El Gobierno retiró el recurso para no asumir el millar de niños inmigrantes tras el rechazo del Supremo

El Gobierno ha presionado al máximo al Ejecutivo canario para no cumplir la resolución del Tribunal Supremo que le daba 10 días para hacerse cargo de 1.008 niños extranjeros que habían pedido asilo en España. La Sala de lo Contencioso-Administrativo aceptó la pasada semana la medida cautelar solicitada por Canarias que obligaba al Ejecutivo central a ocuparse de estos menores. Sin embargo, la Abogacía General del Estado llegó este jueves a presentar un recurso de reposición para tratar de congelar la decisión que fue retirado en unas horas. Eso sí, los servicios jurídicos del Ejecutivo solo tomaron la decisión de desistir de su intento después de que el alto tribunal rechazara su pretensión de paralizar de urgencia la obligación de hacerse cargo de los menores.

Según explicó este viernes el ministro de Justicia, Félix Bolaños, la reunión que ayer se produjo entre el Gobierno de España y el de Canarias resultó "muy productiva". Y fruto de ese encuentro, señaló, y "de los avances que se han producido, como muestra de lealtad y de buena fe en la negociación, hemos retirado ya ese recurso que se había interpuesto". Lo que no concretó el ministro es que la retirada se produjo cuando la pretensión ya estaba perdida. La Sala no vio motivos para paralizar el plazo y la obligación estatal de atender a los menores. Aunque el Gobierno tenía opciones de seguir pleiteando respecto al fondo, sus perspectivas ni eran buenas ni podían librarles de asumir la responsabilidad impuesta.

Además, las declaraciones de Bolaños son contrarias a la posición expresada durante estos días por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Inicialmente, Torres, que es quien siempre ha estado al cargo de las negociaciones, se mostró partidario de asumir el auto, pero los servicios jurídicos del Estado esgrimían en su escrito que la competencia sobre menores es de la comunidad autónoma, al margen de que hayan pedido o no protección internacional al huir de conflictos y persecuciones.

En la reunión mantenida este jueves entre el ministro y el presidente canario, Fernando Clavijo, se acordó valorar "caso a caso". Pero en ese momento, el Ejecutivo de Canarias no era consciente de que se había presentado el recurso. "El Gobierno de España va a respetar lógicamente ese fallo, lo va a llevar a la práctica, lo vamos a hacer con las reuniones que sean precisas también con la comunidad autónoma de Canarias y defendiendo el interés superior del menor ante unas circunstancias que nosotros no solamente comprendemos, sino con la que hemos actuado", dijo Torres. Este viernes precisó que "por norma se recurre cualquier auto".

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Él mismo reconocía un día antes que la decisión del Supremo suponía "defender los derechos humanos, los derechos de los menores y responder ante el hacinamiento" de los casi 6.000 niños que se encuentran en Canarias. Pero aún así el recurso se había registrado aunque, según apuntan fuentes canarias, no pueden asegurar que Torres lo supiera porque la cita era, precisamente, para dar cumplimiento al fallo.

Este mismo jueves, Clavijo había comunicado al tribunal y al Gobierno la relación de niños inmigrantes con el expediente de asilo terminado y los que han cursado la solicitud y ya se abordó que "con carácter inmediato" pasen a la red de protección del Estado, lo que significa que salgan de Canarias. Se fijó además la celebración de nuevas citas técnicas, para evaluar las circunstancias de cada uno de los afectados. Aunque el Supremo dio de plazo hasta el día 9 al Ejecutivo para que los menores formen parte del sistema de asilo, las llegadas a la península se producirán de manera escalonada, en función de la edad o de si están o no escolarizados.

Estos 1.008 menores son sólo una parte de los niños inmigrantes que están acogidos en Canarias y que el Gobierno, con la reforma de la ley de Extranjería que se votará la próxima semana en el Congreso, obligará a las comunidades autónomas a asumir. Pero este millar queda en manos del Ejecutivo como solicitantes de asilo político. A pesar de la claridad del auto del Supremo, que ha tenido en cuenta la situación dramática de los menores varados en las islas, muchos de ellos hacinados en los centros de acogida, el ministro de Justicia insistió hoy en que se ha "desistido" del recurso "para poder trabajar en el acuerdo" con Canarias. Horas después de las declaraciones de Bolaños, el ministro Torres ha mantenido la misma posición.

La decisión del Supremo

El pasado día 26, el alto tribunal dio diez días a la Administración del Estado para que garantizara el acceso y permanencia en el Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional de esos menores. Los magistrados ordenaron esta medida cautelar a instancia de la comunidad autónoma, que antes de acudir a los tribunales ya había requerido al Gobierno de España que se hiciera cargo de ellos.

La Sala de lo Contencioso reprochaba que la Administración del Estado no ha puesto a disposición de estos menores "los recursos, programas y mecanismos" que son propios del sistema de acogida, al que "tienen pleno derecho y cuya implantación efectiva se revela, además, imprescindible para corregir la actual situación de hacinamiento". Los magistrados reconocen que esto "exigirá de la forzosa colaboración y cooperación de la comunidad autónoma", pero consideran que "en la actual situación resulta urgente que se garantice el acceso de estos menores (...) al sistema estatal, del que no pueden permanecer al margen".

El Supremo concluía que el Gobierno debía hacerse cargo de la situación de manera inmediata: "Ante la situación insostenible de los menores solicitantes de asilo en la comunidad autónoma de Canarias (...), entendemos que la protección de la finalidad legítima del recurso exige el otorgamiento de la tutela cautelar en el sentido de requerir a la Administración del Estado para que, en el improrrogable plazo de 10 días, garantice el acceso y permanencia".