El PP pone precio al decreto 'anti-Trump': prorrogar la vida útil de las nucleares

El Partido Popular ha decidido poner precio a su apoyo al decreto con el que el Gobierno pretende limitar el efecto sobre la economía española de los aranceles de Estados Unidos: prorrogar la vida útil de las centrales nucleares. “El apoyo a la proposición de ley que presentamos la semana pasada puede garantizar al Gobierno nuestro apoyo al decreto antiaranceles”, explican a El Confidencial desde el principal partido de la oposición.

Esta decisión se produce en pleno enfriamiento de las negociaciones entre el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y el portavoz económico del PP, Juan Bravo, tal y como verbalizó desde Bruselas el presidente popular, Alberto Núñez Feijóo: "Hoy estamos más lejos de apoyar el decreto parche", apuntó. En las últimas horas, Génova ha exhibido públicamente un fuerte malestar con el Ejecutivo al sentirse "engañados" por un presunto "pacto oculto" con Junts, que afirma que las empresas catalanas podrán disponer del 25% de los 5.000 millones de euros comprometidos en avales.

El PP quiere aprovechar esta coyuntura para sacar adelante, con el apoyo del PSOE, la proposición de ley que registró en el Congreso el pasado 4 de abril su vicesecretaria de Desarrollo Sostenible, Paloma Martín, con la prórroga de la vida útil de las nucleares. La flexibilización del calendario de cierre de los reactores también formaba parte del decálogo que Génova envió a Moncloa el pasado lunes, y que Feijóo encuadró en una hoja de ruta necesaria para hacer frente a la guerra comercial en el medio y largo plazo.

De lograr un eventual apoyo de los socialistas —lo cual no parece en absoluto fácil, dadas las posiciones que siempre ha mantenido el Gobierno de Sánchez— Feijóo lograría marcar la agenda legislativa del Ejecutivo con una norma que, por otra parte, va en la línea de las posiciones adoptadas por la Comisión Europea especialmente en la nueva legislatura.

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Desde el comienzo de las negociaciones del decreto 'anti-Trump', el PP ha puesto el foco en dos ejes: fiscalidad y energía. En ambos casos se han encontrado la negativa frontal del Gobierno, si bien en Génova encuentran dos diferencias importantes en favor de situar la cuestión energética como prioritaria. La primera es económica: prorrogar la vida útil de las nucleares no tiene ninguna repercusión de coste sobre las cuentas del Estado, por lo que en caso de ser aprobada la proposición de ley del PP, el Gobierno no puede ejercer un veto presupuestario.

La segunda es de cariz político: cuenta con el respaldo de los partidos independentistas catalanes, dado que en Cataluña hay dos centrales nucleares, Ascó y Vandellós. Ambas en Tarragona, suman tres reactores, lo que sitúa a esta comunidad en la primera de España en energía nuclear. Junts y PP siempre han estado alineados en esta pretensión, pero ERC también ha entrado en esa batalla. Las dos formaciones independentistas facilitaron la aprobación de la última proposición no de ley que el PP presentó en el Congreso para alargar la vida de los reactores.

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Pero esto no es todo. Según ha podido saber este periódico la vicepresidenta de Transición Ecológica, Sara Aagesen, mantendrá una reunión privada próximamente con las empresas energéticas, que ya se han posicionado a favor de la vida útil de las centrales nucleares.

Pese a la pretensión del PP de que el Gobierno acepte sus propuestas antes de desvelar si apoyará o no el primer decreto contra los aranceles —y que no llegará al Congreso hasta el mes de mayo—, desde el Ejecutivo aseguran que tendrían los apoyos necesarios para sacarlo adelante, esté o no Feijóo en la ecuación. Con todo, la Moncloa mantiene la mano tendida a Génova. Y la dirección del PP, tras varios días de vaivenes discursivos, bordean ahora la ruptura con el Gobierno. Ven cada vez más difícil reconducir la situación salvo que haya un gesto importante desde la bancada socialista.

La circunstancia que ha colmado la paciencia de los de Feijóo es que el ministro de Economía haya modificado la redacción de dos disposiciones adicionales en el texto para "contentar" a Junts, y sin informar a su interlocutor, Juan Bravo, de los cambios. En el entorno del vicesecretario económico del PP lo entienden como una traición al espacio de confianza que se había creado entre los dos interlocutores, y ponen en pausa las conversaciones. Génova exige "garantías" al Gobierno antes de volver a sentarse en la mesa, empezando por "desmentir de forma clara" al partido independentista y negar públicamente la existencia de un acuerdo bajo cuerda para "blanquear" sus intereses políticos.