Ya es oficial: Entra en vigor la tasa de basuras y así afectará a tu factura a partir de ahora

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La nueva tasa de basuras ya es oficial y su impacto comenzará a sentirse en los próximos recibos de millones de hogares españoles. A partir del 10 de abril, todos los ayuntamientos con más de 5.000 habitantes están obligados a aplicar este tributo, concebido para sufragar los costes de recogida, transporte y tratamiento de residuos urbanos. La medida, derivada de la Ley 7/2022, responde a exigencias de sostenibilidad de la Unión Europea y ha generado divisiones entre administraciones locales y ciudadanos.

El coste de la nueva tasa de basuras no será uniforme: cada consistorio tendrá libertad para definir su aplicación y cuantía, lo que dará lugar a notables diferencias entre municipios. Según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), en algunos casos el importe será fijo, mientras que en otros se calculará en función del valor catastral, el consumo de agua o el número de residentes empadronados. La media estimada en localidades que ya la aplican ronda los 80 euros anuales.

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Las diferencias entre ciudades son destacables: mientras que Badajoz, Las Palmas de Gran Canaria y Málaga aún no aplican una tasa específica de basuras, en municipios como Barcelona, San Sebastián o Pamplona el importe supera los 140 euros, frente a los menos de 30 euros de Soria o Alicante. Además, algunas localidades han ajustado ya sus tarifas al nuevo marco legal, con subidas del 30,43 % en Gijón, 15,12 % en Guadalajara y 8,01 % en Granada, que entra en el grupo de las ciudades más caras. Madrid y Valladolid, donde antes no existía este tributo por separado, lo incorporan ahora con sus nuevas ordenanzas.

Qué cambia en la factura y a quién afecta

El sujeto obligado al pago será quien disfrute del servicio de recogida de residuos, es decir, el ocupante del inmueble. Esto implica que, en principio, serán los inquilinos quienes deberán asumir el coste, aunque cada ayuntamiento podrá establecer excepciones. Además, se prevé que algunos consistorios adopten bonificaciones o exenciones para personas en situación vulnerable, como familias numerosas, desempleados o pensionistas con bajos ingresos.

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Este nuevo tributo se apoya en el principio de que “quien contamina, paga”, tal y como recoge la normativa europea. No obstante, la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp) ha mostrado su desacuerdo con la redacción de la ley, que califica de “regulación defectuosa”, ya que genera disparidades entre municipios. La entidad solicita una mayor homogeneidad y advierte del riesgo de una aplicación desigual por parte de las administraciones locales, recogen en EFE.

En ciudades como Madrid, los primeros recibos se enviarán a partir de julio de 2025, mientras otros ayuntamientos han optado por plazos diferentes. La medida ha provocado reacciones diversas entre la ciudadanía, en parte por la falta de claridad sobre los métodos de cálculo y por la percepción de que no siempre se premia a quienes reciclan adecuadamente.