El juez investigará a la mujer de Sánchez al menos seis meses más por cinco delitos de corrupción

La mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, seguirá investigada por cinco delitos de corrupción al menos seis meses más. El juez al frente del caso, Juan Carlos Peinado, ha dictado un auto al que ha tenido acceso El Confidencial en el que prorroga medio año sus pesquisas. Lo hace semanas después de incluir en la nómina de presuntos delitos la malversación de fondos públicos y la sospecha de que tenía el aval de la Moncloa. También destaca que sigue a la espera de recibir informes que pueden abrir nuevas derivadas como el del rescate de Air Europa.

Varias líneas de investigación, cinco personas imputadas, decenas de declaraciones judiciales y miles de folios de sumario es el saldo de un año de investigación siempre en el ojo del huracán. El caso Begoña Gómez ha avanzado con el visto bueno de la Audiencia Provincial de Madrid, que, si bien limitó algunas de las vías exploradas por Peinado, rechazó el criterio de la mujer de Sánchez y de la Fiscalía de dar carpetazo a las diligencias. Begoña Gómez y el presidente también emprendieron acciones legales directas contra el magistrado sin éxito. El próximo 16 de abril se cumplía el plazo que marca la ley para que el juez decida si archiva o sigue adelante.

Peinado ha optado por continuar los trabajos y ha dictado un auto de seis folios con fecha de este martes en el que motiva su postura y explica las pruebas y la documentación que tiene pendiente de recibir. Entre ellas cita el informe que le ha pedido a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el expediente del rescate a Air Europa y que ha motivado un nuevo choque con la Fiscalía.

La inyección en la empresa Globalia de 475 millones de euros de dinero público en 2020 para paliar los efectos de la pandemia se produjo meses después de que la compañía de la que depende Air Europa aceptase patrocinar las actividades privadas de Begoña Gómez. El rescate lo aprobó el Gobierno de Pedro Sánchez y también coincidió en el tiempo entre dos reuniones de Begoña Gómez con el exCEO de Globalia Javier Hidalgo a las que asistió el empresario Víctor de Aldama, detenido e investigado por corrupción en el caso Koldo y el caso hidrocarburos.

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Peinado dice que también tiene por delante recibir “el análisis por la UCO de las cuentas bancarias y todos los hechos vinculados con la Universidad Complutense de Madrid”. Como avanzó este periódico, el Juzgado recuerda que le ha mandado hace apenas unos días a los investigadores “las grabaciones de las declaraciones de los investigados y testigos en el presente procedimiento para completar y relacionar los hechos objeto de análisis y pendientes de informe”.

También alude el juez a un “informe de la Fiscalía Europea” (que investiga lo relacionado con fondos europeos) y las declaraciones de los responsables de Indra y Google que tuvieron lugar este miércoles. Fuentes presentes en el interrogatorio informaron a este periódico que los testigos aportaron al juez las identidades de las personas que impulsaron el patrocinio de la cátedra de Begoña Gómez por medio de una herramienta informática. Luego la mujer del presidente puso a su nombre este software pese a que las empresas lo desarrollaron para uso de la universidad. El juez apunta a un delito de apropiación indebida y el hecho de que haya recibido nuevos nombres de persianas implicados apunta a nuevas citaciones para declarar.

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Cuando una investigación apura su plazo, se puede rechazar la prórroga sin que eso afecte a las diligencias pendientes que se hayan solicitado antes de que expire el tiempo. Pero de esos informes y esas nuevas declaraciones pueden surgir nuevas peticiones de prueba. En muchos casos, es la propia Guardia Civil la que plantea nuevas diligencias en los documentos que remite al juzgado.

Además de la apropiación indebida, el juez investiga a la mujer del presidente por intrusismo, tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Sospecha que fue contratada en el Instituto de Empresa en 2018 porque su marido se convirtió en el presidente del Gobierno. Por estos hechos está imputado uno de los directivos de esta institución, Juan José Güemes. Peinado apunta a que después volvió a pasar lo mismo cuando la Universidad Complutense de Madrid acepto crear una cátedra con ella de directora, a pesar de no tener formación para ello. Por esto está imputado el rector Joaquín Goyache.

La última derivada del caso se conoció hace apenas unas semanas y tiene que ver con una pieza separada por malversación de fondos en la que se investiga el uso por parte de Begoña Gómez de una empleada de Presidencia para impulsar sus negocios privados. Por estos hechos está imputada también la citada asistenta, Cristina Álvarez. El juez ha ido más allá y quiere saber el conocimiento que tenían de estos hechos en el Palacio de la Moncloa y por eso interrogará el 16 de abril como testigo al ministro de Justicia, Félix Bolaños. Le preguntará por la época en la que era secretario general de Presidencia. El cargo intermedio que elevó la propuesta de fichar a la asistente le señaló como su superior.

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La nómina de investigados la completa Juan Carlos Barrabés, el empresario que recibió el apoyo de Begoña Gómez para beneficiarse de una subvención millonaria que entregaba el Gobierno de su marido. Este empresario se reunió en Moncloa con Begoña Gómez y le ayudó con su cátedra en la universidad. Barrabés, gravemente enfermo, ha conseguido a lo largo de este año que la Audiencia Provincial anulase los registros en sus empresas y el análisis de su móvil. Los jueces madrileños determinaron que Peinado vulneró sus derechos al ni justificar la urgencia de estas diligencias.

“Lo que se puede derivar de lo anterior es que difícilmente pueden ser cumplimentadas dichas diligencias pendientes de practicar antes del día 16 de abril del presente año 2025”, zanja el magistrado en su auto. Contra esta decisión cabe la posibilidad de recurrir.