Moncloa y el PP mantienen todas las vías abiertas para pactar medidas anti-Trump

El Gobierno y el PP prosiguen con todos los canales de comunicación abiertos para pactar la reacción al impacto de la guerra arancelaria planteada por Donald Trump, al margen del primer texto sobre esta crisis que este martes ha aprobado el Consejo de Ministros y que ya ha recogido algunas de las propuestas del principal partido de la oposición. Por primera vez en toda la legislatura, hay un propósito mutuo de tejer acuerdos.

El propio ministro de Economía, Carlos Cuerpo, lo explicitó hoy públicamente tras las negociaciones mantenidas con el interlocutor de Génova, Juan Bravo. "Hay un mensaje muy claro por parte del Gobierno estos días y es la voluntad de dialogar y dar una respuesta de país", señaló. Después de que el domingo por la noche, Cuerpo remitiera a Génova el primer borrador del real decreto ley, la remisión ayer de Bravo de una larga lista de propuestas culminó con la introducción de cambios "a lo largo de la noche".

Desde Economía ya confirmaban esta mañana "todo lo que se podía meter en el real decreto ley, tanto del PP como de otros grupos parlamentarios, se ha incluido". Y, el resto, subrayaban "se vehiculará" a través de otros instrumentos. El ministro insistió sobre ello en su comparecencia en la rueda posterior al Consejo de Ministros: todo lo que se ha aportado "seguirá contribuyendo a diseñar" el resto de planes. "Estamos sólo en un momento inicial, en el que existe una elevadísima incertidumbre y debemos hacer un seguimiento continuo, prácticamente diario, de la situación e ir adaptando la respuesta", explicó.

Ya desde esta mañana el propio Juan Bravo en Canal Sur había reconocido que "hay tiempo" para que se puedan aceptar algunos de los planteamientos que ha hecho su partido porque el real decreto ley no se votará en el Congreso hasta mayo. Génova se abre así a mantener los contactos y a respaldar este decreto. "Seguir confrontando no va a traer nada bueno", apuntaló el responsable económico del PP más tarde en RNE. "Nosotros queremos trabajar".

Después de una primera reunión en la sede del Ministerio el jueves pasado y de remitir el borrador del real decreto ley el domingo, ayer se produjo otro contacto telefónico entre Cuerpo y Bravo a las 16:00 horas de la tarde para abordar las aportaciones del PP. En primera instancia, y según fuentes de Génova, el ministro trasladó que había "dificultades" para modificar el decreto con sus exigencias y que la intención era acudir al Consejo de Ministros "sin incorporar las propuestas" de los populares.

El pesimismo cundió en la dirección nacional del partido, y la posibilidad de acuerdo estuvo a punto de esfumarse. No obstante, Carlos Cuerpo volvió a telefonear a Juan Bravo alrededor de las diez de la noche para transmitir su voluntad de incorporar "algunas cuestiones" al texto, aunque sin ofrecer "garantías" sobre los asuntos en los que había margen para flexibilizar su postura.

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Mientras se producían esas conversaciones, Economía siempre hizo saber a los medios de comunicación que iban a "analizar las medidas" y que la interlocución con todos los grupos parlamentarios estaba "ayudando a dar forma" al texto definitivo del real decreto ley, que en el plazo máximo de un mes debe convalidar el Congreso de los Diputados.

El Ministerio remitió un nuevo borrador a Génova pasada la medianoche, en la que hacían alguna modificación que los populares siguen considerando "insuficiente", pero que sirve al menos para mantener la interlocución y seguir llegando a pactos en las próximas semanas. "Necesitamos un plan completo que dé respuesta a la situación actual, y el PP ha puesto uno a disposición del Gobierno", insisten en Génova. "Es compatible agradecer que el Gobierno haya actuado en las formas de un modo diferente a cómo lo hicieron en otras ocasiones y considerar que la postura del Gobierno es excesivamente estricta y poco sensible en las propuestas del PP", señalan.

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En concreto, el real decreto aprobado este martes incluye una disposición reclamada por el PP para que el ministro de Economía comparezca trimestralmente en el Congreso para informar sobre el cumplimiento del plan contra los aranceles. El Ejecutivo también amplía el Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM) que pasa de 500 a 720 millones (el Gobierno pretendía quedarse solo en la primera cifra) y otra disposición para garantizar la participación territorial en los nuevos recursos financieros, sin entrar aún en el papel de las autonomías para la reasignación de los Fondos UE. Fuera del texto, el Ejecutivo se muestra también abierto a definir las condiciones de las líneas de avales del ICO, pero eso, recuerdan, es un acuerdo del Consejo de Ministros.

El decálogo que Génova envió anoche a la Moncloa también incluye otros planes a medio y largo plazo. Entre otros puntos, Feijóo propone un plan de competitividad industrial y una revisión de la política fiscal, con la vista puesta en la rebaja del IRPF, la reducción de las cotizaciones sociales o la eliminación del impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica. El Gobierno reitera que tiene una total disposición a dialogar e ir tomando decisiones en función de las circunstancias de cada momento. Nunca en los últimos años, socialistas y populares han mostrado una sintonía parecida.