La Fiscalía redobla su pulso contra el juez del caso Begoña Gómez por Bolaños, Air Europa y Güemes

El pulso que mantienen la Fiscalía y el juez Juan Carlos Peinado desde el inicio de su investigación sobre las actividades de Begoña Gómez ha vivido un recrudecimiento tras las últimas decisiones del magistrado. Así se aprecia en recientes escritos presentados por el ministerio público en los que critica con dureza la citación a declarar como testigo del ministro de Justicia, Félix Bolaños, su deseo de investigar el rescate de Air de Europa o el mantenimiento como imputado del exconsejero del PP de la Comunidad de Madrid y directivo del Instituto de Empresa, Juan José Güemes.

En los escritos a los que ha tenido acceso El Confidencial se acumulan expresiones de la Fiscalía en los que acusa al juez de “oscurantismo”, dice que su proceder le resulta “insólito” o “extraordinariamente grave”, le afea la “situación irregular” a la que ha llevado el caso y la “auténtica indefensión” a la que ha sometido a Güemes. Además, pide a la UCO que desobedezca la orden del magistrado y no le remita el informe sobre el rescate de Air Europa por parte del Gobierno.

El fiscal de la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid José Manuel San Baldomero presentó sendos escritos en los que manifestó su oposición a que la Guardia Civil mande ese informe sobre el rescate de la SEPI a Globalia (Air Europa) durante la pandemia. Esa decisión, aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez, se produjo meses después de que la empresa de la que era CEO Javier Hidalgo aceptase patrocinar las actividades privadas de Begoña Gómez. Coincide en el tiempo de dos reuniones entre la mujer del presidente del Gobierno e Hidalgo a las que también asistió el empresario Víctor de Aldama.

La Fiscalía se opone a esta diligencia solicitada por el juez porque entiende que la Audiencia Provincial de Madrid –el órgano superior al magistrado– limitó hace meses la investigación y le impidió avanzar por esa vía relacionada con Globalia y Air Europa. Pero tal y como avanzó este periódico, el juez Peinado apela a una frase de las resoluciones de la Audiencia Provincial que dice lo siguiente: “Poníamos de manifiesto todo aquello hacia lo que no debía dirigirse el esfuerzo investigador, excluyéndose de la investigación los hechos relativos a Globalia (Air Europa) en tanto no surjan hechos realmente nuevos y de signo incriminatorio”.

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El juez defiende que esos indicios nuevos a los que alude la Audiencia Provincial podrían aparecer en el informe que le tiene que mandar la UCO. Sostiene que no agotar las pesquisas sería prevaricar. Pero la Fiscalía le acusa abiertamente de llevar la investigación a “una situación irregular”. “Que a día de hoy se continúe la investigación de la UCO sobre estos extremos relativos a Air Europa Globalia, nos resulta extraordinariamente grave”, dice el fiscal en un escrito adelantado por El Independiente. “Es de sobra conocido por el instructor (el juez) que las actuaciones en relación con las actuaciones relativas a Globalia y Air Europa fueron excluidas de la investigación”, añade.

Pero la Fiscalía va más allá y solicita “sin dilación” que se inste a los investigadores de la Guardia Civil a que no le manden al juez el informe, anunciado por este cuerpo para las próximas semanas. “Se interesa, de nuevo, vista la inacción del instructor en estos meses, que se oficie sin dilación a la UCO a fin de que cesen estas actuaciones, se abstenga de remitir informe relativo a Air Europa-Globalia y se le remitan a esta unidad copias de las resoluciones de la Audiencia Provincial”.

Güemes

El fiscal Baldomero muestra un tono similar contra el juez en su decisión de mantener imputado a Güemes: “Ni tan siquiera se digna a mencionar la resolución por qué está siendo investigado, algo que se lleva reclamando hace meses (...) sorprende que no se le dé respuesta, volviendo de nuevo a respuestas y aseveraciones escuetas y vagas (...) en su momento ya nos causó perplejidad su imputación”.

El juez Peinado rechazó la semana pasada levantar la imputación a Juan José Güemes. "No resulta procedente en este momento procesal acordar el sobreseimiento provisional respecto del mismo (...) Pudiera ser necesario recibir declaración nuevamente a personas que ya han prestado declaración ante este juzgado", justificó el magistrado.

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El juez imputó a Güemes después de citarle como testigo para tratar de aclarar la contratación de Begoña Gómez por parte del Instituto de Empresa (IE). El fichaje de Gómez para dirigir el Africa Center del IE se cerró en agosto de 2018, dos meses después de que Pedro Sánchez fuera nombrado presidente. Como desveló El Confidencial, el líder socialista se reunió con Güemes antes de que su mujer fuera designada para este cargo.

La Fiscalía denuncia ahora que el juez “hurta cualquier justificación mínima al ciudadano de por qué se le investiga (...) pero con el agravante añadido a estas alturas de llevar esta persona cuatro meses ostentando la condición de investigado con la consiguiente repercusión personal y mediática sin una resolución judicial fundada”. El escrito, en el que la Fiscalía recurre en reforma la decisión del juez, concluye con una batería de preguntas: “¿No tiene siquiera derecho el investigado a conocer qué ha motivado su imputación?, ¿No merece el letrado de la defensa una respuesta a sus alegaciones sobre si lo está por falso testimonio?”.

Bolaños

A estos dos escritos se le suma el que días antes firmó también la Fiscalía en contra de la citación como testigo del ministro Bolaños. En sus alegaciones, el ministerio público incluye críticas directas a la manera en la que el juez está desarrollando el procedimiento. “Esta constante oscuridad nos parece impropia de un proceso penal acorde con los principios constitucionales”.

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El juez ha citado a declarar como testigo al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes el próximo 16 de abril. Lo hace en el marco de una pieza separada para indagar sobre la presunta malversación de fondos públicos derivados del empleo por parte de Begoña Gómez de una asistente del palacio de la Moncloa para sus actividades personales privadas. Le cita después de que el cargo de Presidencia que fichó a la empleada afirmase en el Juzgado que su responsable directo era Bolaños, quien todavía no era ministro.

“De momento, solo el instructor sabe qué extremos son presuntamente delictivos y sobre qué quiere preguntar y en qué medida el testigo puede contribuir a su esclarecimiento”, dice la Fiscalía. “No deja de ser chocante el hecho de acordar la testifical de un ministro del Reino de España en estas condiciones”, sentencia.