El Gobierno invalida a Transparencia Internacional para medir su corrupción tras caer 10 puestos en el ranking

El Gobierno presumía hasta hace bien poco de estar en las "mejores posiciones" en los rankings internacionales que miden la corrupción. Una realidad que se ha venido abajo en los últimos años con la tramitación de la ley de amnistía y el afloramiento de casos de corrupción que afectan al entorno más cercano del presidente: caso Koldo, Begoña Gómez y las investigaciones en torno a la colocación de su hermano, David Sánchez, en la Diputación de Badajoz. En el último índice de corrupción elaborado por Transparencia Internacional, una fuente de referencia, España caía 10 puestos, llegando a ser superado por Ruanda. Tras esta última cifra, el Gobierno invalida al ente internacional en una respuesta escrita al Congreso de los Diputados.

"El índice de percepción de la corrupción es un indicador agregado, elaborado por una organización no gubernamental, sin que quepa la comparación exacta entre países al no ser homogéneos los criterios de medición", dice ahora el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Esta respuesta por escrito ha sido emitida a una serie de preguntas registradas por el diputado popular Félix de las Cuevas.

El Índice de Percepción de la Corrupción que elabora Transparencia Internacional situó en 2024 a España cuatro puntos y diez puestos por debajo del año anterior. Nuestro país bajó a la posición 46 de un total de 180 países analizados. "¿Qué valoración hace el Gobierno del paso negativo que se ha dado en esta materia en nuestro país en el año 2024? ¿Cuáles son los casos que considera el Gobierno que han influido para que España descienda en este ranking? ¿Tiene el Gobierno previstas medidas para revertir esta situación?", fueron las preguntas formuladas por el diputado del PP.

A las dos primeras preguntas, el Gobierno responde quitándole valor al ranking por elaborarlo una ONG y contar con datos que no son "homogéneos" entre países. Una explicación que resultaría válida para justificar la caída de puestos en el ranking, pero no la caída de puntuación. En cuanto a qué medidas plantea el Gobierno para mejorar el resultado del índice, Moncloa alude al Plan de Acción por la Democracia que verá la luz en los próximos meses con normas que afectarán a los medios de comunicación, las redes sociales y los procedimientos judiciales.

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"El Gobierno trabaja en medidas para reforzar las políticas y reformas anticorrupción, recogidas en el Plan de Acción por la Democracia, aprobado el pasado 17 de septiembre de 2024, como la regulación de los grupos de interés (Proyecto de Ley de transparencia e integridad de las actividades de los grupos de interés), la modificación para reforzar la autonomía y capacidad del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (Real Decreto 615/2024) o la puesta en marcha de la Autoridad Independiente de Protección del Informante (Real Decreto 1101/2024)", responde el Gobierno.

En el del Plan de Acción por la Democracia se incluyen medidas como la modificación de la ley de Secretos Oficiales, una norma del franquismo a la que el Gobierno se ha acogido en numerosas ocasiones para ocultar vuelos en Falcon. Esta ley permite al Gobierno ocultar información que afecte a la seguridad del Estado. Sin embargo, en la modificación en la que están trabajando quieren incluir el concepto de "intimidad" como uno de los factores que puede permitir al Ejecutivo no hacer pública una información.

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También se incluyen medidas como el nombramiento de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) como árbitro de los medios de comunicación y de las redes sociales. En estos momentos, al frente de la CNMC se encuentra Cani Fernández, abogada que trabajó en el gabinete de Pedro Sánchez en Moncloa. Otra de las propuestas más polémicas es la modificación de la ley de Enjuiciamiento Criminal para dejar a la Fiscalía al frente de las investigaciones judiciales. Una Fiscalía que depende de un fiscal general del Estado nombrado por el Gobierno.

El Banco Mundial deja en mal lugar la democracia española

Transparencia Internacional no es el único organismo internacional que alerta sobre los problemas democráticos en España. El Banco Mundial situó al Gobierno de Sánchez en mínimos históricos en calidad regulatoria y del Estado de derecho en sus últimos indicadores de gobernanza global. Estos indicadores cotejan bases de datos de más de 30 think tanks, organizaciones internacionales y firmas privadas.

Los últimos datos corresponden a 2023, antes del estallido del caso Koldo y los otros casos de presunta corrupción que afectan al entorno de Sánchez. En el índice sobre la calidad del Estado de derecho, España se sitúa en la actualidad en el 78,3 de percentil (siendo 0 el peor resultado posible y 100 el mejor), el tercer peor dato de la serie histórica. En cuanto al control de la corrupción, España obtiene un 71,7 de percentil, una cifra que le sitúa como la tercera peor del registro.