La nueva ley que obliga a vender verduras y fruta "fea": así afecta a supermercados, bares y hogares en España

• Multas de hasta 500.000 euros si no se cumple: la nueva ley de desperdicio alimentario que afecta restaurantes y 'supers'
• Desde la donación hasta los supermercados para el "rescate" de alimentos: la batalla europea contra el despilfarro

España ha dado un paso clave para combatir el despilfarro de alimentos con la entrada en vigor de la nueva Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario. Desde el 3 de abril, supermercados y comercios están obligados a poner a la venta frutas y verduras con aspecto imperfecto o poco atractivo, que hasta ahora solían acabar en la basura. Este cambio busca dar una segunda vida a productos que, aunque visualmente no cumplen los estándares estéticos habituales, son perfectamente aptos para el consumo.

La norma fue aprobada definitivamente en el Congreso de los Diputados el 20 de marzo y es la primera legislación estatal en España que regula este problema. Con un enfoque que mezcla sostenibilidad, responsabilidad social y eficiencia económica, el Gobierno quiere reducir el despilfarro en todos los tramos de la cadena alimentaria. Solo en 2023, los hogares españoles desecharon más de 1.100 millones de kilos de comida en buen estado, según datos oficiales.

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Cristina Román

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación destaca que no se trata únicamente de una medida legal, sino también de un llamamiento ético y medioambiental. “No hay alimento más caro que el que termina en la basura”, subrayó el ministro Luis Planas. La ley incide en la necesidad de valorar el trabajo de quienes cultivan, recolectan y distribuyen los alimentos, así como en reducir el impacto ambiental y económico que genera tirar comida aprovechable.

Objetivos, obligaciones y flexibilidad de la ley

El objetivo central de esta normativa es reducir las pérdidas desde el origen de la producción hasta el consumidor final. Para ello, todos los actores de la cadena alimentaria —excepto microempresas y pequeños comercios de menos de 1.300 m²— deberán implementar un plan de prevención antes de abril de 2026.

Además, se establece una jerarquía de usos para los alimentos que no se vendan: primero, consumo humano (transformación en zumos, mermeladas o mediante donación a bancos de alimentos); luego, alimentación animal; y si no es viable, su destino final deberá ser el reciclaje o la producción de biogás o compost. La ley contempla sanciones desde los 2.000 hasta los 500.000 euros para quienes incumplan estas medidas, dependiendo de la gravedad de la infracción.

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La ley también incluye recomendaciones para mejorar los hábitos tanto en empresas como en hogares. Se anima a los comercios a ofrecer productos con fechas próximas de consumo a precios reducidos, fomentar la venta de alimentos con defectos estéticos y facilitar información clara sobre su seguridad.

El objetivo de esta normativa es reducir las pérdidas desde el origen de la producción hasta el consumidor final

En casa, se recomienda planificar las comidas, conservar adecuadamente los alimentos y entender las fechas de caducidad. Además, bares y restaurantes están obligados a ofrecer envases para llevarse las sobras sin coste adicional. Todo ello forma parte de una estrategia más amplia que busca formar, sensibilizar y responsabilizar a la ciudadanía frente a un problema que ya no puede ignorarse.