Se acabaron las bodas gratis: el cambio de la 'ley Bolaños' no contenta a nadie

La nueva ley de eficiencia de la Justicia entra en vigor este jueves con un obstáculo inesperado para las parejas que planean darse el "sí quiero". La también llamada 'ley Bolaños' retira a los Juzgados de Paz las competencias para celebrar bodas civiles, derivando la responsabilidad en muchos municipios a alcaldes, concejales o notarios. El problema es que hasta la fecha estos órganos lo hacían gratis y ahora, en la mayoría de los casos, habrá que pagar. La Federación de Municipios y Provincias (FEMP) y distintos ayuntamientos a título particular han solicitado al Gobierno que revierta la medida y el propio Félix Bolaños manifestó su compromiso de enmendar la norma antes de que entrara en funcionamiento.

El cambio legislativo no contenta prácticamente a nadie. La crítica principal es que la exclusión de los jueces de paz supone un "incremento del coste" en los enlaces. Pero no solo eso. Consistorios de varias regiones se han encontrado con la queja añadida de parejas que habían programado su boda para después del 3 de abril y están obligados a abonar una tasa.

La Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, impulsada por el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, prevé una transformación en el funcionamiento y la organización de los órganos de Justicia en toda España. Y entre estas asigna un papel secundario en los matrimonios a los Juzgados de Paz, que actúan en aquellas localidades donde no hay Juzgado de Primera Instancia e Instrucción. Ninguno de los más de 7.500 jueces de paz en el país podrán oficiar ceremonias civiles.

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El portavoz de Justicia de Sumar en el Congreso de los Diputados, Enrique Santiago, planteó el problema en la comisión del ramo del pasado mes de febrero, reclamando una modificación de la norma por los contratiempos que provoca en los novios, sobre todo económicos. La FEMP, preguntada por este diario, comparte el mismo criterio y también insta al ministerio que dirige Bolaños a revertir la medida con la mayor urgencia posible. Justicia ha trasladado en ambos casos su compromiso de enmendar el texto, pero de momento no se ha materializado en nada. Tampoco hay una fecha estimada para que los Juzgados de Paz recuperen esta atribución.

Sin cambios a la vista

El Ministerio de Justicia, pese a la redacción inicial, asegura ahora que la "voluntad" es que los jueces de paz mantengan la competencia de organizar matrimonios y responsabiliza al PP de bloquear el cambio. "Es algo que se quiso garantizar en el debate en el Senado, pero el PP impidió debatir una enmienda en este sentido al vetar la norma entera, por lo que nuestra voluntad es asegurar esta competencia lo antes posible. Se está buscando la mejor fórmula para ello", explican fuentes del departamento. Bolaños avanzó en la comisión la posibilidad de introducir alguna enmienda en los textos que llegarán próximamente a la Cámara Baja y otros partidos, como Junts, pidieron abordarlo inmediatamente con un decreto.

Las bodas civiles quedan hasta nueva orden en manos de ayuntamientos y notarios exclusivamente. Y la entrada en vigor de la 'Ley Bolaños' tiene ya una repercusión práctica en municipios de distinto tamaño que sirven como ejemplo. Rivas Vaciamadrid, feudo de la izquierda en la Comunidad de Madrid, trata de ajustar una veintena de enlaces que estaban programados para los próximos meses. El juez de paz celebraba las ceremonias sin coste los martes, pero los contrayentes deberán abonar ahora 90 euros si se hace un viernes y 120 los sábados. El gobierno local, de IU en coalición con el PSOE, exige al ministerio una solución.

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"Limitar las competencias del juez de paz en materia de matrimonios civiles daña la accesibilidad de la justicia, y en concreto a esta competencia, a la ciudadanía que requiere de este tipo de recursos. En todo caso, el Ayuntamiento evitará el trastorno que estos cambios puedan suponer a las personas que ya tenían concertada una cita", apuntan fuentes municipales. La corporación está volcada en esta cuestión y los concejales del PP en Rivas también se han ofrecido a oficiar las bodas, aunque necesitan la autorización de la alcaldesa, Aída Castillejo.

El pago por casarse siempre será obligatorio en el caso de acudir a una notaría, aunque en los ayuntamientos hay distintas opciones en función del día de la semana. En Madrid capital, por ejemplo, la situación no ha cambiado y existe la posibilidad de que la ceremonia sea gratuita si se organiza entre semana. En el supuesto de que sea en sábado, costará 120 euros. La FEMP recuerda que algunos consistorios no cobran ninguna tasa y recomienda informarse previamente.