La última comunidad de España sin universidades privadas: "No queremos expendedoras de títulos"

Toda España parece haberse llenado de universidades privadas. Si en 1995 apenas había siete centros, hoy ya son 46. Desde este año, superan la cifra de centros públicos, cuyo número apenas ha crecido en los últimos años. ¿Toda España? No, toda no. Después de la tramitación de dos solicitudes (de la Europea y Antonio de Nebrija) por parte del gobierno de Asturias y el visto bueno a la Universidad Internacional de Extremadura (Uninde), solo queda una última aldea gala que se resiste: Castilla-La Mancha.

Hay multitud de factores que explican que la comunidad autónoma, con una población de más de dos millones de habitantes, se mantenga al margen de la oleada de universidades privadas a las que el presidente socialista Pedro Sánchez se ha enfrentado en las últimas semanas, cuando se refirió a algunas de ellas con el calificativo de “chiringuitos educativos que no cumplen el nivel que cabe exigirle”. Mientras tanto, la CCAA gobernada por Emiliano García-Page desde 2015 se mantiene al margen, aunque no falte el interés.

“Como ya ha dicho varias veces el presidente, no estamos en contra de las universidades privadas, lo que sí queremos es que sean de calidad”, explica a El Confidencial José Antonio Castro, director general de Universidades de Castilla-La Mancha. “Lo que ha dicho el presidente es que no queremos universidades expendedoras de títulos, que se dediquen tan solo a la docencia, sino que tiene que haber investigación y transferencia de conocimiento de calidad”.

La comunidad atraviesa una situación particular que ha facilitado esta resistencia frente a las privadas. Castilla-La Mancha está trabajando en el primer borrador de su nueva ley de universidades que debe aprobarse para el curso 2025-26, por lo que no ha atendido ninguna de las solicitudes recibidas. Se trata de entre ocho o doce peticiones de universidades, todas ellas ya presentes en otras CCAA. “Hemos tenido contacto con otras universidades privadas y a todas se les ha dicho lo mismo, que estamos trabajando en nuestra ley de universidades y no vamos a atender ninguna”, explica Castro. “No ha habido ningún avance, solo hemos tenido tomas de contacto”.

Este punto de partida está permitiendo diseñar una ley estricta en sus criterios de admisión de las universidades privadas, algo imposible para otras CCAA donde ya no hay marcha atrás. Madrid es la comunidad con más centros privados, con 13 en funcionamiento y cuatro nuevos proyectos en marcha, seguida por Cataluña, Andalucía, Canarias y Castilla y León, con cinco centros. “La universidad privada debe destinar una parte de su presupuesto a I+D y a realizar acciones de transferencia al tejido productivo para que las empresas de la región puedan mejorar su competitividad”, explica el director de universidades.

Entre las cifras que manejan se encuentra dedicar alrededor de un 5% de su presupuesto a investigación y transferencia y que sean capaces de darle una solución habitacional a sus posibles estudiantes por el aumento del precio de la vivienda en ciudades como Toledo. “Lo que sí vamos a exigir es un informe a la Conferencia General de Política Universitaria, y añadir un informe preceptivo solicitado a la Aneca, que sea vinculante y que certifique que la universidad cumple unos requisitos mínimos de calidad”, explica Castro.

"Si una universidad no tiene investigación y transferencia, no es una universidad"

Una perspectiva con la que parece estar alineado Julián Garde, rector de la Universidad de Castilla-La Mancha desde 2020. “La ley de universidades debe garantizar la calidad, tanto para las públicas como para las privadas”, insiste. “En ese sentido, creo que la ley debe considerar que para ser universidad, en la ley debe estar recogido y claramente delimitado que una parte del presupuesto propio se debe dedicar a investigación, así como una parte de la dedicación del profesorado, porque si no, no se puede considerar una universidad”. Se trataría, en su opinión, de "academias que solo expenden títulos".

Una herencia histórica

Pero que el gobierno de García Page se haya resistido a la apertura de universidades privadas no explica por qué antes, ni siquiera durante el gobierno de la popular Dolores de Cospedal, se llegó a abrir ninguno de estos centros. Para ello hace falta entender otra particularidad histórica: no solo no hay centros privados, sino que solo hay una única universidad pública (además del campus de Guadalajara de la Universidad de Alcalá), la Universidad de Castilla-La Mancha, donde cada año acuden alrededor de 30.000 estudiantes. Tiene cuatro campus en Toledo, Ciudad Real, Cuenca y Toledo y centros asociados en Talavera de la Reina y Almadén.

La universidad abrió sus puertas en 1985 como una integración de los centros universitarios que pertenecían a la Complutense, Autónoma y Politécnica de Madrid y la Universidad de Murcia. “El objetivo inicial que tenía en aquel momento era democratizar el acceso a la educación superior”, explica Garde. “Antes estudiaban en los centros adscritos de las universidades limítrofes, a veces solo hasta el primer ciclo, y luego tenían que marcharse para terminar la carrera, así que solo el que tenía dinero podía estudiar”.

