La desconfianza en Pumpido enfría la estrategia del PP contra Sánchez en el TC

El Partido Popular ha reactivado en el primer trimestre del año su maquinaria jurídica contra el Gobierno. El listado de "despropósitos" que observan en el primer partido de la oposición es demasiado abultado como para esperar de brazos cruzados a que el jefe del Ejecutivo avance en su "rumbo autoritario" por los ataques, dicen, al Parlamento, a las autonomías y a la propia Constitución. Pero hay un inconveniente en esa estrategia, un obstáculo con nombre y apellidos contra el que choca su aspiración de torcer el brazo a Sánchez: el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido.

En las últimas semanas, tanto Génova como las comunidades del PP han ido anunciando una batería de recursos ante el órgano de garantías por diferentes asuntos. Por ejemplo, a nivel nacional, el partido tiene previsto desplegar una triple ofensiva en el TC por el veto del Congreso a las enmiendas aprobadas por el Senado en la Ley de Desperdicio Alimentario a través de recursos de inconstitucionalidad y de amparo, así como la apertura de un conflicto de atribuciones desde la Cámara Alta. Las comunidades también recurrirán ante el Constitucional la reforma de la Ley de Extranjería pactada con Junts.

Además, la dirección del PP abrió la puerta hace poco a llevar también a Sánchez al TC por incumplir su "obligación constitucional" de presentar un proyecto de Presupuestos Generales del Estado, prorrogados desde 2023. No obstante, fuentes del partido dejan en reposo esta pretensión. No es una decisión que esté tomada, pero en la cúpula apuntan que, en este caso, "hay que estudiar muy bien la viabilidad" del citado recurso por temor a que la determinación del órgano presidido por Conde-Pumpido en contra de sus intereses otorgue a Sánchez "un balón de oxígeno" en el momento menos oportuno.

Hay un precedente reciente. A mediados de marzo, la corte de garantías avaló —con cuatro votos en contra— el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el PSOE contra la reforma del artículo 133.2 del Reglamento del Senado, que permitió al PP retrasar la controvertida tramitación de la ley de amnistía de 20 días a dos meses. Aunque acataron el fallo, los populares se mostraron especialmente críticos con la "urgencia" que, en este caso, había demostrado Pumpido para resolver la cuestión "en una primera deliberación", y cuyo fallo, deslizaron, ya conocía con anterioridad el portavoz del PSOE en el Senado, Juan Espadas.

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En la cuestión de la falta de Presupuestos de Sánchez —el Ejecutivo ya mira a las cuentas de 2026—, el PP tampoco tomará una decisión sobre el recurso de inconstitucionalidad hasta que se vote en el pleno de la Cámara una proposición no de ley en la que insta precisamente al Gobierno a no saltarse el "mandato" de la Carta Magna, y que se prevé que vaya a pleno en los próximos días. Los populares esperan cosechar el respaldo de algunos de los socios del Ejecutivo —tanto Sumar como Podemos han apelado en varias ocasiones a Sánchez que presente unos Presupuestos antes de asumir la prórroga—. "Con un voto favorable se tiene ganado el debate mediático, y añade presión al jurídico", reflexionan.

Algunas fuentes del PP admiten que las posibilidades de que ese recurso prospere en el actual Tribunal Constitucional son mínimas, y animan a medir bien los pasos. Génova mantiene viva su ofensiva ante el TC pese a las dudas evidentes respecto a su "imparcialidad", pero asumiendo en todo caso que el impacto mediático siempre será mayor que el jurídico.

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La desconfianza con Pumpido ha escalando a su cota máxima. En los últimos meses, el PP ha conjugado su estrategia jurídica con las críticas a la "colonización" que observan en el órgano por parte de la Moncloa. En febrero dieron un paso importante al llevar por primera vez a la Corte Penal de Estrasburgo una actuación del Tribunal Constitucional, en aquel caso por avalar la reforma del Gobierno que permitió que el Consejo General del Poder Judicial en funciones pudiera nombrar a sus dos candidatos a magistrado en la propia corte de garantías.

El propio Feijóo ha censurado en multitud de ocasiones el "manoseo" del TC a las sentencias de otros tribunales, y cuyo caso más polémico vino con la anulación parcial de la sentencia de los ERE gracias a la mayoría progresista, y que ha llevado a la Audiencia de Sevilla a plantear un pulso contra el órgano presidido por Cándido Conde-Pumpido elevando a la Justicia Europea una posible "extralimitación" en sus funciones para exonerar a los principales acusados de la cúpula socialista. El Constitucional, por su parte, ha movido ficha para declarar la nulidad de cuestiones prejudiciales elevadas al TJUE por los jueces ordinarios.

Este último episodio ha elevado, y mucho, el malestar en el PP, donde insisten en que la intención de Conde-Pumpido es utilizar el TC exclusivamente para beneficiar políticamente a Pedro Sánchez. Los populares también recelan de que las últimas maniobras del magistrado puedan dar aire a Carles Puigdemont, pendiente de la solución final sobre la amnistía. "El polvo de las togas empieza a ser demasiado abundante", resumió el pasado domingo la secretaria general del PP, Cuca Gamarra.