El Constitucional prepara su pleno más tenso con avisos de irregularidades para Pumpido

Avanzan los días y la cuerda se va tensando cada vez un poco más. El Constitucional debatirá esta semana en Pleno la capacidad de los tribunales de resistirse ante las resoluciones del tribunal en una iniciativa con la atención centrada en las sentencias de los ERE de Andalucía y promovida por el presidente, Cándido Conde-Pumpido. Los ánimos están cada vez más caldeados y comienzan a lanzarse desde el grupo conservador amenazas de "irregularidades" de las que serían responsables aquellos que promuevan poner coto a la libertad del los jueces de acudir a la Justicia europea, incluso plantando cara para ello al TC. Desde el grupo progresista enmarcan la cuestión en una deliberación sobre una situación que no se había planteado con anterioridad y que afecta a la efectiva ejecución de las sentencias. Quedará en algo interno que "no va a determinar acción alguna", aseguran las fuentes consultadas.

Pumpido y la mayoría progresista ve en estas iniciativas un conato de rebelión que socava la autoridad del Constitucional y puede provocar un efecto llamada que extienda el incumplimiento de los fallos, pero hasta los informes técnicos que han reclamado a sus letrados desaconsejan una intervención. Sin embargo, como ha confirmado el público el propio presidente, el suflé ha ido bajando y aunque la nulidad para la Audiencia sevillana era un inicio una opción, se ha descartado. "Respetamos la autonomía de cualquier órgano jurisdiccional", ha destacado. También ha incidido en que lo que ha hecho es convocar un debate interno en el tribunal que preside porque la consulta en cuestión es un "asunto novedoso", por lo que entiende que "el TC tiene la obligación de reflexionar sobre ello".

Pese a todo, el presidente no oculta su preocupación. En un desayuno informativo celebrado este lunes, ha asegurado que le "preocupa muchísimo" que se esté cuestionando la legitimidad del TC desde la política y desde el Tribunal Supremo. Ha lamentado que se amenace a sus magistrados, incluso por la vía penal, al tiempo que ha advertido de que atacar a la corte de garantías es atacar también a la Constitución. "Me preocupa muchísimo, porque cuestionar al TC es cuestionar a la Constitución, cuestionar la legitimidad para poder dictar sentencias que sometan a los poderes públicos, es de alguna manera cuestionar también el sistema democrático. Por lo tanto, me preocupo", ha dicho, según reproduce Europa Press.

En este ambiente tan caldeado se celebra una reunión de especial sensibilidad. El Pleno examina dos cuestiones prejudiciales distintas. La primera, promovida por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y ya remitida a Luxemburgo, discute la postura del Constitucional respecto al enjuiciamiento sobre la validez de los laudos por infracción de orden público. La segunda, aún en curso, la firma la Audiencia Provincial de Sevilla que considera que el TC se extramilitó en su interpretación sobre los hechos vinculados a la trama de corrupción que más ha afectado a los socialistas andaluces.

Tanto en un caso como en otro, la idea que subyace en las consultas es si los tribunales pueden dejar de aplicar sentencias del TC si consideran que no cumplen con los estándares del Derecho de la Unión. Todo un mazazo para Pumpido que, en las últimas semanas, ha visto además cómo se le discute también la forma técnica de conducir el debate, mediante la reclamación a ambos tribunales de los expedientes de las dos cuestiones prejudiciales realizada, tras la orden del presidente, por un letrado de la administración de justicia adscrito a la Sección Primera.

La rebelión no solo no se ha apagado, sino que ha crecido. Tanto Sevilla como Madrid se han plantado ante la solicitud de esta documentación. La Audiencia andaluza reclamó al TC que le justificara "la finalidad o cuestión de ser" de su petición. Mientras tanto, la de Madrid contestó de modo parecido y solicitó la resolución del tribunal que motivaba su petición. Ambos movimientos apuntan a que consideran que la forma en la que el TC se dirigió a ellos no se considera regular.

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Y por las irregularidades van los tiros. De momento, como preparación del pulso del Pleno, el grupo minoritario ha preparado ya dos informes. Los conservadores avisan en ambos de que la interferencia, injerencia, condicionamiento, impedimento u obstaculización por el TC del planteamiento de cuestiones prejudiciales por los tribunales ordinarios nacionales constituiría un grave atentado a la independencia judicial.

La cosa no se queda ahí, ya que avisan del riesgo de que un movimiento así motive "la responsabilidad del Reino de España, exigible mediante un procedimiento por infracción". El más reciente incluso apunta que no se puede descartar "que se haya podido incurrir ya en esa responsabilidad por la exigencia indebida de explicaciones o la eventual emisión de informes por este Tribunal Constitucional dirigidos a justificar la improcedencia o incorrección del planteamiento de las cuestiones prejudiciales".

La Fiscalía como aliada

Los progresistas, sin embargo, cuentan con una aliada: la Fiscalía. Los fiscales de los ERE, dependientes de la Fiscalía Anticorrupción, se han opuesto en Sevilla a que se remita la cuestión prejudicial y, al hacerlo, han argumentado por qué no procede con una tesis que será previsiblemente la misma o muy parecida a la que defienda el grupo que lidera Pumpido. Lo han hecho, eso sí, "siguiendo las instrucciones recibidas a tal efecto", lo que apunta a una intervención de la Fiscalía del Supremo contraria a su criterio inicial.

El informe asegura que el Constitucional está "perfectamente facultado" para controlar la interpretación y aplicación de las leyes y se adecúa a las exigencias del principio de legalidad penal. Por eso, dicen, no hay duda de que "no se extralimita" al anular una resolución judicial cuando entiende que la interpretación de los tribunales vulnera ese principio. Además, muestran dudas sobre si el desvío de fondos de los ERE afectó a los intereses de la UE y tiene, por ello, sentido que se implique al TJUE.

En la batalla, el grupo mayoritario tiene a su favor los números. Los dictámenes recabados por el propio presidente y el grupo progresista sugieren que lo más sensato es no actuar contra los tribunales rebeldes, pero dejan caer que la iniciativa de la Audiencia de Sevilla es un pataleo sin fundamentos. Algunos magistrados de este sector defendían en inicio empujar una nulidad de la cuestión prejudicial, pero, a la vista de los dictámenes, parece poco probable que se logre el consenso.

Distintas fuentes consultadas apuntan a que Pumpido intentará pelear por un acuerdo de mínimos, quizá una advertencia simbólica destinada a desincentivar este tipo de consultas. No descartan, pese a todo, que las propuestas escalen. El Pleno se prevé tenso y a la medida del calado de la decisión final.