¿Cuántos proyectos mineros tiene Asturias? Ni la administración que los autoriza lo sabe

El trágico accidente de hace una semana en la mina de Cerredo, donde cinco trabajadores perdieron la vida y otros cuatro resultaron heridos tras una explosión, ha puesto de nuevo el foco en la minería asturiana. En 2018, la Unión Europea obligó a cerrar todas las minas de carbón que no fuesen competitivas —es decir, las que necesitasen subvenciones para ser rentables—. Prácticamente, la actividad se redujo a mínimos en todo el país. En Asturias, el que fuera uno de sus principales motores económicos quedó reducido a la mínima expresión: en el verano de 2024 solo había tres yacimientos de carbón con actividad en la autonomía y contaban con unos 800 trabajadores (a principios del siglo XX llegaron a superar los 12.000), según recoge La Voz de Asturias. La actividad minera es tan residual en la comunidad que el Principado no acoge ni un solo proyecto estratégico de los anunciados por Bruselas a finales de marzo. Un pastel que se reparte íntegramente entre Extremadura, Galicia, Andalucía y Castilla-La Mancha.

La realidad es que no hay muchas licencias de explotación minera en la región. Pero sí hay “una treintena de proyectos de investigación”, según explicó el Gobierno del Principado a La Nueva España. Es decir, compañías que tienen planes para estudiar la viabilidad y rentabilidad de los minerales de un yacimiento, pero en ningún caso para extraerlos. Uno de estos proyectos es el de Blue Solving, la empresa con licencia de investigación complementaria en Cerredo. La autorización de esta compañía, vigente hasta el 11 de abril, figuraba publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (Bopa), pero no en el catastro oficial de la comunidad autónoma —la única forma de tener un listado con todos los proyectos—. De hecho, fuentes del Ministerio de Transición Ecológica (Miteco) sostienen que toda la información relativa a la minería se debería encontrar en ese catastro, dependiente del Gobierno autonómico.

Pero en el listado que actualmente se puede consultar figuran proyectos con fecha de vigencia en los años noventa u otros con declaraciones de impacto ambiental que caducaron hace más de veinte años. La mayoría no especifican ni el inicio ni el final de la actividad. Y hay otros tantos, como el de Blue Solving, que ni siquiera aparecen. De hecho, en la base de datos no hay ningún proyecto registrado que haya solicitado autorización —ya sea de explotación o investigación— después de 2019. El lío en la administración regional impide tener un listado con los proyectos de explotación e investigación vigentes. Preguntado el Gobierno que lidera el socialista Adrián Barbón —el competente en minas— por ese listado y por el número de licencias, no da respuesta.

“La actualización del catastro es un asunto prioritario que hemos trasladado en multitud de ocasiones”, explica César Luaces, director general de la Asociación Nacional de Empresarios Fabricantes de Áridos. Tanto la industria como Comisiones Obreras coinciden en que el trabajo de la administración regional es transparente, pero señalan que hay una negligencia a la hora de trasladar esa información al acceso público. “Está totalmente obsoleto y hasta ahora nadie se ha preocupado en solucionarlo. Pero es una información que se necesita tener”, señala Luaces. También desde la Fundación Minería y Vida apuntan a una desactualización del catastro que han "trasladado en varias ocasiones al Ministerio". Además, desde CCOO ponen el foco en los inspectores que deben supervisar los yacimientos: "No se puede poner la excusa de que son pocos empleados, porque el número de explotaciones es bajísimo".

La falta de información pública sobre la actividad minera es un factor conocido por los distintos gobiernos. De hecho, la actualización e integración de la información es un punto incluido en el Plan de Acción para la gestión sostenible de las materias primas minerales 2025-2029, elaborado por el Miteco y que hasta la semana pasada se encontraba en fase de audiencia pública.

Investigación abierta en Cerredo

Estos días, la opacidad de la información se mezcla con las dudas sobre qué pasó en la mina de Cerredo. Según recoge elDiario.es, el empresario que explotó el yacimiento hace años, Victorino Alonso, y que hoy cumple condena en prisión por problemas ambientales relacionados con la actividad, denunció ante el Miteco y el Gobierno regional el 12 de marzo que en Cerredo había una actividad ilegal. Es decir, se estaría sacando carbón, de acuerdo con este testimonio, cuando el permiso se limitaba a estudiar si era viable la extracción de grafito y a retirar viejos elementos. Lo mismo que, días antes del accidente, detalló un vecino del municipio ante el Principado de Asturias con imágenes y vídeos, según publicó La Nueva España.

TE PUEDE INTERESAR

Miedo y asco en Ponferrada: el rey minero al que todos reían las gracias (hasta que fue tarde)

Carlos Prieto

El Gobierno del Principado ha insistido durante estos días en que se han sucedido hasta ocho inspecciones en esa mina, sin encontrar indicios de actividades ilegales. Sin embargo, este lunes, el mismo Ejecutivo autonómico anunció que abrirá un expediente sancionador a Blue Solving. Además, este martes la Policía Judicial de la Guardia Civil ha vuelto a la mina por segunda vez para comenzar con la investigación in situ y tratar de concretar el motivo de la explosión. Las hipótesis iniciales apuntan a una bolsa de gas grisú y si la actividad que desarrolló allí Blue Solving se ajustaba a las licencias concedidas.