran difusión que le proporcionaba la red social. El fiscal rebajaba la responsabilidad civil a 20.000 euros y pedía que se la obligara a difundir por la misma vía el contenido íntegro de la sentencia.

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Los dos tuits que dieron inicio al procedimiento fueron lanzados por Belarra tras la jubilación del magistrado. "Hoy el BOE publica la jubilación forzosa del juez García-Castellón. Lo dijimos hace meses y ahora se confirma, este y otros jueces corruptos, que han prevaricado contra quienes defendemos otra idea de España, se van a ir de rositas sin sanción alguna gracias al PSOE. Vergüenza", decía el primero.

Después de la demanda, insistió. "García-Castellón no tenía ganas de jubilarse y continúa la guerra sucia judicial contra Podemos. Se querella contra mí por decir la verdad, que lo que ha hecho para proteger al PP y para perseguir a los adversarios políticos de la derecha, es corrupción, con o sin condena". En rueda de prensa desde el Congreso lo volvió a hacer este jueves, insistiendo en llamar al magistrado, corrupto.