Una jueza rechazó buscar al yihadista asesino de agricultores semanas antes de su primer crimen

La policía francesa ha arrestado esta semana en su territorio a Allal El Mourabit. Las autoridades españolas le acusan de haber matado a tres agricultores en Navarra y Cataluña entre 2023 y 2024. Según la documentación judicial y policial a la que ha tenido acceso El Confidencial, El Mourabit se arrancó la pulsera telemática que le controlaba dentro de un régimen de libertad vigilada. Cuando la Audiencia Nacional dio cuenta de este quebrantamiento de medidas a los juzgados de Vitoria, la magistrada que asumió el caso rechazó dictar inicialmente una orden de arresto contra este individuo con pasado yihadista. No lo hizo hasta semanas después, justo al día siguiente de que este individuo matase a su primera víctima.

Según consta en un auto judicial de la Audiencia Nacional, el tribunal que le condenó por terrorismo informó a los juzgados de Vitoria para que abrieran una causa por delito de quebrantamiento de medidas de libertad vigilada. Era competencia de un juzgado local al ser un delito nuevo y haberse cometido en su demarcación. En ese momento, El Mourabit ya había cumplido su condena de cárcel. La nueva causa recayó en el Juzgado de Instrucción número 3 de Vitoria, que el 30 de octubre de 2023 dictó una resolución en la que acordó que “no existen motivos para acordar la detención de Allal El Mourabit Ahammar”.

Lo que explicaba la jueza vitoriana en esa resolución de finales de octubre es que no podía dictar la orden de busca y captura sobre una persona a la que no estaba investigando previamente. Por ello, abrió una causa y citó formalmente al fugado que, como era previsible, no se presentó después de haberse arrancado una pulsera telemática. Una causa por quebrantamiento de condena puede costar hasta un año de cárcel, por lo que se arriesgaba a regresar a prisión. Este periódico se ha puesto en contacto con el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco para recabar información adicional, pero no ha sido posible obtener una respuesta del juzgado.

El Mourabit, con pasado terrorista y condenado por viajar a Turquía para tratar de enrolarse en el Estado Islámico de Siria, se dio a la fuga mientras los días pasaban sin dictarse su busca y captura. Fueron varias las veces en ese periodo en las que la Audiencia Nacional llamó telefónicamente al juzgado de Vitoria para interesarse por la situación. Hubo al menos dos comunicaciones que quedaron recogidas por escrito. En una de ellas, del 24 de octubre, el juzgado vasco informó de que se encontraba a la espera de recibir un informe de Fiscalía.

23 de noviembre de 2023

Fue finalmente el 23 de noviembre de 2023 cuando la jueza de Vitoria dictó la orden de busca y captura. En esa resolución, insistía en que un juez no puede ordenar el arresto hasta que no tenga “motivos bastantes” para estimar que ha participado en un delito o que sus “antecedentes” o “las circunstancias del hecho” hagan presumir que no acudirá a la llamada del juzgado.

No fue hasta noviembre cuando dio por acreditado que “en el presente caso, de lo actuado, se desprende la posible existencia de un delito de quebrantamiento en el cual ha tenido participación Allal El Mourabit Ahammar, que no ha sido localizado, encontrándose en paradero desconocido por lo que no se le ha podido tomar declaración como investigado”. Entonces, dos meses después de la fuga, pidió a la Policía Nacional y la Ertzaintza que le encontrasen. También resolvió incluir los datos del fugado en el SIRAJ, un fichero único para los juzgados y fuerzas de seguridad.

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Cuando se cursó esa petición judicial, hacía solo unas horas que El Mourabit había cometido el primero de los tres asesinatos por los que ha regresado a prisión. El ahora detenido en Francia se le acusa de tres asesinatos, el primero tuvo lugar el 22 de noviembre de 2023 en Tudela, el segundo el 21 de diciembre en Ribaforada, ambos en la comunidad de Navarra, y el tercero y último el 5 de enero de 2024 en Vilanova de la Barca, (Lleida). No fue hasta bien entrada la investigación conjunta de Policía, UCO de Guardia Civil y Mossos d'Esquadra cuando descubrieron que el asesino de agricultores era El Mourabit.

De la orden de busca y captura de Vitoria no tuvo conocimiento directo la Audiencia Nacional. Es por ello que el Juzgado Central de Vigilancia Penitencia dictó el 13 de diciembre de 2023 un auto en el que proponía de 'motu proprio' ya fuera al tribunal que le sentenció o al juzgado local que procediese ya a la búsqueda del huido. Argumentaba la urgencia en “la alarma que este tipo de delitos (yihadismo) produce en el momento actual”.

