Pumpido seguirá adelante con su bloqueo a pesar de la resistencia de la Audiencia de Sevilla

La mayoría progresista del Tribunal Constitucional no va a detenerse pese a la resistencia de la Audiencia Provincial de Sevilla respecto a la sentencia de los ERE. El presidente, Cándido Conde-Pumpido, tiene la intención de llevar al estudio de un próximo Pleno la iniciativa del tribunal andaluz de dirigirse al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y denunciar una "extralimitación" del TC en su decisión sobre el caso de corrupción que afecta al PSOE. Lo hará incluso en el caso de que la Audiencia ignore la petición y no remita la providencia en la que se da inicio a la tramitación de la citada cuestión prejudicial, indican fuentes cercanas al tribunal.

El conflicto iniciado por la Audiencia abre la puerta a no aplicar los fallos del TC sobre los ERE y ha escalado cada día un poco más a lo largo de esta semana. La corte de garantías reclamó hace unos días a la sala el escrito remitido a las partes. La respuesta ha sido llamativa, ya que el tribunal de la capital andaluza ha pedido explicaciones al Constitucional por ese movimiento en un nuevo desafío a Conde-Pumpido.

El pulso no va a detenerse. Según apuntan fuentes del bloque progresista, el Constitucional no necesita tener notificación oficial de esa providencia, dado que ya cuenta con un conocimiento público de su contenido. Recuerdan que es competencia del presidente Conde-Pumpido señalar el pleno en el que abordarán la pugna y también la "obligación de preparar la documentación necesaria para el debate". En esa reunión se prevé analizar una respuesta a la Audiencia sevillana sin que se descarte, incluso, decretar la nulidad de la cuestión prejudicial. Antes de que se celebre se cuenta con la elaboración de un informe que sustente este extremo.

"Todos los tribunales tienen la obligación de proporcionar al TC la documentación que se les solicite, sin excusa ni pretexto alguno", insisten esas fuentes, que recalcan además que se trata de una actuación pública y que está relacionada con una ejecución de los fallos emitidos por la corte de garantías entre junio y julio del año pasado y que supusieron la excarcelación de varios exdirigentes de la Junta y la exoneración de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, entre otras figuras, a Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

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Los progresistas apuntan que estas sentencias ya están ejecutadas, es decir, que la sentencia de 2019 de la Audiencia Provincial de Sevilla está anulada y lo mismo ocurre con el fallo de Supremo del verano de 2022. Ambas asumieron las tesis de la instructora, la juez Mercedes Alaya, que apuntó a Chaves y Griñán como los responsables de diseñar un sistema por medio de las leyes de Presupuestos de la Junta y, después, dotarlas del crédito necesario para repartir 680 millones de euros entre los años 2000 y 2008.

"Son nulas, no existen y eso es irreversible", zanjan las fuentes del sector progresista sobre las sentencias de los ERE, que garantizan que el tribunal de Luxemburgo no tiene jurisdicción para dinamitar la cascada de fallos que el Constitucional emitió el pasado verano. El paso que resta por dar, recuerdan, es que la sala creada ad hoc para emitir la sentencia con los hechos probados delimitados por la corte de garantías lleve a cabo este cometido. Una vez eso ocurra, quedarán impuestas las "condenas resultantes" de la revisión del polémico caso

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Fuentes del sector mayoritario del TC admiten que esperaban que el fallo definitivo se dictara en "un par de meses" tras la revisión, pero ya han pasado nueve meses. "Lo que han dictado es una providencia a petición del PP, como acusación popular", sentencian estas fuentes, que creen que el objetivo de este movimiento es "suspender más tiempo el procedimiento". "Ellos serán los responsables de la demora", lanzan.

Efecto llamada

El problema al que aluden en la mayoría progresista del TC sobre la maniobra de la Audiencia de Sevilla es un "efecto llamada" que ponga en duda la "eficacia" de su jurisdicción en materia de recursos de amparo. Esto, añaden, pone en riesgo "la tutela de los derechos fundamentales". Lo que hay de fondo es, también, una preocupación por las consecuencias que pueda tener con otro asunto crucial en el actual momento político, como es la ley de amnistía. Sobre todo después de que el Tribunal del Supremo optase por no aplicar el perdón general a Carles Puigdemont y que el expresident catalán haya acudido a la corte de garantías. Si la mayoría progresista, como es previsible, corrige al Alto Tribunal este estaría tentado de seguir el camino abierto por la Audiencia de Sevilla con los ERE.

El movimiento del tribunal sevillano con la petición de explicaciones es un intento de ganar tiempo para que corran las hojas del calendario. El pasado 18 de marzo, en una providencia, la sala creada ad hoc para la sentencia definitiva de los ERE dio diez días a las partes para pronunciarse sobre la cuestión prejudicial al TJUE. El plazo finaliza el próximo 3 de abril a las 15:00 si el Constitucional no lo impide. El hecho de no remitir el texto inicial es una maniobra para evitar que el documento llegue al pleno de la corte de garantías y otorgue la posibilidad a la mayoría progresista a anular en envío de las sentencias del caso a la Justicia europea.

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En un doble enfrentamiento, los progresistas no tendrán que vérselas solo con la oposición de la Audiencia de Sevilla, sino también con la de los cinco magistrados del sector conservador. Fuentes de este segundo sector apuntan que una deliberación sobre esta cuestión, con o sin providencia oficial, "es una barbaridad". Precisan que el Derecho de la Unión Europea sostiene que no se puede impedir a un juez que plantee una cuestión prejudicial. Se lamentan, además, de que no se trata ya de una cuestión de derecho, "sino de voluntad".