Los informes de Pumpido desaconsejan también limitar la consulta a la UE por los ERE

Los informes que reclamó el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido a raíz de la cuestión prejudicial que planea elevar la Audiencia Provincial de Sevilla sobre las sentencias de los ERE de Andalucía, desaconsejan actuar contra el tribunal y “extremar la prudencia institucional”. Los dictámenes se unen a otros que han ido solicitando distintos magistrados del órgano de garantías constitucionales de cara al Pleno sobre la cuestión previsto para la próxima semana.

El presidente cuenta de forma directa con tres dictámenes que se centran en distintos aspectos de la polémica. “La prudencia y el respeto institucional al ámbito competencial de las distintas jurisdicciones impiden sugerir ningún tipo de actuación por parte del Tribunal Constitucional en una tesitura como la abierta por el auto de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid y la providencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Sevilla", incide uno de ellos.

Pese a ello, el análisis avisa que las iniciativas parecen más bien orientadas a contradecir las decisiones del tribunal en lugar de aclarar dudas reales. En el caso de la Audiencia de Sevilla asegura que existen vacíos, ya que falta concretar qué precepto del Derecho comunitario se ve conculcado. Es -dice- “una mera manifestación de disconformidad” con lo resuelto por el Constitucional.

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“En el plano fáctico, es notorio que no existe ningún fondo o interés financiero de la Unión Europea que se vea afectado por el caso ERE. Por consiguiente, no existe ninguna relación del caso de los ERE con “los intereses financieros de la Unión” ni, por ende, con el Derecho de la Unión Europea. En el plano jurídico, la anulación de las condenas llevada a cabo por las sentencias de amparo dictadas por el Tribunal Constitucional en el caso ERE tampoco tiene nada que ver con el Derecho de la Unión”, destaca.

Uno de los informes destaca también "la total carencia de fundamento" de cualquier objeción de Derecho europeo a las sentencias constitucionales del caso ERE. Se refiere, como ya publicó este diario, a la jurisprudencia Taricco y destaca la manifiesta inexistencia de relación del caso con los intereses financieros de la Unión, premisa de la aplicabilidad del Derecho de la Unión Europea.

No impiden la persecución penal

También dice que las sentencias de amparo "no impiden la persecución penal implacable de quienes han defraudado los fondos andaluces destinados a los expedientes de regulación de empleo: por el contrario, todas las sentencias enfatizan el deber de los tribunales penales de sancionar las conductas delictivas”.

Los informes están elaborados como base para el debate que arrancará la próxima semana y en el que se estudiarán, además, otros dictámenes contrarios a poner límites a la capacidad de los jueces españoles de apelar a la Justicia Europea contra decisiones del TC. Sus conclusiones parecen desaconsejar la idea de anular la acción de la Audiencia sevillana.