Como explica la socióloga educativa Delia Langa, de la Universidad de Jaén, es un momento de la historia de España en el que se realiza una gran apuesta por acercar el acceso a la universidad a las clases populares. “En los 80 se da la expansión educativa universitaria en nuestro país, a la que se incorporan nuevos sectores de las clases populares, y suelen ser más chicas que chicos”, explica. Un fenómeno favorecido por “la descentralización de la oferta, la aparición de universidades por toda la geografía española y una política de becas que ayuda a muchos a decidirse a ir a la universidad”.

Castilla-La Mancha, además, cuenta con determinadas particularidades demográficas por su extensión y densidad poblacional, una de las menores de España. La universidad ha servido para vertebrar el territorio, como explica Garde, que recuerda que realizan cursos de verano en las localidades de menos de 5.000 habitantes. Por eso, aunque en su momento se debatió la posibilidad de dividirla en dos o cuatro universidades diferentes, el rector considera que fue un acierto no hacerlo: “El hecho de que seamos una única universidad regional fue un acierto cuando se implantó hace 40 años”, explica. “En otras comunidades hay una universidad por provincia, pero esto nos permite ser más eficientes en el uso de los recursos”. Por ejemplo, permitiendo el movimiento de profesores entre campus de las distintas provincias.

Una cuestión político-ideológica

Una de las grandes bazas ha sido lo que el rector considera una buena financiación. “Un motivo importante es que la universidad pública de Castilla-La Mancha está bien financiada por su gobierno autonómico, mantiene unos estándares de calidad importantes en base de distintos parámetros y eso nos hace tener un grado de cobertura de nuestras plazas muy alto”, reconoce. Este año ha cubierto el 99,52% de plazas de primer año. El 22% de sus estudiantes provienen de otras comunidades. Principalmente, y dependiendo del campus, de la Comunidad de Madrid, de la Región de Murcia, de Andalucía y la Comunidad Valenciana.

No se puede perder de vista la importancia clave que tiene el factor político en el caso de Castilla-La Mancha, que ha encadenado gobiernos socialistas durante los últimos 40 años, con la salvedad del interregno de Cospedal entre 2011 y 2015. Un período en el que, no obstante, como señalaba un informe del Observatorio del Sistema Universitario, fue la comunidad en la que más recortes se produjeron en inversión universitaria entre 2009 y 2015. En concreto, de un 38%.

“El factor ideológico es clave”, explica Langa, que recuerda que en Andalucía se ha apostado desde 2017 por la universidad privada con la apertura de cinco centros, algunos de los cuales en contra de los dictámenes de la Conferencia General de Política Universitaria. “Se cree en el mercado como un modelo que aumenta la eficiencia y la calidad”. Por lo general, aquellas comunidades donde más han proliferado las universidades privadas han sido las gobernadas por el PP. La cercanía de Madrid, más proclive a la iniciativa privada, puede haber sido otro elemento disuasorio a la hora de plantear un proyecto en Castilla-La Mancha.

Para la socióloga educativa, el punto de inflexión se encuentra en 2008 y el comienzo de la crisis económica. Se produce entonces un reajuste credencialista en el que se populariza la idea de que hay demasiados universitarios, pero se abren nuevos centros privados, al mismo tiempo que también crece la oferta de Formación Profesional privada, lo que provoca que las clases populares tengan menos posibilidades de acceder a la universidad. En Andalucía, explica, el modelo Velasco de financiación se ha traducido en “una apuesta muy clara de arropar la oferta privada a la vez que se asfixia económicamente a la universidad pública con modelos de financiación cambiantes”.

La Universidad de Castilla-La Mancha ha mejorado sus posiciones en los rankings internacionales durante los últimos años. Según el ranking de Shanghái de 2024, ha ascendido hasta el rango 701-800 desde el 801-900, y se sitúa entre las mejores 500 universidades del mundo en Veterinaria u Hostelería y Turismo. Según el Young University Ranking 2024 de Times Higher Education, se encuentra entre las mejores 250 universidades jóvenes del mundo.

Castro presume de la buena salud de una universidad que no tiene la trayectoria de centros vecinos como la Complutense o la de Granada. “Es una universidad que desde los gobiernos hemos fortalecido; por ejemplo, el próximo año la primera matrícula será gratuita”, recuerda el director de universidades. “Es importante que no solo se imparta docencia, investigue o haga transferencia, sino que sirva como ascensor social para que cualquier estudiante pueda acceder; y que sea un servicio público, porque cuanto más formada esté la población, mejor nos irá a Castillla-La Mancha”.

Para seguir manteniendo estas posiciones, Garde incide en la importancia de la financiación. Más allá de la modificación del Real Decreto de creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios en la que trabaja el gobierno, recuerda la importancia de “cumplir con la LOSU y llegar el menos a un 1% de inversión en universidades antes de llegar a 2030”.