El TC suspende la norma de Ayuso que protege la Casa de Correos frente a la ley de Memoria Democrática

El Tribunal Constitucional (TC) ha suspendido este martes el artículo de la norma autonómica, impulsada por Isabel Díaz Ayuso, que protege a la Real Casa de Correos frente a la Ley de Memoria Democrática e impide la instalación de una placa que recuerda el pasado del edificio como Dirección General de Seguridad durante el franquismo. El fallo se produce tras el recurso de inconstitucionalidad presentado por Pedro Sánchez por una presunta vulneración de las competencias estatales.

El Pleno del TC ha atendido la solicitud del presidente del Gobierno sobre el artículo 4 de la Ley 8/2024, de 26 de diciembre, de medidas para la mejora de la gestión pública en el ámbito local y autonómico de la Comunidad de Madrid, que añade varios aspectos de la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, del Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid. El artículo señalado se refiere a temas relacionados con la protección de la Real Casa de Correos, sede del Ejecutivo regional, y la instalación de placas o distintivos que ha provocado un nuevo choque institucional.

Sánchez alegó que la norma autonómica incumple la competencia estatal e impide la aplicación de la Ley de Memoria Democrática. El escrito, que advertía de una supuesta inconstitucionalidad, señalaba también que el precepto iba en contra de la "regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales".

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El Tribunal ha admitido a trámite la solicitud y suspendido la vigencia y aplicación del artículo en cuestión desde la fecha de interposición del recurso (27 de marzo) para las partes del proceso y desde el día que la suspensión aparezca en el Boletín Oficial del Estado para terceros.

La calificación de la Real Casa de Correos como "lugar de Memoria Democrática" ha motivado el enésimo enfrentamiento entre Moncloa y Sol. Y también el último frente en los tribunales. El Pleno del Tribunal Constitucional, de hecho, también admitió a trámite por unanimidad el recurso planteado por la Comunidad de Madrid por otra vulneración de las competencias autonómicas en materia de memoria democrática y patrimonio histórico-cultural, habida cuenta de que el inmueble no es propiedad del Ejecutivo central.