Salida de la cárcel

Este asesino en serie salió de la cárcel el 4 de noviembre de 2021 bajo un régimen de libertad vigilada de tres años que tendría que haber cumplido hasta finales de 2024. Atendiendo a su perfil, al salir de la cárcel, el Servicio de Ejecutorias de la Audiencia Nacional (Sección Segunda) solicitó al Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria que mandase su propuesta de medidas de libertad vigilada “con carácter de urgencia”. En apenas 72 horas, el Juzgado de Vigilancia contestó con una primera propuesta a instancias del informe técnico que mandó la cárcel de Ponent (Lleida).

Con el fin de aplicar medidas de control “con la máxima urgencia”, Vigilancia Penitencia propuso en un primer momento comparecencias quincenales en comisaría y obligación de comunicar cambio de domicilio. Este es el procedimiento habitual en los casos de libertad vigilada. El tribunal sentenciador pide una propuesta al Juzgado de Vigilancia. Este juzgado elabora dicha propuesta, pero no la aplica, sino que la remite de nuevo al tribunal sentenciador para que sea allí donde se materialice. En el caso de los presos yihadistas, además, existe el compromiso de recabar la opinión de los especialistas antiterroristas del Ministerio del Interior. Así se hizo en este caso.

El Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) mandó el 12 de noviembre de 2023 con un extenso listado de medidas a imponer durante la libertad vigilada. Lo firmaba un departamento específico creado por el Ministerio del Interior en 2020 que se llama Grupo Técnico de Valoración de Riesgos de Presos Terroristas Excarcelados (GTVRE). Su misión es analizar los perfiles yihadistas que salen de la cárcel y ese día se reunieron para estudiar el caso específico de Allal El Mourabit.

Las medidas de Interior

El informe recomendaba que estuviera siempre localizable “mediante aparatos electrónicos que permitan su seguimiento permanente” y mantenía la obligación de presentarse en comisaría cada 15 días. También incluía la orden de comunicar cualquier cambio de residencia, prohibición de abandonar Vitoria y trabajar en puertos, aeropuertos o infraestructuras críticas. El Mourabit tampoco podría entrar en locutorios, enviar dinero o comprar drones. Tenía prohibido también trabajar como docente o en el ámbito de la educación y la religión, comprar material pirotécnico o acceder a entornos virtuales.

En ese documento, los expertos antiterroristas incluían al final una recomendación más atendiendo a que el yihadista se ganaba la vida como camionero antes de entrar en prisión: “Teniendo en consideración las experiencias de comisión de atentados terroristas con vehículos de gran tonelaje, el perfil del penado y que el mismo es transportista, se propone, si fuera viable, la retirada del carnet de conducir C1 y C si lo tuviera, o cualquier otra medida de control para limitar el uso de vehículos a motor de categoría igual o superior a turismo”.

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El Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria incluyó todas estas recomendaciones en su propuesta y el tribunal sentenciador las aplicó. El Mourabit, nacido en Marruecos y nacionalizado español, residía bajo ese régimen de libertad vigilada en casa de su hermana en la calle Estrasburgo de Vitoria. Así iban pasando los meses y corriendo la cuenta atrás de su vida bajo el control de una pulsera telemática, pero ese reloj se paró el 27 de septiembre de 2023.

Prisiones dio la alerta

Ese día, la Comisaría Provincial de Vitoria de la Policía Nacional recibió una comunicación de Instituciones Penitenciarias en el que se le avisaba de que habían detectado que El Mourabit se había quitado la pulsera: “Salta la alarma de no detectar cuerpo y manipulación de pulsera, se le llama en repetidas ocasiones al receptor y salta el contestador”. Esas pulseras van asociadas a un dispositivo de localización adicional para casos en los que falle el control telemático.

Unos días después, el 3 de octubre, su hermano Omar acudió al mediodía a la comisaría de Vitoria a presentar una denuncia por la desaparición del ahora detenido. La ubicó entre las 20.20 horas y las 21.30 horas de ese mismo 27 de septiembre de 2023 en el que saltó la alarma en Instituciones Penitenciarias por una alteración en la pulsera telemática.

La propia denuncia dice que El Mourabit desapareció en el Parque Salburua de Vitoria “y que se habría deshecho de una pulsera telemática que portaba en el parque”. Todo el dispositivo terminó apareciendo con signos de haberse arrancado de manera violenta. Cuando se fugó, a finales de septiembre de 2023, este individuo ya contaba con un pasado vinculado a la radicalización yihadista. Había sido detenido en 2016 y condenado en 2018.