Sin amnistía en el próximo ciclo electoral: la incertidumbre judicial de Junqueras y Puigdemont

El horizonte judicial de Carles Puigdemont y Oriol Junqueras sigue en el aire porque la Ley de amnistía sigue en el aire. La maraña judicial que envuelve el intento del Gobierno de borrar las consecuencias penales del procés en cumplimiento de su acuerdo de investidura con Junts dificulta que los beneficiarios puedan hacer un pronóstico certero, pero las principales hipótesis apuntan a que la cosa va para largo. La consecuencia práctica es que la estrategia política de los dos partidos independentistas catalanes está amenazada.

A pesar de que el presidente del Tribunal Constitucional (TC), Cándido Conde-Pumpido, confirmó el pasado lunes que pretende resolver “antes del verano” el primer procedimiento vinculado a la amnistía, esto no significa que el asunto se acabe ahí. Es más, empieza a ganar peso la idea de que la situación de los dos líderes del procés no va a cambiar antes del inicio del próximo ciclo electoral, en 2027: municipales de mayo y, en caso de llegar a término, las correspondientes legislaturas, generales en verano y catalanas al comienzo de 2028.

En menos de dos meses se cumplirá el primer aniversario de la aprobación en el Parlamento de la Ley de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña, y ese es el plazo en el que Conde-Pumpido quiere que el tribunal que preside empiece a pronunciarse sobre un asunto que fuentes internas del TC consideran “la más importante de los últimos quince años, desde la sentencia del Estatut en 2010”. En los cuarteles generales de ERC y Junts todo esto se vive con mezcla de expectación, desesperación y paciencia franciscana ante un embrollo judicial complejo que acabará resolviéndose en Europa, pero que todavía se disputa en el Supremo y en el que está a punto de entrar el Constitucional.

En ERC explican que “hace tiempo” que han renunciado a hacer “ningún tipo de cábala”, pero que “el más escéptico” es siempre el propio Junqueras. “Es el primero que recuerda que él es el que capitaliza la mayor de las penas de la sentencia, porque le acusaron de rebelión de modo instrumental para evitar su participación en los procesos electorales”. Por eso, el propio Junqueras prevé que él va a ser “el último en incorporarse a la vida civil ordinaria” y que nada está decidido sobre cómo proceder cuando vuelva a estar habilitado. “Igual lo que lleva ese calendario es que sea candidato al Congreso”, apuntan.

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En Junts, como adelantó el sábado este periódico, cunde el desánimo ante las consecuencias que esta situación pueda tener en el capital político de Puigdemont y en la fortaleza de un partido que se dirige a 1.300 kilómetros de Barcelona.

Treinta procedimientos

En el acto del pasado lunes en el Ateneo de Madrid, Conde-Pumpido explicó que el TC no se está resolviendo un único asunto sobre la amnistía, sino treinta: el primer grupo son un total de dieciséis recursos presentados por el PP, por doce gobiernos autonómicos populares y por algunos parlamentos autonómicos también controlados por el principal partido de la oposición. Por todo ello, parece razonable pensar, con todas las cautelas, que en esa primera resolución de “antes del verano” el tribunal dé luz verde a la constitucionalidad de la amnistía, aunque ese no será el final del proceso en el máximo órgano de garantías, sino el comienzo. Después, también en el TC hay hasta ocho recursos de amparo presentados por particulares. Y, para completar el total de 30, habrá que resolver seis cuestiones de constitucionalidad presentadas por distintos tribunales, incluidos el de Cuentas, el Superior de Justicia de Madrid y, como no, el Tribunal Supremo.

Aunque fuentes oficiales del TC no se atreven a vaticinar cuándo se resolverán todos estos procedimientos, hay quien considera que puede resolverse antes de final de año. Será entonces cuando la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo presente la cuestión prejudicial ante el TJUE que ya ha anunciado en un par de ocasiones. Dispondrá de un plazo de tres meses para formalizarla, lo que nos emplaza al comienzo del 2026. Dado que el tribunal europeo tarda en resolver una resolución de este tipo entre 15 y 18 meses, el final del proceso puede demorarse hasta 2028, cuando las elecciones municipales, generales y catalanas ya se hayan celebrado.

No obstante, el estatuto del TJUE cambió el pasado 1 de octubre y desde entonces parte de las prejudiciales se derivan al Tribunal general con el objetivo de dar celeridad a las causas. Aunque aún es pronto para concluir si este objetivo es plausible, en el independentismo confían que así sea.

Opinión

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Pero eso no es todo: en paralelo a los 30 procedimientos, el pasado jueves la Sala de Apelación del Tribunal Supremo (TS) respaldó la decisión del juez instructor, Pablo Llarena, de no aplicar la amnistía a los líderes del procés fugados de la Justicia: Puigdemont y los exconsejeros Lluis Puig y Toni Comín. Este caso, que todavía no ha concluido su periplo en el Supremo, también acabará en el Constitucional.

Y una cuestión más: varios tribunales españoles han planteado ya cuestiones prejudiciales al TJUE. Esta es la dimensión del embrollo judicial que mantiene a los líderes del procés en un estado de incertidumbre compartido a partes iguales entre sus abogados y sus gurús electorales.

El fondo del asunto

Planteadas las hipótesis sobre los plazos, lo relevante es qué decisión tome finalmente el TJUE, porque el debate jurídico planteado no es menor. La duda que el Supremo podrá plantear a Europa no es sobre la Ley de Amnistía, que ya han considerado “inaplicable” en lo relativo a la malversación: por eso Junqueras sigue inhabilitado y Puigdemont pendiente de juicio. La duda estará en la interpretación que el Constitucional haga de esa ley, la cual adquiere valor normativo. Ahí es dónde estará el debate jurídico de fondo: no es sobre la literalidad de la ley, sino sobre la interpretación que el TC haga de esa literalidad.

Y, entre tanto, en el independentismo germina una duda razonable. ¿Qué interesa más políticamente a Pedro Sánchez, que se aplique definitiva y completamente la amnistía o mantener a sus socios en esa perenne y paralizante indeterminación? Como tantas veces en la última década, la política pendiente de la Justicia.