Dos veinteañeros y un muerto: problemas para localizar a los testaferros de la trama de hidrocarburos

La Policía Nacional ha trasladado a la Audiencia Nacional sus problemas para dar con el paradero de varios testaferros de la trama desarticulada en el caso hidrocarburos, acusada de un fraude al IVA superior a los 200 millones. Se trata de dos testaferros de 23 y 27 años que integraban el entramado societario de la red. Además, las autoridades han comunicado también al juez que un tercer investigado no aparece porque habría muerto.

El Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional que dirige el magistrado Santiago Pedraz recibió hace dos semanas un oficio de la Policía Nacional en el que le informaba de la situación de estos tres investigados. El primero de ellos, Jaime S.G., es un sevillano nacido en junio de 2001 que vive en Majadahonda, uno de los municipios más exclusivos de la Comunidad de Madrid. La Policía se apoyó en los agentes del cuerpo local para dar con su paradero en la calle en la que está empadronado y en otras dos vinculadas a su entorno, pero no ha aparecido.

En una providencia dictada este lunes por el juez Pedraz, y “visto el resultado negativo de la citación”, da traslado al fiscal del caso para que informe lo que considere. Ahora el representante del ministerio público podría solicitar que se dicte en su contra un auto de busca y captura para prestar declaración en la Audiencia Nacional.

El segundo joven es Aarón G.R., nacido en Talavera de la Reina (Toledo) en 1997. La Policía Nacional informó al juez que tras varios intentos logró dar con el investigado. En lugar de darles un teléfono directo suyo, les ofreció el de su madre para futuras comunicaciones, así como un correo que parece el nombre de un comercio.

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Tras varias averiguaciones, las autoridades han dado con su domicilio en el municipio toledano de Cazalegas, junto a la casa en la que vive su abuela. No obstante, en el mismo informe de la Policía Nacional se da cuenta al juez que, además de no tener un contacto directo para localizarle, el joven dice que no suele estar en casa porque “trabaja por todo el territorio español”.

El tercer investigado ya no es un veinteañero y su búsqueda ha dado con un acta de defunción. Se trata de Francisco Javier R.R., nacido en Granada hace 50 años. Según el acta entregada por la Policía al Juzgado, este hombre lleva más de un año muerto porque falleció a las 10 horas del 10 de enero de 2024. El documento lleva el sello del Juzgado de Paz de la localidad de Corella (Navarra).

El chalet de Ábalos en Cádiz

Los responsables de esta trama participaron en la compra de un chalet en Cádiz para disfrute del entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos. Según creen los investigadores, su intención era agasajar a un miembro del Gobierno para lograr la licencia que les permitiera operar con hidrocarburos. Por esta trama fue detenido en octubre del año pasado Víctor de Aldama.

Su paso por prisión provisional le empujó a colaborar con la Fiscalía Anticorrupción y detallar sus relaciones con el Ministerio de Transportes y otros miembros del Gobierno de Pedro Sánchez. Aldama se ganó la confianza de Ábalos y su asesor principal, Koldo García, como acredita el sumario del caso que se inició por los contratos para la compra de material sanitario durante la pandemia. Hoy el caso, que dio el salto al Tribunal Supremo, abarca otras derivadas.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sitúa en sus informes como director de la presunta organización criminal de los hidrocarburos a Claudio Rivas, quien también fue arrestado. Junto a él, como codirector, los investigadores ubican también a Aldama. Unos escalones por debajo aparecen varios testaferros, entre ellos los dos jóvenes y el fallecido.

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La UCO y la Agencia Tributaria concluyen que la empresa Villafuel SL, valiéndose de su condición de operador al por mayor de productos petrolíferos – "autorización sin la cual el fraude no habría tenido lugar" – suscribió un contrato de servicios logísticos con una compañía que actuaba como depósito fiscal. Su nombre era Exolum Corporation SA y la trama comenzó a adquirir a otros operadores productos petrolíferos. De forma ficticia simulaban su transmisión a siete empresas, suministradoras o subcuentas.

Varias de esas empresas se pusieron a nombre de los citados testaferros. Eran meros hombres de paja. Las sociedades señaladas en los informes de la UCO a los que ha tenido acceso este periódico son Carburantes Jalón-Plaza SL, Obaoil 3000 SL y Casmar Hidrocarburos SL.