La huelga en la Seguridad Social crece en abril con 100.000 familias pendientes del ingreso mínimo vital

El Gobierno sigue sin apagar el incendio en la Seguridad Social. El colapso de este organismo público y la falta de soluciones por parte del Ejecutivo de Sánchez ha llevado a los directivos del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) a intensificar la huelga en el mes de abril. Los paros indefinidos tendrán lugar a partir del 1 de abril hasta 3 días por semana, según fuentes del colectivo. Una situación que ahonda en la crisis que vive la institución, que ya tiene pendiente de dar respuesta a más de 100.000 familias que han solicitado el ingreso mínimo vital.

"Más de cien mil familias en estado de desamparo esperan una respuesta de su solicitud del Ingreso mínimo vital", afirman los subdirectores y secretarios provinciales del INSS. Este es solo un ejemplo de la mala gestión de recursos humanos del ente público en los últimos años. La creación del ingreso mínimo vital en el año 2020 por parte del Gobierno de PSOE y Podemos no se complementó con la necesaria reforma estructural de la Seguridad Social.

Los huelguistas denuncian que "se ha tenido que asumir por unas unidades de gestión que no estaban preparadas ni formadas y que carecían de recursos humanos y materiales para gestionar una avalancha de tres millones y medio de expedientes". Pese a que han transcurrido cinco años, esta prestación, que resulta vital para miles de familias, está siendo gestionada "en exclusiva por funcionarios interinos", lo que ha conllevado "decenas de miles de expedientes sin resolver". Tampoco han ayudado, alegan, los cambios continuos de criterio de los requisitos de acceso, que han generado "miles de reclamaciones y deudas a estas familias en situaciones de vulnerabilidad".

Sin respuesta del Gobierno

La institución arrastra importantes problemas desde tiempo atrás. La entidad que gestiona el 37% de los Presupuestos Generales del Estado se encuentra inmersa en una "situación de caos", ya que funcionando con una "estructura del siglo pasado", con unas plantillas envejecidas y mermadas, "pretende hacer frente a los colosales retos de la protección social del siglo XXI". Entre ellos, la llegada de nuevas prestaciones o el aumento en el número de pensionistas (más de 10 millones en estos momentos).

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El colapso de la institución está provocando dificultades para que los usuarios obtengan una cita previa y "empeorando considerablemente" las condiciones de trabajo. Una muestra de que la situación está descontrolada es que las quejas de los ciudadanos se han multiplicado por seis en solo tres años, pasando de un promedio de 2.000 quejas anuales a más de 17.000 en el último año.

Sin embargo, el Gobierno se ha negado sistemáticamente a escuchar las reclamaciones de quienes están al frente del día a día en la Seguridad Social. En mayo de 2023 enviaron un primer comunicado al Ministerio de la Seguridad Social, con José Luis Escrivá entonces al frente, que fue ignorado por el Ejecutivo. Solo tras el anuncio de la convocatoria de huelga, adelantado por El Confidencial, la Secretaría de Estado de la que depende el INSS accedió a mantener un encuentro con el colectivo.

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Esta reunión fue infructuosa para los directivos, que decidieron mantener los paros convocados a lo largo de cuatro jornadas en marzo. Desde entonces, no se han mantenido más reuniones entre el Gobierno y el personal al frente de las delegaciones provinciales del INSS. Los huelguistas niegan que exista un "diálogo abierto para resolver este conflicto", al contrario de lo que ha señalado públicamente la ministra de Inclusión, Elma Saiz.

"No se ha trasladado desde el ministerio ninguna propuesta concreta a ninguna de las demandas expuestas en la convocatoria de la huelga que pudiera considerarse una base de negociación... esto lleva a profundizar en el conflicto con nuevas convocatorias de paros indefinidos a partir del 1 de abril durante tres días a la semana", aseveran.

Parón de los tribunales médicos

El bloqueo en el que se hallan las negociaciones está agravando la gestión de múltiples prestaciones sociales. Entre las más afectadas se encuentran las de incapacidad temporal o permanente, con más de 200.000 expedientes pendientes de resolución. Los paros han supuesto la suspensión de la actividad de los tribunales médicos, donde la mayoría de presidentes han participado en la huelga. El seguimiento de los paros alcanza al 65% de este personal y alcanza a cerca del 90% de las provincias.