El Gobierno se centra en el presupuesto de 2026 para intentar aprobar uno en toda la legislatura

Seguir el hilo del Gobierno empieza a ser algo propio de eruditos. La legislatura transcurre sobre una línea discontinua, a veces perceptible, otras totalmente invisible. Después de haber prorrogado los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023, dos años consecutivos, el Ejecutivo lleva más de seis meses defendiendo que podía aprobar los de 2025, aunque la tramitación parlamentaria se culmine en pleno verano. Pero este miércoles en el Congreso, Pedro Sánchez matizó por primera vez esa intención. Si no "da tiempo" a presentar los de 2025, empezarán a "negociar los de 2026", señaló el presidente.

La realidad es que en estos momentos no hay votos para aprobar unas nuevas cuentas. No ha madurado lo suficiente un pacto con Junts, que está en posiciones "inasumibles" y ERC, en la segunda vida al mando de Oriol Junqueras, ha decidido que no negocia nada más si el PSOE no cumple antes los acuerdos previos. Y en apenas un mes —el Consejo de Ministros debería aprobar los PGE en cuatro o cinco semanas y enviarlos al Congreso— no es posible hacerlo.

Pero, el propósito del Ejecutivo, según confirman fuentes gubernamentales, es tener unos presupuestos este año. Si no hay margen ya para los de 2025, tendrán que ser los de 2026, porque son muy conscientes de que solo pueden aspirar a aprobar unos en toda la legislatura.

En la tesitura en la que se encuentra el Gobierno de coalición, con más de un centenar de votaciones perdidas, sería lógico pensar que si la Moncloa no es capaz de sacar adelante las cuentas de 2025, nada indica que pueda conseguir las de 2026. Incluso el propio Ejecutivo se ha encargado de difundir que puede continuar sin presupuestos hasta 2027.

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Esta postura internamente no se sostiene y se asume la exigencia de aprobar al menos unos para demostrar la vigencia de su mayoría parlamentaria. Fuentes de Sumar confirman también el giro de los últimos días y el horizonte de 2026 aunque son menos optimistas sobre la posibilidad de que salgan en tiempo y forma, es decir, que se presenten a finales de septiembre y se voten en las Cortes antes de que termine el año.

Aspirar a sacar adelante unas únicas cuentas entraña una mayor dificultad y así lo reconocen en Moncloa. Los grupos volcarán en ese proyecto de ley todas las demandas que en una situación normal se dividiría en cuatro lotes. Para abonar la negociación presupuestaria y predisponer de manera favorable a Junts y ERC, lo que está haciendo el Gobierno es pagar las facturas pendientes. Con esta propósito de "ganar crédito, se cerró la cesión de las competencias de inmigración a la Generalitat, exigida por Carles Puigdemont. Y lo mismo se ha hecho con la condonación de la deuda y el traspaso de Rodalies, comprometida con Esquerra.

El problema es que los republicanos exigen que el Ejecutivo se vuelque también en promover el cupo catalán, que se pactó para dar su voto a la investidura de Salvador Illa. Hace dos semanas Oriol Junqueras se mostró en TVE "convencido" de que el PSOE "entenderá la bondad de cumplir con los acuerdos, porque si no, no solo no tendrá presupuestos en 2025, sino que no tendrá ninguna opción de tenerlos en 2026". "Si no cumple los acuerdos a los que ha llegado, es imposible que haya nuevos acuerdos", repitió.

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Pocos días después Sánchez apuntó a 2026 y no fueron unas declaraciones fruto de la improvisación. El texto suscrito con ERC establece que para "implementar" un nuevo sistema de financiación singular para Cataluña "durante el primer semestre de 2025" se oficializará "la comisión bilateral entre el gobierno de la Generalitat y el del Estado". "Tienen hasta el 30 de junio", subrayan los republicanos. Cuando se le ha preguntado por ello a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha respondido que "siguen en plazo"

En ERC comprende que darle forma al concierto catalán —de manera progresiva la Agencia Tributaria de Cataluña se ocupará de la gestión, recaudación, liquidación, inspección y disponibilidad de todos los impuestos soportados en Cataluña— significa reestructurar todo el sistema, pero instan al Gobierno a "ponerse las pilas". No les sirve que el Ejecutivo se escude en la complicación de cerrar una reforma con todas las comunidades y en conseguir que se apruebe en el Congreso.

Es, ironizan, como si le hubiéramos pedido una "plataforma petrolífera en la Luna" y después de aceptar "nos dicen que no hay cohete". Por eso, incluso plantean fórmulas para ir adelantando el trabajo como cerrar el pacto con Cataluña y ofrecer luego el mismo sistema al resto de autonomías. En cualquier caso, insisten, el problema lo tiene la Moncloa.

Por ahora Hacienda no ha dado señales de cuál es su hoja de ruta en la nueva financiación, aunque admiten que están hablando de las competencias sobre recaudación, la gestión del IRPF y el funcionamiento en red de la agencia tributaria. Pero desde Sumar sí ven plausible que haya avances en los próximos meses para satisfacer a ERC. Y como el bloque socialista piensan también que la aprobación de unos presupuestos no es una entelequia y Sánchez lo puede conseguir. Además, si con los republicanos se avanza pronto, mantienen que los efectos se diluirán de cara al ciclo electoral de 2027.